Los agricultores y ganaderos españoles (y entre ellos, por supuesto, los aragoneses) no están en los despachos en los que se fraguan los más importantes acuerdos internacionales. Tampoco son protagonistas de las tensiones geopolíticas que terminan desencadenando peligrosas guerras (comerciales). Pero son a ellos a los que estrujan en cada apretón de manos de los altos mandatarios o los que se convierten en la diana en la que descargan sus armas (políticas) las grandes potencias económicas.

Pasó en 2014, cuando las acciones de Rusia contra Ucrania terminaron en un cruce de sanciones entre Bruselas y Moscú que cerró a cal y canto las puertas del gigante euroasiático dando con la puertas en las narices (mejor dicho, en los bolsillos) del sector frutícola español, del que Aragón es uno de los principales productores. Porque el conocido como veto ruso, del que se cumplen ya cinco años y que Vladimir Putin ha vuelto a ampliar hasta finales de 2020, provocó un tsunami en el sector de fruta dulce, de cuyos destrozos todavía no se han recuperado los productores, que habían conquistado un gran mercado con un alto poder adquisitivo que contribuía además a descongestionar el maduro y saturado mercado interior.

Ha pasado ahora con un pacto entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), cerrado el pasado 28 de junio tras más de 20 años de negociaciones, con el que se frotan las manos los fabricantes de automóviles o las empresas del textil y con el que se han puesto a temblar los ganaderos de vacuno, los cerealistas, los apicultores, los arroceros, los fruticultores, los avicultores o los productores de porcino, sectores con destacada presencia en Aragón.

Y podría pasar más pronto que tarde si el presidente estadounidense con su injustificado afán proteccionista cumple su reciente amenaza de incrementar los aranceles que ahora tienen que pagar las bodegas por comercializar sus vinos en ese mercado norteamericano. Cierto es que Donald Trump puso su mirada, y sus advertencias, en los caldos franceses, pero es bien sabido que la (mala) suerte de cualquiera de los Estados de la Unión la comparten el resto de los socios comunitarios. Y eso significa que si hay aranceles para Francia los habrá para España y el vino aragonés, especialmente las denominaciones de origen con Calatayud a la cabeza, tiene mucho que perder en ese indeseable escenario.

Así que ahí está el sector agrario, atrapado entre acuerdos y guerras (comerciales), contando por millones las pérdidas que tendrán que descontar a la ya escasa rentabilidad de sus explotaciones y sin entender por qué los mismos responsables políticos a los que se les llena la boca calificando de estratégico al sector lo utilizan continuamente como moneda de cambio para comprar beneficios para otros sectores productivos y pagar los caprichos políticos de los más enfrentados mandatarios mundiales.

El último sobresalto internacional de los agricultores españoles se produjo hace apenas un mes, cuando los representantes de la Unión Europa y el Mercado Común del Sur (más conocido como Mercosur), formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay ponían fin a más de dos décadas de negociaciones a un pacto que dará acceso a las empresas europeas a un mercado de 260 millones de consumidores a cambio, eso sí, de devolver la ventaja a los países sudamericanos, cuyas producciones agrarias podrán olvidarse (o casi) de los costes que suponían hasta ahora los aranceles a la importación.

Los productores de vacuno de carne han sido los primeros en poner el grito en el cielo. Los motivos los ha cifrado la organización agraria COAG, en la que se integra la aragonesa UAGA. Este acuerdo tan celebrado, que incluye la entrada en suelo comunitario de un contingente de 99.000 toneladas libre de aranceles, tendrá «un brutal impacto sobre el 20% de la producción en el sector ganadero español», o lo que es lo mismo, le restará 2.700 millones anuales. Y eso por si no era bastante lo que ya pisaba suelo comunitario. Mientras que las exportaciones agroalimentarias europeas al área geográfica Mercosur apenas superaron los 2.000 millones de euros (un 1,5% del total de la exportación), la UE importa, según los últimos datos de 2016, casi 20.000 millones de euros en productos agroalimentarios de aquellos países, de donde procede el 80% de la carne de vacuno importada por la Unión Europea.

Si negativo es el volumen, mucho peor la "competencia desleal" que generan estas producciones en las que, según coinciden en denunciar las organizaciones agrarias españolas, se utilizan hormonas del crecimiento, antibióticos y pesticidas prohibidos desde hace varia décadas en la UE y que permiten a los ganaderos sudamericanos ofrecer unos precios mucho más bajos.

No solo el vacuno está atemorizado. El pacto, que no se pondrá en marcha hasta dentro de dos años, inquieta también a los productores de cereal, arroz, fruta, a la apicultura, la avicultura, a los ganaderos de porcino y, en especial, al conjunto de las explotaciones familiares que caracterizan el tejido agrario no solo de España sino también de Europea y que, aparentemente, tanto tratan de cuidar en Bruselas. Porque en Brasil y Argentina, especialmente, pero también en Paraguay y Uruguay, predomina un modelo de agricultura ‘industrial’, que se caracteriza por unas explotaciones de enormes dimensiones en las que los costes unitarios son notablemente inferiores a los que soportan los productores europeos, en general.

