Con las almazaras abarrotadas de aceite y unos precios totalmente hundidos, una de las medidas más eficaces para reducir la presión del mercado es el almacenamiento privado. Se trata de un mecanismo, recogido en la legislación europea, por el que Bruselas establece una ayuda –en base a unas cotizaciones de referencia– que cobran aquellos productores que opten por retirar producto del mercado. Pero la activación de esta medida, que tendría carácter obligatorio, no parece asomar en un horizonte cercano, porque presenta un claro obstáculo. Para que este mecanismo se ponga en marcha los precios del aceite tendrían que situarse por debajo del umbral de 1,78 euros por litro en el virgen extra, 1,71 en el caso del virgen y de 1,52 euros en el lampante. Unas cifras muy alejadas todavía de la situación actual, pero también de la realidad del sector, que asegura que los números están totalmente desfasados, fueron establecidos "hace muchos años" y quedan muy lejos de los actuales costes de producción.

Existe también la posibilidad, contemplada en un normativa de la Organización Común de Mercado, de que sea la la interprofesional del sector la que ponga en marcha una retirada obligatoria de producto. Pero resulta también complicada, primero porque el artículo es "interpretable", pero también porque su solicitud tiene que contar con un aprobado y no se espera que la respuesta pudiera llegue ante de la próxima campaña. Incluso se podría pensar en recurrir a las medidas de regulación de mercado establecidas en la Política Agraria Común. Sin embargo, esta medida está reservada al vino, lo que significa que si los oleicultores quieren beneficiarse también de esta posibilidad la propuesta debe ser debatida en la próxima reforma de la PAC.

Pero no es el final. Porque Cooperativas Agroalimentarias de España ha encontrado una alternativa. Ha buceado en la legislación comunitaria y se ha topado con el artículo 209 del reglamento de la Organización Común de los Mercados, que contempla la posibilidad de que en situaciones excepcionales, ante excesos de oferta, las cooperativas miembro de Cooperativas Agroalimentarias de España puedan inmovilizar parte de su producción con el objetivo de reducir la volatilidad de los precios y garantizar de esa manera una mayor estabilidad del consumo, explican desde esta organización. Tendría carácter voluntario y aunque Bruselas tiene que darle el visto bueno, la puesta en marcha de este mecanismo no se dilataría en exceso en el tiempo porque la Comisión Europea tiene en este caso cuatro meses para pronunciarse.

La propuesta, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, se basa en un estudio realizado en 2016 por el Ministerio de Agricultura en el que se hacía un simulación para calcular el impacto en los precios de este almacenamiento en función de la cantidad que se retira. Y ya ha llegado a Bruselas. La explicaron allí los representantes de las cooperativas españolas a los responsables comunitarios de las direcciones generales de Agricultura y de Competencia.

Pero quedan pasos por dar, dado que sería la primera vez que se aprueba una herramienta de este tipo en el sector agroalimentario y que la medida constituye una novedad dentro de la normativa comunitaria se hace necesario realizar diversas adaptaciones. Para ello, la CE pedirá a Cooperativas Agro-alimentarias de España, oficialmente y por escrito, la documentación complementaria pertinente para dotar de mayor solidez a la propuesta. Un trámite que esta organización confía en que se agilice lo máximo posible "para que el sector disponga de esta imprescindible herramienta".

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