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Aragón debe recibir aún 238 millones de euros de ingresos no financieros, un 0,6% del PIB

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, achaca a "factores externos" las dificultades para cumplir el objetivo de déficit de este año

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Mamen Susín y Carlos Pérez Anadón, ayer.
Gervasio Sánchez | Cortes de Aragón

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, cifró ayer en 238 millones de euros los ingresos no financieros pendientes, un 0,6% del producto interior bruto (PIB) que dificulta que la Comunidad pueda ajustarse al cumplimiento del objetivo de déficit fijado en un 0,1% para este año. La reforma de Sucesiones y las cantidades adeudadas por el Estado por IVA figuran entre los "factores externos" que limitan las cuentas.

En los 238 millones no están incluidos los 162,5 millones de las entregas a cuenta que el Estado empezará a pagar en unos días. Hacen referencia, entre otras partidas, al pago de 80 millones de euros correspondientes a la modificación de un mes de IVA de 2017, y a otros 80 millones que se derivan de haber mantenido el objetivo de déficit para 2019 en un 0,3% frente al 0,1% que el Gobierno central logró que aceptase Europa y la oposición rechazó en el Senado.

También se ha registrado un agujero en el capítulo de ingresos por la modificación del Impuesto de Sucesiones, que ha hecho que se recauden 37 millones menos, y la reducción del tributo por Actos Jurídicos Documentados, ahora que se hacen cargo de él los bancos. A esta cantidad hay que añadir, además, el sobrecoste en gastos de personal (capítulo 1) en un presupuesto prorrogado, que se ha visto obligada a asumir la DGA por la subida de sueldo a los funcionarios, y que representa un punto y medio más de déficit.

Las previsiones de cumplimiento del déficit y de la regla de gasto, como apuntaba la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), no son halagüeñas, y hasta lo reconoce el propio Pérez Anadón. El incumplimiento obligará a la DGA a volver a presentar a Hacienda un Plan Económico Financiero (PEF) en 2020, en el que se deberán especificar medidas para ajustarse al objetivo fijado. Solo se revertiría la situación si llegan ingresos extra, como el pago extrajudiciales del caso Plaza, se computan fondos europeos o el Estado abonara los 160 millones que corresponden al IVA pendiente y a la rebaja de dos décimas en el déficit previsto.

A pesar de las dificultades financieras, el consejero ratificó la apuesta de la DGA por los servicios públicos, y aseguró que no permitirá que el cumplimiento del déficit repercuta en la prestación de servicios. Según indicó en la Comisión de Hacienda de las Cortes, en la financiación autonómica hay que solucionar un problema de método para impedir que las entregas a cuenta y las transferencias por IVA estén ligadas a los presupuestos del Estado.

Desde la oposición, la portavoz del PP, Mamen Susín, reprochó a Pérez Anadón que eche la culpa a "otros" del desvío en las cuentas, mientras José Luis Saz (Cs) insistió en la necesidad de mejorar el sistema de financiación autonómica, que calificó como "realmente malo". David Arranz (Vox) vaticinó recortes en 2020, e IU se sumó al cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos-Equo y CHA) para pedir que los objetivos de déficit no condicionen la prestación de servicios. 

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