Cuatro familias aragonesas de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos están "de acuerdo" con la salida de los restos de Franco, pero reclaman que esa no es su batalla y no quieren que los utilicen mediáticamente. Estos familiares de los muertos aragoneses de la Guerra Civil que se llevaron de los cementerios sin su permiso, opinan que son dos batallas diferentes, pero la suya está arrollada por la de la exhumación del dictador, que el Gobierno ha decidido realizarlo hoy a las 10.30.

"Queremos que nos devuelvan nuestras víctimas que se llevaron sin permiso del cementerio de Calatayud en 1959. Tenemos la única sentencia de un juzgado que nos dio la razón en 2016 y aún no se ha cumplido", ha declarado Pura Lapeña Garrido, nieta del veterinario Antonio Lapeña y sobrina nieta del herrero Antonio Lapeña. "No queremos servir de propaganda del Gobierno y no volveré al Valle de los Caídos hasta que nos entreguen a nuestros familiares". 

El Gobierno les prometió el pasado verano que iban a agilizar la exhumación de los cadáveres, y la dirección de Patrimonio Nacional trasladó a un técnico al domicilio de la familia Lapeña en Zaragoza para realizar una prueba de ADN al padre de Pura Leña, que es hijo y sobrino de los enterrados, con el fin de reconocer los restos de los fallecidos enterrados. 

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El telegrama que guardan sobre el traslado desde el cementerio de Calatayud incluye que se llevaron 9 u 11 cajas con fallecidos. En los documentos de Patrimonio Nacional se incluye que se llevaron 81 restos, que correspondan a otros tantos fallecidos (9 por cada caja). Después de la exhumación tienen que abrirlos para realizar la identificación de los enterrados.  "Todavía tienen que entregarnos otro informe del Instituto Torrija para que se acredite que se podrá abrir la zona donde están enterrados por enésima vez", lamenta Pura Lapeña. "Parece que Patrimonio no hace más que poner problemas para cumplir una sentencia". 

Aun así, la familia de los enterrados en el Valle de los Caídos tiene claro que el futuro de este monumento debería ser que se sacaran todos los restos y que se convierta en un Centro de Memoria Histórica para que cuente la historia real. "Está muy deteriorado por la humedad y las familias tenemos el derecho de recuperarlos para llevarlos a los cementerios. Mi padre tiene 95 años y ya no lo verá, o no enterará a su edad", ha criticado Pura Lapeña.

 Además, considera que este lugar convertido en una abadía y un cementerio debería "desacralizarse" porque es "una anomalía" en lo que se ha convertido, sin que los Gobiernos hayan hecho nada por desmontarlo. Su abuelo (Manuel Lapena, de 39 años) y el hermano suyo (Antonio Ramiro Lapeña, de 44) no se habían enrolado en ningún bando en la Guerra Civil cuando fueron a detenerlos en Villarroya de la Sierra y los fusilaron después de tenerlos presos varios días en un barranco y en el cementerio de Calatayud, respectivamente. 

"Parece que somos víctimas de segunda para que no nos hagan caso. Venganza es humillar. Hay otras víctimas como los militares del Yak que han tenido un reconocimiento y hasta un monumento en Zaragoza", ha comentado Pura Lapeña. 

Como los hermanos Lapeña hay otras tres familias de Aragón involucradas, junto a otra de Valladolid, una de Asturias, una de Madrid y dos de Cataluña (una es de un fallecido del bando nacional), en la batalla de la recuperación de los cadáveres. "A los nuestros se los llevaron el 3 de abril de 1959. Creo que hay mucha gente que no sabe que sus familiares están aquí y por eso, como somos pocos, no nos hacen más caso", ha concluido.                      

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