El Gobierno de Aragón acaba de publicar una orden que amplía el número de zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura y la ganadería: ya son 17 (antes eran 14) y afectan a un total de 130 municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel (29 más que hasta ahora).

La designación de la zonas vulnerables a los nitratos conlleva que todas las explotaciones agrarias que estén dentro de esas áreas están obligadas a llevar a cabo una serie de buenas prácticas establecidas por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para intentar frenar el avance de esta forma de contaminación difusa. Sin embargo, los esfuerzos desarrollados hasta ahora por las distintas administraciones y por los propios agricultores y ganaderos no han impedido que los nitratos sigan siendo la mayor amenaza para las aguas subterráneas.

Según se refleja en el Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021, 24 de las 105 masas de agua subterránea de la cuenca del Ebro presentan un mal estado químico. En todos los casos el problema se debe a los nitratos, y la mayor parte de esos acuíferos se encuentran en territorio aragonés (sobre todo en el eje del Ebro y aguas abajo de los principales sistemas de riego).

Los daños no se quedan ahí, ya que este tipo de contaminación también se da en ríos y barrancos de poco caudal situados en zonas agroganaderas (como el barranco de Valcuerna o el río Tastavins) y además afecta a bastantes captaciones de agua de boca. 

Según el último informe de calidad del agua de consumo humano que elabora cada año la DGA, en 2018 solo en Aragón hubo 30 abastecimientos en los que se detectó al menos un incumplimiento de los niveles máximos de nitratos establecidos para el agua de boca con una población total afectada de más de 12.000 personas. En parte de esas localidades el agua del grifo directamente no se puede beber, como por ejemplo sucede actualmente en varios pueblos cercanos a Huesca: Plasencia del Monte, Quinzano, Lierta, Chimillas, Alerre y Banastás... El goteo de casos es incesante, y afecta también a otros municipios de Zaragoza y Teruel.

CHE

Los nitratos son una sal química derivada del nitrógeno que, en concentraciones bajas, se encuentra de manera natural tanto en el agua como en el suelo. El problema se produce cuando esas concentraciones aumentan por la acción del hombre.

Una de las fuentes de contaminación por nitratos son los vertidos de origen urbano e industrial, pero en Aragón y en toda la cuenca del Ebro el principal problema es la denominada contaminación difusa: los efluentes procedentes tanto del abono de las tierras de cultivo como de la gestión de los purines y estiércoles de origen ganadero.

Esos efluentes llegan a los acuíferos y a los ríos y disparan los niveles de nitratos en las aguas tanto superficiales como subterráneas, lo que tiene consecuencias ambientales (la eutrofización de lagos y embalses por exceso de nutrientes) y además puede llegar a afectar a las personas (en elevados niveles, los nitratos tienen efectos negativos sobre la salud).

Consciente de este problema, ya en 1991 la Unión Europea aprobó una directiva para frenar la contaminación por nitratos que impone a los estados miembro la obligación de identificar todas las masas de agua afectadas; delimitar como zonas vulnerables todas las áreas que drenan en esos ríos y acuíferos; y poner en marcha medidas para intentar reducir la contaminación por nitratos.

Un problema que no ha parado de crecer

Si en 2003 en toda la cuenca del Ebro había 20 masas de agua afectadas o en riesgo de verse afectadas por los nitratos, en 2007 ese número se había incrementado hasta las 30 y actualmente ya hay 47 (38 subterráneas y 9 superficiales) . De ellas, 23 están total o parcialmente en territorio aragonés (18 subterráneas y 5 superficiales).

En paralelo a los estudios de la CHE y a la identificación de nuevos ríos y acuíferos contaminados, el Gobierno de Aragón ha tenido que ir declarando nuevas zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en las que los ganaderos y agricultores están obligados a llevar a cabo buenas prácticas para disminuir la emisión de este tipo de sustancias.

La primera vez que la DGA aprobó una orden con este fin, en el año 1997, se declararon 2 zonas vulnerables (la del Jalón-Huerva y la de Gallocanta) que en total afectaban a 8 municipios. Con la ampliación publicada esta misma semana, actualmente ya son 17 zonas y 130 localidades implicadas.

Los 29 municipios aragoneses que hasta ahora no sufrían este problema y que han pasado a formar parte de alguna de estas áreas vulnerables son Grisén, Ayerbe, Loporzano, Loscorrales, Capella, Estadilla, Fonz, Graus, Lascuarre, Secastilla, La Puebla de Castro, Cariñena, Lagata, Letux, Samper del Salz, Albelda, Alcampell, Altorricón, Belver de Cinca, Esplús, Osso de Cinca, Tamarite de Litera, Velilla de Cinca, Vencillón, Zaidín, Cubel, Abanto, Corbalán y Sarrión.

Medidas en la agricultura y la ganadería

El código de buenas prácticas agrarias que deben cumplir los agricultores y los ganaderos cuyas explotaciones estén dentro de una zona vulnerable incluye diferentes directrices sobre la aplicación de fertilizantes a los cultivos y sobre la gestión y la utilización del estiércol y los purines. Además, desde el año 2005 también están obligados a llevar un libro-registro debidamente actualizado en el que quede reflejada la aplicación de fertilizantes a las tierras y las entradas y salidas de estiércol y purines.

Además, a estas medidas se suma el recientemente aprobado decreto de gestión de purines, impulsado por el Gobierno de Aragón para tratar de garantizar la sostenibilidad del sector agroalimentario. Esta nueva norma recoge la figura del centro gestor que se encarga de la gestión de los subproductos generados desde el momento de su origen hasta su aplicación como fertilizante.

En la misma línea se enmarca la declaración de determinados municipios con sobrecarga ganadera en base a la producción de nitrógeno procedente de explotaciones animales y su relación con la superficie agrícola de utilidad para la absorción de nitrógeno. Esta otra iniciativa de la DGA supone la no autorización de instalaciones de ganadería intensiva, salvo que se presente un plan de gestión de los estiércoles mediante sistemas alternativos a la aplicación directa como fertilizante.

En cualquier caso, la CHE subraya que las medidas que se consideran más efectivas en la lucha contra los nitratos son la modernización de regadíos (al aumentar la eficiencia y disminuir los retornos de riego, disminuye también la carga contaminante) y, en conexión, la reutilización de los retornos agrarios en el propio sistema. Dos líneas de trabajo en la que también se está trabajando desde hace años.