La preocupación por los términos del acuerdo se transforma en alarma en sectores como el avícola. "Se avecina una crisis avícola", señalan desde UPA, que lamenta que la UE haya perdido tan pronto la memoria y tan solo dos años después del enorme escándalo de la carne bovina y aviar podrida y maquillada con productos cancerígenos en Brasil, haya dado el visto bueno para la entrada de 180.000 toneladas anuales de estos productos desde los países de Mercosur sin ningún tipo de arancel.

El acuerdo ha caído como jarro de agua fría entre los apicultores, que viven en estos momentos "la peor campaña de producción de miel de los últimos 15 años", como la califica el sector. Temen un pacto (y mucho) que permite a Argentina, Brasil y Uruguay, potencias apícolas a nivel mundial, inundar el mercado europeo con 45.000 toneladas de miel totalmente libres de aranceles.

Eso sí, aunque los defensores del apretón de manos entre los dirigentes europeos y los de los países que integran Mercosur se han referido poco al negativo impacto del acuerdo en la línea de flotación de la agricultura europea, han repetido incansablemente que se eliminarán progresivamente los aranceles a las importaciones de vino (actualmente se paga un 27%), de chocolate (20%), de whisky y otras bebidas espirituosas (20% y 35%), se reducirán en plazos los aranceles a los lácteos, especialmente en los quesos y para cuotas determinadas y, se protegerás hasta 370 denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

"Es inaceptable que se entregue de esta manera al sector agrario en general y al ganadero en particular a cambio de coches y facilidades para grandes constructores", critican desde UAGA-COAG, que responde a los que defienden los beneficios de este pacto para el campo insistiendo en que «la experiencia dice que este tipo de acuerdos acaba beneficiando a los grandes latifundios en detrimento de los pequeños y medianos agricultores».

El portazo de Rusia

Si complicada es la situación con lo que llega del otro lado del Atlántico, no es más sencillo lo que no puede viajar hacia Oriente. Hablamos del veto ruso, ese concepto que se hizo tristemente famoso en agosto de 2014 cuando el presidente Vladimir Putin respondió a las sanciones impuestas por la UE por su papel en el conflicto ucraniano dando un portazo a la exportaciones agroalimentarias europeas. Aquella decisión supuso un mazazo para los fruticultores aragoneses, que se encontraban entonces en plena campaña de recolección.

El sector todavía se resiente de aquel boicot que cumple ya seis campañas. Y suma y sigue, porque cuando parecía que comenzaba el deshielo y el Kremlin lanzaba guiños a la UE permitiendo de nuevo el envío de vacuno vivo de la Unión Europea, el jarro de agua fría volvió a caer sobre los frutales: Moscú alarga el veto hasta finales de 2020. Lo hizo después de que Bruselas haya decidido mantener durante seis meses más las sanciones económicas impuestas a Rusia por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y por no haber aplicado hasta ahora los acuerdos de paz de Minsk.

"No nos sorprende", señalan los representantes de las organizaciones agrarias aragonesas con cierta resignación y mucho hartazgo porque desde el cierre de aquel inmenso mercado la comercialización de sus producciones se ha complicado en exceso mientras las cotizaciones llevan años entrando en barrena. "No es solo que perdiéramos un gran mercado con alto poder adquisitivo, sino que además Europa está saturada de producción, lo que provoca el desplome de los precios", repiten casi con las mismas palabras los sindicalistas. Encontrar otros clientes internacionales no es tarea fácil y menos para un alimento tan perecedero, pero el sector está convencido de que el boicot se ha alargado tanto que aunque ahora se levantara el veto sería complicado recuperar los niveles de exportación que las producciones europeas en Rusia. Porque, además, Moscú ya ha garantizado el suministro de frutas y hortalizas al país cubriendo el hueco dejado por las producciones europeas con otros proveedores internacionales, especialmente del norte de África y del sur de América.

La amenaza estadounidense

Otra preocupación se cierne sobre los agricultores aragoneses. Todavía no ha llegado, excepto en forma de amenaza y la ha lanzado el presidente de Estados Unidos, de cuyas decisiones saben bien los productores españoles porque su decisión de prohibir la entrada de aceituna negra a su país se ha saldado con millones de euros de pérdidas, especialmente en el campo andaluz.

Ahora Donald Trump contraataca con el vino. No son los caldos españoles los que le inquietan. La advertencia de una subida de aranceles para estas producciones tiene su mirada puesta en la producción francesa, pero el mercado común europeo lo es hasta para los perjuicios, y en España los viticultores comienza a inquietarse por si la advertencia termina haciéndose realidad.

Aragón sería una de las zonas productoras más perjudicadas. Sus denominaciones de origen tienen mercado en el país norteamericano, y en el caso de la D. O. Calatayud, sus exportaciones a Estados Unidos son más significativas. Hacia ese gran mercado viaja el 22% de la producción total de esta denominación, totalmente volcada en los mercados exteriores.

Y sí, hay inquietud entre los vitivinicultores, pero tras el susto inicial, los productores de vino aragonés prefieren ser cautos, mantener la calma y no pensar en el grave impacto que esta decisión les causaría antes de que se produzca la situación.

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