Economía

Más de 400 aragoneses superan la bancarrota gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Una sentencia del Tribunal Supremo amplía la capacidad de los juzgados de lo mercantil para actuar sobre las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Ciudad de la Justicia pasillos
Interior de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza
Heraldo.es

Empezar desde cero una aventura empresarial requiere de cierta inversión, un plan de negocio sólido y definido y mucha decisión, pero también de una pizca de fortuna. De lo contrario, el empresario deberá hacer frente a otro proceso complejo y penoso como el de bajar la persiana, que en ocasiones conlleva una carga emocional... y económica, en forma de deuda.

Para paliar las posibles consecuencias se creó la Ley de Segunda Oportunidad, que entró en vigor hace ya casi tres años. El articulado se redactó con la aspiración de que se convirtiese en una ayuda, una red de seguridad para aquellos pequeños empresarios y trabajadores autónomos que se encontrasen con un negocio fracasado entre las manos y unas deudas contraídas imposibles de afrontar con el patrimonio que aglutinasen como personas físicas.

Hasta la fecha, 412 aragoneses se han beneficiado de esta medida, según los datos de la plataforma Repara tu Deuda. La ley permite exonerar a particulares del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores con la mediación de un juez y solicitar ante el tribunal el perdón parcial o total de la deuda. Se excluye de esta medida a quienes hayan sido condenados por delitos económicos.

Precisamente la ley lleva unas semanas en el disparadero debido a una sentencia del Tribunal Supremo por la que se amplía la capacidad de los juzgados de lo mercantil para actuar sobre las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. La sentencia permite liberar a los autónomos de los compromisos que no puedan resolver en cinco años abonando el máximo mensual que le permita sobrevivir.

Este fallo abre la puerta a que a los deudores se les condone más de la mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas, en concreto el crédito ordinario y subordinado (intereses, recargos, sanciones y un 50% de la cuota). Mientras que el resto podrán abonarlo en un plan de pagos fraccionados de hasta cinco años.

Esto no significa que los tribunales puedan condonar el 100% de los créditos con la Administración Pública de quienes se acojan a la norma, pero sí les otorga la capacidad de liberarlos de un porcentaje y cuantificar el fraccionado de los pagos del resto.

En Aragón han trascendido varios casos de personas que se han acogido a la ley para superar una deuda, como el de un autónomo que cargaba con 700.000 euros de deudas tras invertir en una sociedad que acabó en concurso o el de una zaragozana avalista de una empresa de congelados de su exmarido y que llegó a cargar con un debe de 318.000 euros.

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