Más de 150 municipios aragoneses recibirán ayudas por daños catastróficos sufridos desde 2018

Un total de 152 municipios aragoneses, 87 de la provincia de Huesca y 65 de la de Zaragoza, se beneficiarán de ayudas del Gobierno para paliar los daños de carácter catastrófico sufridos entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2019.

La decisión la adoptado el Consejo de Ministros mediante un real decreto que permitirá aplicar estas ayudas a los daños causados por temporales que no estaban cubiertos inicialmente en el Real Decreto Ley 2/2019, informa el Gobierno en un comunicado.

El Real Decreto Ley 2/2019 establece un régimen de ayudas por los daños causados por los temporales de lluvias torrenciales, nieve, granizo y viento, inundaciones, desbordamientos de ríos y torrentes, pedrisco, fenómenos costeros y tornados, así como incendios forestales u otros hechos catastróficos.

Tras constatar que entre enero del año pasado y marzo del actual se habían producido daños no cubiertos por este texto legal, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública instó al Gobierno a aprobar un nuevo real decreto que permitirá aplicar estas medidas a sucesos de características similares.

Después de analizar toda la información recibida desde distintos puntos del país de acontecimientos catastróficos que requirieron la activación de planes de emergencia autonómicos y la incorporación de medios estatales, el acuerdo aprobado este jueves asimila otros hechos que fueron catalogados como catastróficos.

Así, se han identificado, a través de las delegaciones de gobierno, un total de 249 municipios en distintas comunidades autónomas que sufrieron este tipo de episodios, mayoritariamente en Aragón.

Además de los 87 municipios de Huesca y 65 de Zaragoza que podrán acogerse a estas ayudas, se han incluido otros 28 de Asturias, 48 de Cantabria, 19 de la Comunidad Valenciana, así como los municipios de Rianxo (La Coruña) y Los Alcázares (Región de Murcia).

El Real Decreto Ley 2/2019 faculta al Ministerio de Política Territorial a la concesión y seguimiento de hasta el 50 por ciento del coste de los proyectos directamente relacionados con los siniestros, ejecutados por ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares y comunidades autónomas.

Se excluyen en el texto legal los trabajos llevados a cabo con medios propios de las entidades locales, tanto de materiales como de maquinaria o personal.

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