El Gobierno de Aragón supera los 56.000 trabajadores y dispara el índice de temporalidad al 48%

Más trabajadores, pero también más precariedad. Estos dos parámetros reflejan la evolución del personal del Gobierno de Aragón en los seis últimos meses, en los que la plantilla ha superado los 56.000 empleados, de los que poco más del 52% tienen contrato fijo. Función Pública tiene previsto convocar en el primer trimestre de 2020 todos los procesos de estabilización de empleo pendientes para revertir la situación, y en 2021 el resto de las plazas. Desde el Gobierno aragonés aseguran que se trata de una situación "temporal" y resaltan que se trabaja con el objetivo de que en 18 meses la temporalidad se reduzca a un 8%. No será fácil, teniendo en cuenta que en los siete últimos años el porcentaje de contratos temporales ha pasado del 34% al 48%, quince puntos más, y en el caso de las mujeres, que asumen el 75% del empleo, ronda ya el 50%.

Los sindicatos denuncian el aumento de la interinidad, y alertan de que las jubilaciones previstas en los próximos años harán que la situación se resienta aún más. El repunte de la temporalidad se deriva de la negativa a cubrir la tasa de reposición en las Ofertas de Empleo Público, y a que la mayoría de las plazas creadas no se han convocado aún. El mayor aumento se registró en la legislatura anterior, en la que se pasó de una temporalidad del 39,93% en junio de 2015 al 47,88% de 2019.

La temporalidad no afecta de igual manera a las distintas áreas de la Administración. El secretario general de la sección sindical de CC. OO. en la DGA, Francisco José González, explica que el personal de limpieza y los auxiliares de enfermería en residencias figuran entre los colectivos donde más incidencia tiene. "Hay institutos en los que todos los limpiadores son temporales, y en algunas oficinas de empleo se encuentran ya más auxiliares administrativos temporales que fijos", detalla. En Educación y Sanidad están haciendo los deberes, y convocan de forma más ágil sus procesos selectivos. Un caso aparte se da, sobre todo, en secundaria, donde la plantilla fluctúa en función de la demanda de las especialidades que se ofertan en los institutos.

El aumento de quince puntos en la temporalidad en siete años refleja una política de Personal "nefasta". Además, teniendo en cuenta que la edad media de la plantilla es de 47,5 años, González considera que en una década seguiremos igual. De las 300 jubilaciones al año que se registran ahora, se pasará a partir de 2020 a 500 o 600, calcula, de manera que la Administración "no tendrá gente para poder gestionarlo".

También Pablo Asín, presidente de CSIF, hace hincapié en el efecto que han tenido y tendrán las jubilaciones. Con el futuro incierto de las pensiones y "como hay pocas posibilidades de promoción profesional", cuando un trabajador se puede jubilar a los 63 años, lo aprovecha. Defiende, además, el trabajo que realizan los interinos, "grandes profesionales" que llevan años desempeñando un empleo y "sin posibilidades de nada". Los "avisos de recesión económica" pueden complicar aún más las cosas, alerta.

La temporalidad se deriva, también, de que las plazas de empleo creadas no se han convocado aún. Alicia Hernández, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Aragón, asegura que el retraso afecta a plazas "de todo tipo y categoría profesional": administrativos, personal de carreteras, limpiadores, técnicos, arquitectos, ingenieros... "Llevamos sin Oferta Pública de Empleo desde 2011, con tasas de reposición congeladas, y ahora que tenemos la opción estamos mareando la perdiz", lamenta. Hernández muestra su preocupación por que los procesos selectivos no se desarrollen en 2020 y caduquen.

Los sindicatos esperan que la experiencia del nuevo director general de Función Pública, Esteban del Ruste, ayude a cambiar de rumbo. De momento, han fijado una reunión a finales de mes para acercar posturas y trazar estrategias. También les preocupa la situación de las arcas autonómicas, que hace peligrar el pago de fondos adicionales correspondientes a 2019 y a 2020, por un importe global que podría rondar los 8 millones. Y la subida de salarios del 2,25% (que podría llegar al 3% en función del PIB y de los objetivos de estabilidad) del próximo año, que depende de unos Presupuestos Generales del Estado que empezarán el año prorrogados.

Incluyen entre sus prioridades el plan de igualdad, que buscará garantizar las mismas condiciones a hombres y mujeres en la Administración. Por ahora, ellas ocupan el 75% de los empleos de la DGA, pero solo el 28% de los altos cargos y el 41% de los puestos eventuales de confianza. De ahí sus salarios:_el 56% cobra menos de 30.000 euros al año.