Aragón sufrió una rebaja del 2,4% en la financiación autonómica de 2017

Aragón perdió en 2017 un 2,4% de los recursos obtenidos a través de la financiación autonómica para la gestión de sus competencias. Así figura en un informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que incluye a Extremadura, Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León entre las Comunidades que se vieron perjudicadas por un reparto que benefició a Baleares, Madrid y Canarias, que cerraron el ejercicio con un incremento del 3,3%, el 2,2% y el 1,6%, respectivamente. Este informe culpa del retroceso que sufrió Aragón al "caprichoso comportamiento del indicador de ingresos tributarios estatales que determina la evolución de algunos agregados importantes del sistema de financiación".

Los datos del Ministerio de Hacienda recogidos en el informe certifican que Aragón ingresó en 2017 un total de 3.341 millones (637 por tributos cedidos y 2.704 por el IRPF, el IVA_y otros impuestos especiales), una cantidad que se recortó en 76 millones de euros por un ajuste en la homogeneización de los que están cedidos a las comunidades autónomas. La rebaja del 2,4% en Aragón contrasta con el incremento del 3,9% que se registró a nivel nacional hasta alcanzar los 100.572 millones de euros.

El grueso de las comunidades que se vieron perjudicadas forma parte de las autonomías que constituyeron en Zaragoza un frente común para exigir un cambio en el sistema de financiación autonómica que permita ajustar el reparto al coste real de la prestación de servicios. Exigir al Gobierno central la reforma del modelo actual es una de las prioridades del cuatripartito en la legislatura que ahora comienza.

El informe de Fedea atribuye la mejora de la financiación de Baleares al buen comportamiento de la recaudación tributaria y la de Canarias, al cambio en el tratamiento de los Recursos REF, que permite el acceso de esta comunidad al Fondo de Competitividad ya sin corrección alguna por tales ingresos. En el caso de Madrid, explica que debe mucho a la desaparición de un ajuste ‘ad-hoc’ al indicador de financiación utilizado para repartir el Fondo de Competitividad.

De cara a 2019, en el estudio se alerta de que la situación es "incierta" porque no hay presupuesto aprobado ni un gobierno en plenitud de funciones que pueda avanzar por otras vías. Precisamente ayer la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se refirió a los 4.500 millones de euros en entregas a cuenta por financiación autonómica que solicitan varias regiones y confirmó que la Abogacía del Estado le ha dado el visto bueno para proceder a actualizarlas aunque no se aprueben los PGE.