Partidos políticos y sindicatos reclamaron ayer una solución "urgente" para las cuencas mineras al margen del color del Gobierno central. No aceptan que el futuro del convenio de transición justa con Andorra quede condicionado al partido que dirija la cartera de Transición Ecológica –reclamada por Unidas Podemos en dos de las cuatro propuestas presentadas esta semana para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y formar un Gobierno de coalición– y recuerdan que el cierre de la térmica se producirá en solo diez meses sin que hasta ahora se hayan aportado alternativas "claras" para paliar las graves consecuencias socioeconómicas que tendrá el carpetazo al carbón.

El Ministerio para la Transición Ecológica insiste en que la firma del convenio con Andorra sigue siendo una prioridad para la ministra, Teresa Ribera, en funciones desde finales de abril. No obstante, la amenaza de repetición electoral hace que no puedan descartarse nuevos retrasos.

El Gobierno de Aragón esperará a la próxima semana para hacer una valoración. Quien ya adelantó la suya fue el secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, quien aseguró que las comarcas mineras "están hartas de excusas y chantajes". En su opinión, "no se puede aceptar" la vinculación de un plan estratégico para la reconversión industrial de la zona a un nombre concreto. "No pueden reírse de un territorio en el que durante años se ha vivido del carbón", aseveró.

La formación urge a aprobar una estrategia clara "que no deje a nadie atrás" y garantice "que no se vayan aquellas empresas que se han aprovechado de los recursos naturales y la gente del territorio sin restituir ni apoyar esta transición". "Y para eso, hace falta un Gobierno de España cuanto antes que, de manera coordinada y colaborativa con el Ejecutivo autonómico, ponga en marcha inversiones y alternativas que den futuro y aseguren la vida en los pueblos de estas comarcas", añadió.

Para el presidente del PP en Teruel, Joaquín Juste, el PSOE, de mano de Pedro Sánchez y Javier Lambán, se ha convertido "en una auténtica amenaza para la supervivencia de los empleos en las cuencas mineras". "El daño a los turolenses va a ser irreparable", afirmó. Cree, en este sentido, que "las dudas del Gobierno de Sánchez y el silencio cómplice de Lambán" están añadiendo "desprecio" a dicho "daño".

A juicio de Daniel Pérez Calvo, portavoz de Ciudadanos, Lambán "debe abandonar la inactividad en la que se encuentra desde la investidura y liderar la firma del convenio". Subrayó, a este respecto, que el futuro de Andorra "no puede depender de que Sánchez e Iglesias se pongan de acuerdo" y alertó de que la situación actual "pueda alargarse en el tiempo" y complique la situación de la comarca.

La formación anunció, en este sentido, que sus diputados nacionales presentarán una pregunta en el Congreso de los Diputados para conocer cuáles son los planes del Gobierno central para la zona.

Mientras, el presidente de Vox-Zaragoza, Santiago Morón, aludió a las condiciones que se plantean para el futuro de la comarca andorrana. "Nos llevan a pensar si aquellos compromisos fueron suscritos por el presidente del Gobierno o por Sánchez", dijo.

Para IU-Aragón, "el Ejecutivo en funciones del PSOE está utilizándolo todo de forma partidista, incluso el futuro de las comarcas mineras, en un claro chantaje, demostrando que lo que menos le interesa es dar respuesta a las necesidades de la sociedad". "Es absolutamente irresponsable e inaceptable la actitud que están manteniendo en un asunto tan sensible", aseguró su coordinador general, Álvaro Sanz, al tiempo que recordó que el territorio lleva meses esperando la firma de este convenio, "vital para las comarcas mineras".

"Los meses siguen pasando"

Para Alejo Galve, secretario general de UGT en Teruel, el hecho de que el acuerdo pueda peligrar o retrasarse es "una barbaridad". "Esto no tiene nada que ver con que siga o no una ministra ni de la negociación entre dos partidos. Están jugando con las personas de esta comarca", apuntó.

Ir a unas nuevas elecciones sería, en su opinión, "otro desastre". Sobre todo teniendo en cuenta que el convenio, según informó el propio ministerio a los sindicatos, estaba "prácticamente hecho" en el momento en que se disolvió el Parlamento.

El problema, apuntó Pedro Miñana, integrante de la plataforma de las subcontratas, es que "los meses pasan" y las promesas que se han hecho hasta la fecha siguen sin concretarse. "Y mientras, hay trabajadores que ya se han marchado a otras comunidades y gente que ha sido despedida", dijo.

El colectivo sigue saliendo todos los miércoles a la puerta de la central térmica en señal de protesta y no descarta nuevas acciones a la vuelta de vacaciones.