Maru Díaz quiere implantar becas salario el próximo curso y bajar las tasas universitarias

La consejera de Ciencia, Universidad y de Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, quiere ‘importar’ becas salario que permitirán que los "alumnos excelentes cobren por estudiar". El próximo curso prevé implantar un proyecto piloto de ayudas, que ya se están utilizando en la Comunidad Valenciana, que aúnan excelencia académica y renta y que contemplan un pago máximo de 6.000 euros por curso (600 al mes). La podemista aseguró ayer que esta fórmula impediría que jóvenes con buenos rendimientos "tuvieran que acabar siendo falsos autónomos en empresas precarizadas", cuando "deberían ser marca Aragón".

En la exposición de su hoja de ruta en las Cortes, Díaz se autodeclaró como una "firme defensora de la reducción de tasas", dentro de una ambiciosa apuesta por una "universidad gratuita". Para el rector de la institución académica de Zaragoza, José Antonio Mayoral, las becas salario son "más necesarias que dejar las tasas a cero". "Si hay dinero para todo, maravilloso. Si no, mi prioridad es lograr que todo el que tenga méritos suficientes y quiera pueda venir a la universidad independientemente de su situación personal, familiar y económica", reconoció.

En la consejería barajan activar las becas salario con un programa plurianual que incluiría 500.000 euros el próximo año para llegar a unos 40 beneficiarios. Sí tienen decidida su intención de seguir el 'modelo valenciano', que destina 14 millones al año para completar las becas concedidas por el ministerio hasta un máximo de 6.000 euros al año. Pueden acceder a ellas quienes acreditan residencia administrativa en cualquier municipio valenciano y reúnen los criterios económicos y académicos exigidos.

Las becas salario se sumarían a las modalidades ya vigentes de ayudas: la Erasmus Plus, las de movilidad y las de másteres estratégicos, para las que se han recibido más de 3.600 solicitudes y que tienen una dotación presupuestaria de 3 millones. Díaz abogó por reforzar las de movilidad en un territorio tan "despoblado y disperso" como Aragón. Respecto a las becas 50x50, que puso en marcha el Ejecutivo PSOE-CHA, indicó que se han acogido 7.000 alumnos, aunque los datos no están cerrados.

En relación a la Universidad, la consejera reconoció que lo más urgente es la firma de los nuevos acuerdos de financiación y de infraestructuras. En su opinión, la "infrafinanciación" ha llevado a la institución académica a "abusar" de figuras contractuales que precarizan la situación de los docentes investigadores, y pidió que se abra un debate para que los docentes y los investigadores "sean funcionarios públicos" y tengan asegurados "salarios de calidad".

Para el contrato programa de infraestructuras, se mostró partidaria de ir un paso más allá y, en lugar de atender solo actuaciones de urgencia, pensar en un "campus de calidad y saludable, con buenas instalaciones deportivas, zonas verdes y equipamientos para los colegios mayores".

Tras la sentencia que anuló el veto de la DGA a la duplicidad de carreras en la Comunidad, varios grupos solicitaron a la consejera que concretara cuál será su tratamiento a los campus periféricos y a la privada. Díaz se reafirmó en que defenderá que los campus periféricos sean "competitivos" y sirvan para vertebrar el territorio. "Si la herramienta de la duplicidad no puede funcionar por la sentencia, utilizaremos otra para pedir a la universidad que se haga copartícipe de la especialización de los campus" y para asegurarnos de que los campus "pueden tener las carreras docente y la investigadora completas".

Aunque reconoció que es necesario reformar la Ley 5/2005, del Sistema Universitario de Aragón (Losua), Díaz indicó que no se hará hasta que se renueve la norma a nivel nacional.

Retener talento

 Para cuidar a los investigadores, se comprometió a crear un calendario estable de convocatorias, y a facilitarles un "ecosistema de ciencia de calidad" para evitar que se vayan. Defendió, para ello, "contratos plurianuales que les permitan hacer una tesis doctoral y quedarse". Este año se han presentado 180 solicitudes a 60 contratos predoctorales, con un presupuesto de 5 millones de euros. Con los cuatro millones al año que, según la consejera, Aragón pierde por la «fuga de cerebros», resultaría más rentable intentar retenerles en la Comunidad.

La diputada popular Pilar Gayán propuso la creación de una Agencia Aragonesa de Innovación, y Álvaro Sanz (IU) se posicionó en contra de que la Universidad San Jorge pueda implantar Medicina. Desde Vox, Marta Fernández apostó por profesionalizar la gestión del gobierno de la universidad dado que está "muy degradado por la endogamia y la politización". Jesús Guerrero (PAR) e Isabel Lasobras pidieron apoyo a los campus periféricos y Beatriz Acín, de Cs, propuso impulsar un proyecto científico en torno a la figura de Santiago Ramón y Cajal. Por el PSOE, Carmen Soler solicitó más impulso a los másteres y la podemista Itxaso Cabrera le instó a "estar a la altura de su gente".