Definir la estructura de Gobierno. El nuevo Ejecutivo aragonés está conformado por diez departamentos y 45 direcciones generales, de los que hasta ahora han trascendidoBizén Fuster (Carreteras), Gregorio Briz (Movilidad), Carmelo Bosque (Urbanismo), Víctor Lucea (Cultura), Marisancho Manjón (Patrimonio) y Enrique Navarro (Innovación e Investigación). Está previsto que en el Consejo de Gobierno que se celebrará el 29 de agosto se acabe de definir la estructura orgánica de cada consejería, si bien Hacienda deberá realizar una modificación de crédito para dotar económicamente la creación de nuevos puestos. Además de gestionar Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Podemos gestionará elInstituto Aragonés de la Mujer, la Film Comission y la Unidad de Comedores, dos direcciones generales relacionadas con Medio Ambiente, de la consejería de Agricultura de Joaquín Olona, y una Oficina del Cambio Climático de nueva creación. CHA dejó prácticamente definida la estructura de Vertebración del Territorio, el PAR no desvela sus altos cargos en Industria y el PSOE podría abogar por una cierta continuidad, salvo en Hacienda. 

Elaborar los presupuestos de 2020. El cuatripartito integrado por PSOE, PAR, Podemos-Equo y CHA se ha fijado como prioridad la elaboración del presupuesto de la Comunidad para el próximo año. Pero el proceso será mucho más difícil de lo esperado. El cambio en la estructura orgánica en el Gobierno de Aragón implica realizar ajustes en el sistema de contabilidad, una tarea que conlleva «complicaciones técnicas importantes».Cuando se solucione, se publicará en el Boletín Oficial de Aragón la orden de Hacienda en la que se dictan a las consejerías las instrucciones para la elaboración de las cuentas. No se aventuraron en la consejería a ofrecer ninguna fecha. Llegará, entonces, el momento de aunar voluntades en la política fiscal a desarrollar, uno de los puntos de fricción del cuatripartito. El acuerdo de gobernabilidad plantea la derogación del Impuesto de Contaminación (ICA) y su sustitución por otro tributo. Se comprometen, ademas, a impulsar un sistema tributario justo inspirado en la igualdad y la progresividad. No se aprecia un escenario de bajada de impuestos, lo que derivará en una nueva pérdida de competitividad fiscal a la hora de atraer empresas si el Gobierno central no aplica una armonización fiscal.

Crisis de Andorra. El cuartripartito se compromete a «desarrollar soluciones para las Cuencas Mineras» y a diseñar una «estrategia de desarrollo socioeconómico alternativo y un estudio de viabilidad aprobado en las Cortes».Aunque hay que esperar al punto 90 de 132 del acuerdo de gobernabilidad para encontrar alusiones a Andorra, es en la actualidad el problema más grave al que se enfrenta la Comunidad pues el cierre de la térmica de Andorra, en junio de 2020, es inminente e implicará la destrucción de cientos de empleos. El papel que jugará el Gobierno de Aragón debe ser determinante, toda vez que la parálisis política nacional impide que se firme el convenio estatal de transición justa con Andorra que debe recoger medidas que palíen el impacto del fin del carbón en las Cuencas Mineras. LasCortes cerraron la pasada legislatura con la aprobación de 43 medidas con nuevos beneficios fiscales y administrativos para la zona. Incluía, además, la demanda de 16 infraestructuras claves para Teruel, como la A-68 o el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, difíciles de ejecutar por un Gobierno en funciones.

Financiación autonómica. La agenda aragonesa en Madrid, que para el Ejecutivo autonómico es prioritaria, debe comenzar por exigir la reforma del modelo actual de financiación autonómica para que el reparto de recursos se realice en función del coste real de la prestación de los servicios.No será la única petición. El cuatripartito se ha comprometido a exigir al Estado el pago de la deuda histórica (unos 7.500 millones de euros), la transferencia de las 22 competencias pendientes bien dotadas económicamente y la suscripción del acuerdo bilateral económico-financiero previsto en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía.

Ejecutar el acuerdo del cuatripartito. El pacto del cuatripartito refleja la esencia de PSOE, PAR, Podemos-Equo y CHA, pero dejando a un lado sus grandes discrepancias. En Educación ni siquiera hay una referencia directa a la enseñanza concertada. En las 132 medidas se plantea la reforma del Estatuto de Autonomía para suprimir el aforamiento de los miembros de las Cortes y la DGAy para mantener los 14 diputados como mínimo por provincia. Los partidos se comprometen a desarrollar las leyes aprobadas la antigua legislatura, a rescatar las que quedaron pendientes (Vivienda), a reclamar a Madrid que impulse las infraestructuras, a reducir las listas de espera sanitarias, a finalizar los hospitales de Teruel, a desarrollar un plan de cocinas in situ en el colegio... Todo un elenco de buenas intenciones sin revelar si quiera por dónde van a empezar.