Impuestos
La DGA devuelve cerca de 2.000 euros de ICA a una urbanización que lo impugnó
Los vecinos llegaron a recibir cargos de más de 900 euros por el agua de riego
El Gobierno de Aragón devolverá cerca de 2.000 euros de ICA a una de las comunidades de vecinos de Zaragoza que impugnó hasta siete facturas de 2016 y 2017 tras recibir cargos de más de 900 euros, una decisión que, según la Asociación Provincial Empresarial de Propietarios y Comunidades de Propietarios de Zaragoza (Coprofi), "crea precedente" y podría extenderse a otras fincas afectadas.
La comunidad en cuestión, situada en el número 33 de Vía Ibérica, denunció hace un año cargos "abusivos" por los consumos de agua destinados al riego de plantas y jardines. Sus vecinos alegaron que este agua "no contamina", ya que "va al subsuelo y no al vertido", máxime cuando "está limpia" y ha sido tratada y suministrada por el Ayuntamiento, que "nunca cobra el vertido o saneamiento en aquellas pólizas destinadas al agua de riego".
El Instituto Aragonés del Agua (IAA) ha reconocido el derecho a la devolución de 2.596 euros y ha procedido a anular estas siete liquidaciones, que van del primer trimestre de 2016 al segundo de 2017. En su lugar, ha practicado otras siete "sustitutivas" por valor de 1.099 en las que se aplica una bonificación de entre el 60% y el 70% correspondiente a los usos domésticos que vierten sus aguas a la red de alcantarillado. Como resultado, ha ingresado a la comunidad 1.496,37 euros "junto con los intereses de demora correspondientes", acercándose la cuantía final a los 2.000.
En su escrito, Coprofi se refería al artículo 81 de la Ley de Aguas y Ríos, que dice que el hecho imponible "es la producción de aguas residuales que se manifiesta a través del consumo de agua, real o estimada, cualquiera que sea su procedencia y uso, o del propio vertido de las mismas". El secretario general de la Asociación, Andrés Martínez, cree que cobrar este impuesto "no tenía ningún sentido", ya que el agua que estas 23 familias utilizaban para el riego salía limpia e iba directamente al subsuelo. Esta regla, en todo caso, podría no poder aplicarse a todas las comunidades. "Las hay que no tienen separados sus contadores, y es ahí donde radica el problema", razonó. Con las que sí los tienen "no hay duda", ya que se ve claramente qué cantidad se destina al riego y cuál al consumo de boca.
Esto ocurre, por ejemplo, en todas comunidades de reciente construcción. Martínez advierte de que la asociación impugnará el nuevo ICA si no recoge este aspecto, una cuestión que todavía no ha aclarado el Gobierno de Aragón, que a principios de mes retomó el cobro en Zaragoza y firmó la orden de inicio de la reforma, uno de los compromisos adquiridos por el cuatripartito en su acuerdo de gobernabilidad.
El caso de Vía Ibérica 33, admitió el secretario general de Coprofi, es "una victoria a medias", ya que la comunidad seguirá pagando el ICA, aunque con una bonificación del 60%. "Por el momento se aplica una tarifa reducida, pero voy a pelear para que no se cobre nada", aseveró.
Sin apenas opciones de cambio
El Ejecutivo autonómico, por su parte, recuerda que la utilización del agua de riego para jardines privados "no está contemplada entre las exenciones de la Ley 10/2014 de Aguas y Ríos de Aragón", en la que sí figura el uso del agua que hagan las entidades públicas para alimentar fuentes públicas, regar parques y jardines, limpiar calles y extinguir incendios. Dicha normativa también contempla como excepción el regadío agrícola siempre que no se demuestre que produce contaminación "en las aguas subterráneas o superficiales".
Fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente reiteran que la aplicación del ICA a los caudales de riego "respeta los principios de ahorro y uso racional del agua". En lo que respecta a la revisión de este concepto, inciden en que queda pendiente de las aportaciones que se reciban a lo largo de la tramitación de la reforma y de la decisión que adopten las Cortes de Aragón, donde se aprobará definitivamente la modificación.
Adelantan, no obstante, que el uso racional de un recurso tan escaso y fundamental como el agua "no parece casar bien con la ampliación de exenciones que darían lugar a un mayor consumo".
