«Hay que garantizar los derechos en los delitos informáticos»

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel, Jorge Cañadas, defendió ayer en el I Congreso de Cibercrimen y Seguridad Informática que «hay que garantizar los derechos humanos en la investigación de los delitos informáticos, tal  como reclama el Tribunal Constitucional». El juez aragonés consideró que los datos de estas investigaciones sobre los delitos informáticos deben facilitarse al abogado defensor para que pueda montar su actuación.

Cañadas, que dedicó su conferencia a los aspectos controvertidos del proceso penal en materia de ciberdelincuencia, destacó que la intervención de las grabaciones de los sospechosos que pueden incluir partes personales «no debe afectar a la intimidad» de los particulares y los jueces deben protegerla.

Asimismo, el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Teruel reconoció que cuando dirige una investigación que lleva la Guardia Civil o la Policía relacionada con este tipo de delitos informáticos «hay que ser muy respetuoso con la defensa». Por eso, el juez destacó que el «secreto de las actuaciones» no puede alargarse de manera innecesaria en un asunto de ciberdelincuencia porque la actuación en este sector tiene que llegar a ser «mucho más quirúrgica».

Posteriormente, se celebró una mesa redonda en la que participaron Eduardo Casas Herrer, subinspector de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional y autor del libro ‘La red oscura’; Ángel Pablo-Avilés de la Rosa, excomponente del Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO de la Guardia Civil; y el abogado Pablo Fernández Burgueño, director de Smart Human Capital.

Por su parte, el vicedecano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Alfredo Sánchez-Rubio, resaltó ayer que este congreso responde a una «preocupación de la Junta de Gobierno del Colegio por la formación continua a los abogados en materia tecnológica, tanto en sus aspectos aplicables al día a día de los despachos, como en los asuntos de fondo, en los que asesoramos y litigamos».

El I Congreso de Cibercrimen, que tuvo una buena asistencia, fue dirigido por Juan Antonio Frago, que es fiscal especializado en delitos económicos, y la letrada Verónica Suárez García. Aunque las estafas son los casos más habituales en estos delitos, Frago aseguró que la ciberdelincuencia puede atacar a la intimidad (robo de ficheros, ‘sexting’...), la indemnidad sexual (‘grooming’), el patrimonio, el mercado y los consumidores, y también se fomenta el terrorismo por las redes.