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Aragón rechaza el pago en sus autovías por el "agravio histórico" que sufren en su ejecución

El Estado debe invertir aún más de 2.800 millones en tramos pendientes de las vías rápidas proyectadas en la Comunidad

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Obras de desdoblamiento de la N-232 en el término de Pedrola.
José Miguel Marco

Más de 2.800 millones de euros debe invertir aún el Estado para poner en servicio varias autovías proyectadas en Aragón que llevan décadas en obras o ni siquiera se han iniciado todavía. Con este déficit de infraestructuras, que refleja un "agravio histórico", la Consejería de Vertebración de la DGA ve "injusto" que el Ministerio de Fomento baraje un "cobro simbólico" que reportaría hasta 4.300 millones de euros a las arcas estatales. A las voces críticas de los transportistas aragoneses, asociaciones de consumidores y organizaciones de conductores (RACE) se suman los reproches de ejecutivos autonómicos como el de Aragón, donde el Gobierno central tardó 18 años en ejecutar la Autovía Mudéjar.

El cambio de tendencia que se registró en 2018, con Aragón como la quinta autonomía con mayor inversión de Fomento (112 millones), solo compensa de una forma mínima el retraso histórico que sufren sus autovías. En el Pirineo, en la A-23 (Huesca-Jaca) y la A-21 (Jaca-Pamplona), en obras desde hace trece años, apenas están en servicio la mitad de los 130 kilómetros de los tramos aragoneses. En julio se abrieron al tráfico nueve kilómetros del Jaca Oeste-Santa Cilia de la A-21, a los que se sumarán en diciembre 7,2 kms. más (Santa Cilia-Puente la Reina). Y se volverá a estancar. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, condiciona la licitación de los 27 kilómetros pendientes hasta Pamplona a que haya gobierno.

Más dinero necesita aún la A-68 tanto en los tramos que discurren entre Figueruelas y Mallén (101 millones), 30 kilómetros que deberían estar listos en 2022, como en los que van de El Burgo de Ebro a Valdealgorfa (662 millones), sin fecha de finalización ni previsión de inicio de las obras. Un año después de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del tramo de la futura A-68 entre Fuentes y Valdealgorfa tras una década de tramitación administrativa, el Estado prevé invertir 67 millones hasta 2022 aunque no ha licitado los proyectos de ejecución de los tramos en los que decidió dividir la obra. Sí anunció Ábalos en una visita a Zaragoza su intención de impulsar el desdoblamiento de la carretera nacional N-232 entre El Burgo y Fuentes (81,2 millones), una promesa que ha caído en saco roto por culpa de un presupuesto prorrogado y un gobierno en funciones.

Unos 420 millones requeriría el desdoblamiento de los 91 kilómetros de la N-II de Alfajarín a Fraga, una obra que permanece históricamente estancada, quizá a la espera de que se liberalice en 2021 la AP-2. Peor suerte corren aún la A-40 (Teruel-Cuenca), presupuestada en 520 millones; la A-24 (Daroca-Calatayud), que costaría 150 millones; la autovía de Alcolea a Monreal del Campo (518 millones) y la A-14 (Alfarrás-Puente de Montañana) que o no figuran en las cuentas nacionales o la asignación para ejecutarlas es mínima. 

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