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Aragón

Central térmica de andorra

El Gobierno de España condiciona el convenio con Andorra a la continuidad de la ministra

El planteamiento choca con las aspiraciones de Podemos de estar al frente de Transición Ecológica

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su visita a Zaragoza en diciembre
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su visita a Zaragoza en diciembre
Oliver Duch

El Gobierno de Pedro Sánchez condiciona ahora la firma del convenio de transición justa con Andorra, clave para mitigar las graves consecuencias socioeconómicas que tendrá el cierre de la central térmica en junio de 2020, a la continuidad de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Fuentes oficiales del Ministerio han confirmado a HERALDO que este acuerdo, anunciado en enero por la propia Ribera, sigue siendo "prioritario". Pero para que se firme, aseguran, tendrán que ocurrir dos cosas: que se forme Gobierno y "que siga la ministra". Esta exigencia choca con dos de las cuatro propuestas presentadas esta semana por Unidas Podemos para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en septiembre y formar un Gobierno de coalición

La formación morada reclama el Ministerio de Transición Ecológica tanto en la opción que exige el Ministerio de Vivienda y Economía Social –además de una vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad y la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades– como en la que pide el Ministerio de Agricultura, Pesca y España Vaciada. 

El convenio tendría que haberse firmado en junio, pero la investidura fallida de Pedro Sánchez ha dilatado los plazos. El Ministerio insiste en que "se sigue trabajando con firmeza en planteamientos para la zona" y en que la promesa que hizo la ministra en su visita a Andorra "sigue en pie". Recalca, no obstante, que, al estar en funciones, el radio de acción del Ejecutivo es "limitado", lo que hace que no se puedan formalizar estas y otras iniciativas.

Aunque tanto Andorra como Aragón tienen ya nuevo Gobierno, la formación del Ejecutivo central es, según el propio Ministerio, condición sine qua non para la firma de este convenio, el primero de los que se rubricarán con las comunidades autónomas afectadas por el carpetazo al carbón. Esto haría que, en caso de que se repitan las elecciones, los plazos volvieran a retrasarse, demorando el acuerdo hasta finales de año, a solo unos meses del cierre definitivo de la térmica.

Este convenio –en el que participarán, entre otros, agentes nacionales, autonómicos y locales–, será la base sobre la que girarán el resto de iniciativas para la zona. No es, sin embargo, la única cuestión que queda por resolver, ya que el Gobierno central todavía tiene que aprobar la solicitud de cierre presentada por Endesa en diciembre de 2018 y aclarar si las medidas contempladas en su plan de compensación, centradas en la inversión de 800 millones de euros para desarrollar mil megavatios de potencia solar fotovoltaica, son o no suficientes.

Las negociaciones, en estudio

También se ha de dar respuesta a las alegaciones presentadas por el Gobierno de Javier Lambán contra la estrategia de transición justa aprobada por el Ejecutivo socialista a principios de año. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica confirman que ya "se están analizando" y que el documento definitivo verá la luz "hacia finales de año", momento en que se presentará ante la Comisión Europea.

Los cambios que introduzca el Gobierno central serán claves para el futuro de las cuencas mineras, ya que el texto da actualmente prioridad a Endesa para la gestión de los alrededor de mil megavatios que sustituirán la potencia térmica de la central de carbón, un criterio que no comparte el Ejecutivo aragonés, partidario de una "libre competencia" que dé opción a empresas aragonesas interesadas.

"Exigiremos una transición justa esté quien esté"

El nuevo alcalde de Andorra, el socialista Antonio Amador, aseguró ayer "no compartir" la condición impuesta por el Ejecutivo central para firmar el convenio de transición justa con el territorio y recordó que fue "el Gobierno de España como institución" el que se comprometió con la zona, por lo que no concibe que el futuro de las cuencas mineras "dependa de que siga una ministra". "Solo faltaría que fuesen compromisos personales", añadió. Amador aseguró que "aunque se enfoque de una u otra manera habrá transición justa" y que su Ayuntamiento la reclamará "esté quien esté" al frente del Ministerio para la Transición Ecológica. "Vamos a exigir participar en su desarrollo", expuso.

El regidor andorrano se reunirá a principios de septiembre con distintos miembros del Gobierno de Aragón, entre los que estaría el nuevo consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, para analizar las distintas alternativas sobre la mesa. También se entrevistará el 18 de septiembre con representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y seis días más tarde, con la Autoridad Porturaria de Tarragona.

Respecto a su relación con el Ministerio para la Transición Ecológica, aseguró que "hay conversaciones", aunque reconoció que, al estar en funciones, la capacidad de actuación del Gobierno central está "muy acotada".

También tiene pendiente entrevistarse con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, en Madrid. El alcalde, en todo caso, afirmó estar "esperanzado" y convencido de que la situación que vivirá Andorra a partir de junio de 2020 "tendrá una solución".

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