La DGA sigue sin indemnizar a los médicos que jubiló de manera forzosa hace seis años

El Gobierno de Aragón continúa sin indemnizar a los médicos que jubiló de manera forzosa, algunos hace más de seis años. En verano de 2018, el Tribunal Supremo declaró nulas las bajas de estos facultativos y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón está resolviendo los recursos interpuestos por este asunto en esta misma línea.

El mayor volumen de jubilaciones forzosas se produjo durante el Gobierno del PP. Entonces, se negó a cualquier facultativo el poder continuar en el servicio activo más allá de los 65 años. De hecho, el 31 de julio de hace seis años, más de 150 especialistas dejaron de trabajar de golpe en el Salud al ser jubilados de manera forzosa.

Pese a las críticas de numerosos afectados, la baja forzosa a los 65 años continuó hasta que la pasada legislatura, el Gobierno PSOE-CHA abrió la puerta a que los médicos pudieran prorrogar su actividad laboral pasados los 65 años. Primero, lo autorizó hasta los 67 en algunas de las especialidades con más déficit de profesionales y, poco a poco, lo fue extendiendo a más servicios. Desde abril de este año, permite que todos los médicos puedan retrasar su jubilación hasta los 70, edad máxima que marca el Estatuto del Personal del Salud que pueden prolongar su vida laboral. Sanidad ha tramitado en cuatro años más de 120 solicitudes de facultativos para seguir en activo.

Las sentencias obligan al Gobierno de Aragón a resarcir económicamente a los médicos retirados de manera forzosa o bien, en algunos casos, a reincorporarlos en su puesto de trabajo si no han cumplido los 70 años. Una situación que, según algunas fuentes consultadas, podría aliviar la falta de facultativos que sufren algunas especialidades. Sin embargo, otras fuentes reconocen que esto podría generar ciertos problemas en el funcionamiento interno de algunos servicios del Servicio Aragonés de Salud.

Tras las primeras sentencias, Sanidad ya hizo una primera valoración del coste económico que supondría este varapalo judicial. Lo estimó en más de 30 millones de euros. No obstante, la cuantía puede ser mayor ya que hay que tener en cuenta los intereses que se están generando.

La secretaria general del sindicato médico Cesm Aragón, Mercedes Ortín, lamentó la demora que acumula el pago de estas indemnizaciones, sobre todo, una vez que el Gobierno de Aragón ya tiene calculado el coste de las mismas. Recordó que cada día que pasa, esta cuantía va incrementándose por los intereses, algo que "pagamos todos los ciudadanos", criticó.

Reincorporarse a su puesto

Desde la Plataforma de Médicos Indignados también denuncian la demora en el pago de las indemnizaciones después de que hayan pasado más de seis años de las primeras jubilaciones y más de uno, de las primeras sentencias que declaran nulos estos ceses de actividad. Lamentaron, de hecho, que al menos siete facultativos hayan ya fallecido sin que el Gobierno de Aragón les haya compensado. "En aras de buena voluntad y de que se resuelva el problema, la Plataforma de Médicos Indignados vamos a esperar hasta final de año. Si no se soluciona, pediremos la ejecución de las sentencias", explicó el portavoz de este colectivo, Celso Mostacero. Este trámite legal implica que se fijen unos plazos.

Mostacero volvió a censurar duramente la decisión del Gobierno del PP de "frustrar las expectativas de muchos facultativos y modificar su proyecto de vida sin previo aviso". "Por no recordar lo que supuso para la sanidad la jubilación a la vez de tantos médicos... A raíz de eso, aumentaron las listas de espera y se deterioró la calidad de la sanidad pública", concluyó el portavoz de esta plataforma que se creó en 2013, a raíz del descontento por las jubilaciones forzosas.