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El PP abre el curso político con bronca con el PAR por formar cuatripartito con la izquierda

El consejero de Industria, Arturo Aliaga, defiende a la DGA de las acusaciones de "clientelismo"

Arturo Aliaga, consejero de Industria, en las Cortes
Arturo Aliaga, consejero de Industria, en las Cortes
Toni Galán

"Queríamos felicitarle por sus nombramientos y por su habilidad, porque con el peor resultado de la historia del PAR, ha sacado la mayor tajada del Gobierno". Así dio la bienvenida a la comisión de Industria el diputado del PP, Sebastián Contín, al consejero del ramo y vicepresidente, Arturo Aliaga, que se vio obligado a defender al cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos-Equo y CHA) de acusaciones de "clientelismo político", una serie de reproches sobre los que aseguró que no se sentía "concernido". 

El aragonesista detalló que su hoja de ruta incluye apoyar a las pequeñas y medianas empresas, al sector eólico, al comercio exterior, a las ferias y al turismo, sin perder de vista crisis como la que genera el cese de actividad de Future Pipe en Ejea, donde cuenta con 116 trabajadores, y la que causará en 2020 el cierre de la central térmica de Andorra. El consejero aseguró que la DGA sigue estrechando lazos con firmas que podrían instalarse en las cuencas mineras, al tiempo que negocia con el Gobierno en funciones la firma del convenio de transición justa.

Más que por las líneas estratégicas de la consejería, cuyo contenido se diluyó, la comparecencia quedó marcada por los ataques del PP a Aliaga por un pacto que "no es bueno para Aragón, sino para sus integrantes". Y también recriminó al líder del PAR que no haya renunciando a su acta de diputado como sí hicieron los consejeros Maru Díaz (Podemos) y José Luis Soro (CHA).

Contín hizo hincapié en que el pacto, «legítimo pero inverosímil», hace que los votantes del PAR estén "desconcertados", sobre todo por compartir Gobierno con Podemos-Equo, que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el plan de saneamiento y depuración de Aragón.

Aliaga rechazó el embate del popular con un rotundo: "Quizá no tengan toda la información de por qué ha sido el pacto y por qué no entré en el otro lado". Y retrasó la explicación a ocasiones posteriores, consciente de que pronto las habrá. PAR, PSOE_y hasta Podemos-Equo habían salido previamente en su defensa.

La socialista Leticia Soria recriminó a Contín que destinara "57 segundos a la política industrial del PP y 5 minutos a celos y reproches". Al aragonesista Jesús Guerrero le pareció excesiva la interpretación del popular, y le advirtió que en el Parlamento, que no es el Ayuntamiento de Zaragoza, se intenta "buscar una política constructiva para hacer cosas en el beneficio de Aragón". La podemista Marta Prades, en un guiño a Aliaga sin precedentes, aseguró que entre sus dos modelos "hay diferencias, pero no son insalvables".

Por la tarde, el presidente de Aragón, Javier Lambán, defendió a Aliaga: "Cuando un partido político se convierte en la diana de oposición normalmente es que ha tomado unas decisiones absolutamente acertadas".

Solo la diputada Isabel Lasobras, de CHA, avanzó en la comisión que habrá desacuerdos en proyectos como "la unión de las estaciones y las autopistas eléctricas", actuaciones que también criticó Álvaro Sanz (IU). Los dos pidieron a Aliaga que luche por la continuidad de Future Pipe, y que intente salvar, al menos, una línea de producción que garantizaría que medio centenar de trabajadores mantendría su empleo.

Marta Fernández, de Vox, utilizó su primera intervención en las Cortes para pedir una reducción de la burocracia en la creación de empresas y más apoyo a los "trabajadores españoles".

El tono de Jara Bernués, de Cs, fue reivindicativo, pero conciliador. Demandó información sobre las medidas para combatir el cierre de la térmica de Andorra, la «decadencia» de Walqa, la viabilidad de Motorland, la hospedería de Arguis... Recibió de Aliaga promesas de buenas intenciones, con explicaciones algo vagas.

También cuestionaron a Aliaga por el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Plan Miner, que concluye que los 418 millones invertidos no han frenado la despoblación. El consejero defendió su gestión, y aseguró que el plan ha sido "modélico" en Aragón. "¿Qué culpa tenemos si al final las empresas se han ido a Fraga?", lamentó.      

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