aragón
27 bares de Zaragoza y Teruel han sido condenados por piratear partidos de fútbol
Las penas impuestas en sentencia firme son de cuatro meses de prisión y multas de diversa cuantía, además de indemnizar a La Liga con entre 400 y 900 euros.
Una veintena de bares de la provincia de Zaragoza y otros siete de Teruel y Alcañiz ya han sido condenados en sentencia firme a penas de cuatro meses de prisión y multas de diversa cuantía, como autores de delitos contra la propiedad intelectual por realizar una retransmisión ilegal de partidos de fútbol. De igual modo, estos establecimientos, según han explicado desde La Liga, han tenido que indemnizar los perjuicios que les han causado con cantidades que varían entre los 400 y 900 euros. En Huesca, por el momento, la denuncia continúa en los tribunales.
La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional llevó a cabo a finales del año pasado, tras una denuncia interpuesta por La Liga, una macro operación policial frente a distintos establecimientos públicos que emitían sin licencia los partidos. Fruto de esta operación ‘Themis’ se incoaron procedimientos penales contra 23 establecimientos de la provincia de Zaragoza, de los cuales 20 han sido condenados, y otros 12 de las localidades de Teruel y Alcañiz, de los que 7 también han sido ya sancionados.
Mientras, en la provincia de Huesca un total de 24 bares, a los que la Liga denunció el pasado abril, se podrían enfrentar a delitos de piratería, que están castigados con penas de hasta cuatro años de cárcel, después de que la Audiencia Provincial, como ya adelantó este periódico, haya estimado un recurso interpuesto por La Liga Nacional de Fútbol Profesional contra una auto del Juzgado de Boltaña que acordó incoar juicio únicamente sobre delitos leves (faltas). El tribunal ha dejado ahora sin efecto este pronunciamiento y, en su lugar, ha ordenado que los hechos se investiguen por el procedimiento de diligencias previas debido a la gravedad de los delitos que podrían derivarse.
El operativo llevado a cabo por la Policía en diciembre del año pasado se desarrolló en más de 2.000 establecimientos públicos, con más de 800 decodificadores ilegales requisados en ese momento. Los delitos que se atribuyen presuntamente a sus responsables, que se encuentran tipificados en los artículos 270.1 y 286.4 del Código Penal, llevan implícitas penas de hasta cuatro años de prisión, similares a las de Huesca.
