inmigración
El Gobierno de Aragón destina 600.000€ en dos meses para la gestión de ocho centros de menores extranjeros
El objetivo de la convocatoria es elaborar contratos estables con las entidades sin ánimo de lucro que gestionan los servicios de alojamiento, manutención y educación de estos menores no acompañados y que en su momento se establecieron mediante fórmulas provisionales de urgencia.
El Gobierno de Aragón ha publicado una orden en el BOA para formalizar los contratos con entidades sin ánimo de lucro que se encargan de la gestión de ocho centros en los que se atiende a 121 menores extranjeros no acompañados (menas). La convocatoria contempla una cuantía máxima de 617.495 euros por dos meses (noviembre y diciembre), por lo que estas ONG contarán con unos 300.000 euros mensuales para los costes derivados del alojamiento y la manutención de los menores, así como de su educación.
Según explican fuentes del Ejecutivo autonómico, la orden publicada esta semana no supondrá la creación de ocho centros nuevos, sino que servirá para consolidar los ya existentes. El objetivo es, por tanto, elaborar contratos estables con las entidades gestoras, que en su momento se establecieron mediante fórmulas provisionales de urgencia ante la creciente llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad.
El Gobierno de Aragón expone en la convocatoria la compleja situación derivada de estas llegadas masivas, no solo en la Comunidad aragonesa, sino en el conjunto de España, y la imposibilidad de gestionarlas exclusivamente a través de los medios de los que dispone el Instituto Aragonés de la Servicios Sociales (IASS).
A mediados del año pasado se constató que los recursos destinados a estos fines eran insuficientes, pues "todos los recursos de protección a la Infancia estaban ocupados sin plazas para poder atender al número de menores con necesidad de protección", lo que derivaba en "situaciones de hacinamiento" que impedían garantizar las "condiciones básicas" e imposibilitaban "los proyectos educativos de atención en los centros de autonomía y de plazas puente de transición a la vida independiente".
Ante esta situación, el Ejecutivo aragonés se vio en "la obligación de actuar habilitando plazas tanto de atención inmediata como de procesos de autonomía con aquellas entidades que pudiesen tener posibilidades de atender a menores en estas circunstancias, por disponer de personal y espacios adecuados".
Tras llevar a cabo un seguimiento de la atención prestada por estas entidades, "se ha constatado la necesidad de mantener dichos recursos", por lo que se convocan estos conciertos sociales, con el fin de "normalizar" la prestación de estos servicios puestos en marcha con anterioridad de manera provisional y urgente.
El importe del concierto social asciende a un máximo de 617.495 euros y su duración será del 1 de noviembre de 2019 al 31 diciembre de 2019. No obstante, será susceptible de formalizar "sucesivas prórrogas por años naturales en función de las necesidades que existan en cada momento hasta completar un periodo de vigencia total del concierto de dos años".
Centros en Zaragoza, Huesca y Teruel
Tal y como se recoge en el BOA, las unidades concertadas estarán repartidas por diferentes puntos de la Comunidad y atenderán a diferentes propósitos. Dos de los ocho centros prestarán un servicio de atención inmediata (uno en la provincia de Zaragoza y otro en la de Huesca, con capacidad para 24 menores cada uno), mientras que cuatro se dedicarán a servicios de alojamiento para para la autonomía personal (uno en Zaragoza capital, con 14 plazas, otro en barrios rurales de Zaragoza, con 15, otro en Zaragoza provincia, con 14, y otro en Teruel, también con 14 plazas).
Asimismo, se oferta un concierto para servicios de atención para menores extranjeros no acompañados con trastornos de conducta (con capacidad para 16) y otro para el servicio de intermediación para la documentación de los menores.
Características de las viviendas
En cuanto a las características de las viviendas, el Gobierno de Aragón establece la necesidad de que estas sean unifamiliares y se ubiquen en "emplazamientos tranquilos, con entornos amplios y con disponibilidad de espacios al aire libre". Además, deberán contar con al menos dos baños, así como habitaciones individuales o dobles completamente equipadas, cocina, sistema de climatización y aire acondicionado, y "un salón comedor común para el descanso y la realización de actividades diversas, con equipamiento informático de acceso a los menores".
Las residencias tendrán que ofrecer, además, diferentes servicios: comidas (pensión alimenticia completa, con desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena), limpieza, lavandería y mantenimiento.
Estos alojamientos también deberán contar con una habitación a modo de despacho para los educadores, que llevarán a cabo un "Proyecto de Gestión educativa en el marco del Proyecto Educativo y Normas de Funcionamiento Interno y elaboración de los Planes Educativos Individuales de los menores (P.E.I.)", así como desarrollar y ejecutar los programas de atención socioeducativa de los menores atendidos.
