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Aragón

El Ministerio anuncia que la central térmica de Andorra tendrá que cerrar el 1 de enero

La planta dejará de estar operativa a principios de año y no el 30 de junio como inicialmente se dijo. Endesa asegura que estará "a lo que diga" el Ejecutivo central y garantiza el futuro de su plantilla.

La central térmica de Andorra, en la que actualmente trabajan dos grupos.
La central térmica de Andorra, en la que actualmente trabajan dos grupos.
Beatriz Severino

La central térmica de Andorra no podrá seguir operando a partir del 1 de enero de 2020. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica confirmaron a este diario que el cese de la actividad, hasta ahora previsto para el 30 de junio, tendrá que adelantarse medio año. Esto ocurre porque Endesa no ha acometido las inversiones exigidas en la Directiva de Emisiones Industriales.

La eléctrica sostiene que, de acuerdo con la normativa comunitaria, "la central no podría operar más allá del 30 de junio de 2020", si bien Endesa "estará a lo que diga el Ministerio". Hasta hace una semana quedaban en la central "unas 800.000 toneladas" de carbón. Actualmente trabajan en ella dos grupos, a excepción de los fines de semana, en los que opera solo uno. La térmica cerró los primeros siete meses de 2019 con su peor dato histórico, pero si se mantuviesen estas condiciones, el carbón se agotaría a finales de año, "entre noviembre y diciembre", según los sindicatos. 

Se trata, en todo caso, de un extremo que se confirmará conforme se acerquen estas fechas, ya que la producción está sujeta a las necesidades de mercado.

Cerrar la central el 1 de enero podría hacer que su desmantelamiento, que ayer superó la tramitación ambiental, también se adelante. La recolocación de los 153 trabajadores de Endesa estaría, en cualquier caso, garantizada y seguiría las pautas marcadas.

Hasta la fecha, confirmaron fuentes de Endesa, se han producido ya una decena de recolocaciones, y está previsto que de cara a noviembre haya unas cinco más. Queda por saber, no obstante, qué ocurrirá con los trabajadores de las subcontratas, de las que dependen decenas de familias de las cuencas mineras. Su formación aparece recogida en el plan de acompañamiento que presentó Endesa en diciembre de 2018. En dicho documento, la eléctrica también se compromete a priorizar su contratación de cara a los trabajos de desmantelamiento. Sin embargo, los afectados denuncian la "falta de garantías" y exigen un plan que verdaderamente tenga en cuenta su situación.

Falta por aclarar, por otra parte, qué ocurrirá con los alrededor de mil megavatios de energía fotovoltaica que sustituirán la potencia térmica de la central. Endesa se comprometió a través de su plan de acompañamiento a invertir 800 millones de euros para desarrollar el proyecto. Sin embargo, el Gobierno de Aragón alegó al decreto de transición justa del Gobierno central para que la eléctrica "no tuviese prioridad", una reclamación que pretendía dar opciones a "empresas aragonesas interesadas" y que todavía está por resolver.

Las obras de desmantelamiento durarán alrededor de 36 meses. De acuerdo con el informe de impacto ambiental publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las tareas no tendrán "efectos adversos significativos sobre el medio ambiente".

La eléctrica confirma la demolición de "todas las instalaciones ubicadas en el interior del recinto", reclamadas por el Ayuntamiento de Andorra para usos posteriores relacionados con el ocio, la cultura y el turismo. Adelanta, a este respecto, que tanto la chimenea como las tres torres de refrigeración serán demolidas "por voladura".

Sin efectos sobre flora y fauna

El Ejecutivo central no entra a valorar los aspectos económicos y sociales derivados del cierre de la central térmica como reivindicaba la DGA, ya que, como recuerda, el informe publicado en el Boletín Oficial del Estado se pronuncia únicamente "desde el punto de vista ambiental" y no valora "los posibles perjuicios que el proyecto pueda ocasionar a personas físicas y jurídicas".

El Ministerio no prevé impactos negativos sobre la flora, ya que los trabajos "se llevarán a cabo en el interior de la central" y no afectarán a especies naturales protegidas. Tampoco los habrá sobre la fauna, dado que las obras se ubicarán "en un espacio totalmente industrial y antropizado al que ya están acostumbradas las especies del entorno". En lo que respecta a las masas de agua, no se contemplan modificaciones hidromórficas "en ninguna masa de agua" ni alteraciones en los niveles de masas subterráneas que puedan suponer un deterioro de su estado o potencial.

En este sentido, se dice que "no se realizará vertido alguno directo ni indirecto al cauce que pueda deteriorar la calidad de las aguas". Se descartan, por otra parte, daños al patrimonio arqueológico, ya que la zona fue acondicionada en el momento en que se construyó la central, aunque se insta a realizar prospecciones previas y a comunicar cualquier hallazgo.

Los principales impactos del proyecto, que abarcará una extensión de 469,9 hectáreas, estarán asociados "a la generación de residuos y a las emisiones de polvo y ruidos". Se asegura, a este respecto, que "una vez termine el desescombro y la retirada de residuos" y que se restituya el terreno el impacto podrá considerarse "positivo en cuanto al relieve y el paisaje", ya que desaparecerán las estructuras industriales actuales.

250.000 toneladas de residuos

Endesa, según consta en el informe, no aclara a qué se destinarán los terrenos una vez ejecutado el proyecto, aunque confirma que "todo el carbón existente será consumido en la propia central". Tampoco desvela qué aspecto ofrecerá el entorno una vez que termine el desmantelamiento, ya que "dependerá del uso final que se le vaya a dar a los terrenos".

Los trabajos generarán más de 250.000 toneladas de residuos, la mayor parte de cemento, y se dividirán en siete zonas: turbinas, calderas, plantas desulfuración de gases, estructuras esbeltas, parque de carbones, edificios y estructuras varias y elementos singulares.

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