Los partidos urgen al Gobierno de España a activar un convenio “específico” contra los efectos del cierre de la térmica

Los grupos de las Cortes urgieron ayer al Ejecutivo de Pedro Sánchez a activar "un convenio específico con Aragón" que contrarreste las graves consecuencias socioeconómicos que tendrá el cierre de la central térmica de Andorra para el territorio.

Mientras que el PSOE se remitió a las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Javier Lambán, y la secretaria general del PSOE-Teruel, Mayte Pérez, la portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, exigió "explicaciones concretas" tanto a Sánchez como a Lambán acerca del contenido, el presupuesto y el calendario del convenio de transición justa anunciado en enero por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. "Es momento de dejarse de promesas y engaños. Lo que se tienen que anunciar son soluciones", dijo.

En su opinión, empresas como Endesa "han encontrado en Sánchez un colaborador necesario para impulsar el cierre", que a juicio del PP tendría que hacerse "de una forma más pausada y no improvisada". Para el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, lo importante es "arreglar el problema entre todos y no buscar rédito electoral". "Pero que Sánchez diga una cosa y la contraria en menos de 24 horas me cuadra. Ya vemos cómo lo está haciendo con las pensiones", aseveró. 

A su entender, sería "una pena" que hubiese que esperar hasta el 11 de noviembre para conocer el futuro de la central térmica. "Sánchez tiene que hablar claro. No se puede jugar a ceremonias de la confusión", manifestó.

Podemos resaltó que durante años "no se ha actuado con responsabilidad" y reclamó inversiones por parte de Endesa "para no dejar a nadie atrás". "El Gobierno de España tampoco ha trazado planes efectivos para una transición energética justa. El tiempo juega en contra y es imprescindible que desde el Ministerio se acometan inversiones concretas. Ya no valen las promesas, queremos hechos", afirmó Nacho Escartín, portavoz de Podemos.

En opinión de Joaquín Palacín, portavoz de CHA, la situación actual responde al "bloqueo político". "Nos hemos plegado a las decisiones de la empresa privada. Se ha sido incapaz de aprobar una moratoria y se cerrará en junio sin un plan alternativo y sostenible, en condiciones y financieramente dotado", expuso.

Para la diputada de Vox Marta Fernández, que ayer registró una batería de preguntas en las Cortes a este respecto, la venta de una empresa de alto valor estratégico como Endesa es "uno de los factores decisivos en la catástrofe económica que se avecina en Andorra y en su comarca". El partido denunció la "pasividad" y la "falta de compromiso" de los gobiernos de España y de Aragón, que supone, en su opinión, "una humillación para las familias afectadas".

"Los grandes ausentes"

Arturo Aliaga, presidente del PAR, cree necesario que antes de que se autorice el cierre "se tenga claro" tanto el plan de acompañamiento de Endesa como el convenio de transición justa del Gobierno de España. También se ha de trabajar, añadió el vicepresidente del Gobierno y consejero de Industria, con el dictamen aprobado en las Cortes por unanimidad la pasada legislatura.

Para el portavoz de IU, Álvaro Sanz, los trabajadores de Endesa y las subcontratas "siguen siendo los grandes ausentes en cada uno de los pasos que se han dado de cara al desmantelamiento de la central". "¿Dónde está ese plan de acompañamiento que debería estar ya firmado? El Gobierno tiene que plantarse ya, exigir a Endesa y cumplir. Es hora de trabajar decididamente y mirando a la cara a la gente que lo está pasando mal en el territorio", aseveró.