El Gobierno de Aragón ha iniciado este martes el cobro del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) de 2018 en Zaragoza, desoyendo las exigencias de Podemos, su socio en el cuatripartito, que reclamaba una moratoria. La formación morada ha mantenido en los últimos días conversaciones con representantes del Instituto Aragonés del Agua (IAA) –dirigido ahora por la ex número dos de Hacienda, Dolores Fornals– para plantear una una moratoria y hacer que el cobro se retrase hasta que se cierre la reforma, pero el Ejecutivo no ha dado marcha atrás.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica cuatro anuncios, uno por cada zona de Zaragoza, en los que aparecen el periodo voluntario de pago, que finalmente irá del 18 de octubre al 20 de diciembre, ambos incluidos, y el resto de condiciones del cobro. En el caso de la zona 1 se factura la anualidad de 2018 y en la zona 2, los meses comprendidos entre noviembre de 2017 y octubre de 2018. Para la zona 3, el recibo abarca desde diciembre de 2017 a noviembre de 2018 y para la cuatro, los consumidores a los que se les factura mes a mes, el segundo trimestre de 2018.

El Ejecutivo recuerda que, finalizado el periodo voluntario de pago, las deudas exigidas "serán exigidas por el procedimiento de apremio" con recargos de hasta el 20% y que contra este anuncio caben recursos de reposición o reclamaciones económico-administrativas.

Podemos-Aragón se había dirigido dirigido al Gobierno para "explorar alternativas dentro de la legalidad vigente para que el cobro de 2018 se ajuste al nuevo modelo". La formación creía que hay margen para retrasarlo, un argumento que contradecía la ‘versión oficial’ del Ejecutivo, que insistía en que se debe aplicar por ley y en que no girar el ICA era "prevaricar".

Los de Nacho Escartín creen que hay una situación "que se ha demostrado injusta" y que la unanimidad que suscitó en las Cortes el dictamen del ICA al término de la pasada legislatura evidencia la necesidad de "un cambio de modelo". También recuerdan que la reforma de este impuesto y su sustitución por otro que evite una fiscalidad "desigual" en relación al resto de comunidades autónomas aparece en el punto 74 del acuerdo de gobernabilidad firmado en agosto por PSOE, Podemos, CHA y PAR. "Hay que ser coherentes con ese cambio de modelo", apuntaron desde el partido.

El propio Escartín aseguró el viernes, momento en que Podemos-Zaragoza difundió un comunicado en el que exigía una moratoria y calificaba el impuesto de "injusto", que esta decisión ni facilitaba ni favorecía el diálogo.

Podemos reconoce que retrasar el cobro "es complejo política y técnicamente", ya que habría que estudiar, por ejemplo, a qué otros municipios podría afectar el retraso del cobro. Insiste, en todo caso, en que existen alternativas.

Según la formación, la respuesta del Gobierno no había sido, hasta la fecha, "ni un sí ni un no". "Se han comprometido a estudiarlo", apuntaron antes de conocer el giro del recibo. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario descartaron ya ayer que el cobro del ICA fuera a suspenderse en Zaragoza.

Esta no es la primera vez que Gobierno y Podemos chocan por el cobro del ICA. Ocurrió hace ya un año, en plenas negociaciones para su reforma. En ese momento, el giro del recibo de 2017, que terminó con más de 100.000 impagos, dinamitó el acuerdo. Esta vez, no obstante, es diferente, ya que Podemos forma parte del Ejecutivo y existe un compromiso expreso con la reforma.

Reunión con la RAPA

El partido se alinea así con la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), colectivo que ha exigido una moratoria y del que forma parte. Sus integrantes se reunieron ayer con los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza en la sede del grupo municipal. Allí les trasladaron su malestar por el cobro del recibo y su intención de retomar las movilizaciones tras las Fiestas del Pilar, unas protestas que, según reiteraron, se intensificarán de cara a la campaña electoral del 10-N.

La formación aseguró que la oposición frontal al ICA es "asumida y totalmente compartida por Podemos-Equo", así como que en el próximo pleno del Ayuntamiento defenderá una moción con la que instará al equipo de Gobierno PP-Ciudadanos a exigir una moratoria al Ejecutivo de Javier Lambán.