las cuentas autonómicas
La DGA recurre a los bancos para poder pagar todos sus gastos desde el año 2006
El déficit presupuestario rebasó los 800 millones en 2010 y seguía por encima de los 300 en 2017. A la debacle de ingresos por la crisis se sumó el disparado aumento de nóminas y facturas, del 40%
Imagínese que tuviera que pedir un crédito para poder pagar el recibo de la luz o la factura telefónica. Pues esta situación, a una escala mucho mayor, ocurre en el Gobierno de Aragón. Desde el año 2006, las arcas autonómicas se ven obligadas a recurrir a los bancos para afrontar sus gastos no financieros, desde las nóminas de sus 56.633 empleados públicos y el gasto corriente para su funcionamiento hasta las transferencias, subvenciones e inversiones que se acometen en cada ejercicio.
Esta realidad, que supondría todo un quebradero de cabeza para cualquier familia y pondría en tela de juicio su propia viabilidad económica, la pone en evidencia la Cámara de Cuentas de Aragón en su informe sobre la cuenta general de la DGA de 2017. Así, destaca que desde el primer ejercicio en el que hay datos consolidados de ejecución presupuestaria, 2006, "el gasto no financiero se situó por encima de los ingresos no financieros, haciendo necesario un continuo recurso al endeudamiento para financiar los déficits presupuestarios generados en cada ejercicio". En la comparativa ha incluido en cada ejercicio las facturas pendientes de pago.
Si en 2007 el déficit presupuestario, lo que se entendería coloquialmente como los números rojos, rozaba ya los 50 millones, solo un año después ya se había disparado a 341 millones. La desenfrenada escalada tuvo su punto álgido en el periodo de transición entre el último mandato de Marcelino Iglesias (PSOE-PAR) y el de Luisa Fernanda Rudi (PP-PAR), en los años 2010 y 2011, con 885 y 840 millones de descuadre entre los ingresos y gastos.
La crisis económica explica en buena medida la debacle de las cuentas públicas, dado que los ingresos se hundieron en 2010 hasta tocar suelo en 2015. Para hacerse una idea, solo un año después de la Expo el erario tocó su techo de ingresos con 5.224 millones para hundirse al ejercicio siguiente a 4.571 y seguir en una tónica de descenso hasta los 4.034 millones de hace cuatro años. Es decir, 1.190 millones menos.
Pese a los severos recortes que acometió Luisa Fernanda Rudi para intentar embridar la situación, acabó su legislatura con 759 millones de déficit presupuestario. La situación se mantuvo igualmente desbocada hasta 2016, cuando empezó a reducirse de forma notable gracias a la recuperación y a la aportación adicional de ingresos que supuso la subida fiscal aprobada a principios de la pasada legislatura por el Gobierno de Lambán con el respaldo del bloque de izquierdas. En 2016 ya se redujo el desfase de ingresos y gastos a 432 millones y un año después, el último de la serie analizada por la Cámara de Cuentas, a 317 millones, el mejor registro en diez años.
El crecimiento del coste de la plantilla de la DGA y del gasto corriente fue diametralmente distinto. Si en 2006 suponían 1.560 y y 581 millones, respectivamente, en 2017 ascendían a 2.092 y 902. Es decir, se llegaron a disparar un 40%.
La Cámara de Cuentas incide en que la caída de ingresos desde 2009 "no se vio acompañada por una reducción proporcional de los gastos" y solo se empezó a corregir en 2016 gracias al aumento de los ingresos procedentes del sistema común de financiación (265 millones más en 2016 y 218 en 2017) y a la mejora de la recaudación de los tributos propios (18 y 38 millones más en 2016 y 2017, respectivamente).
Bajo estas circunstancias, se mantuvo el incumplimiento del objetivo de déficit y la regla de gasto, el también conocido como techo de gasto establecido por imperativo legal en 2013.
La deuda pasa de 1.163 a 7.759 millones
El objetivo de deuda sí se cumplió, aunque esto no significara que no sufriera un ascenso desconocido hasta entonces. Si nos retrotraemos solo a unos años antes, a 1999, la cuenta con los bancos ascendía únicamente a 906 millones y el déficit presupuestario hizo que de 2006 a 2017 pasara de 1.163 a 7.959 millones. Y el año pasado se cerró con un nuevo récord, 8.251 millones.
Uno de los efectos más perniciosos, criticado por los partidos de la oposición sin distingo de color político, ha sido el batacazo de la inversión autonómica. La DGA destinaba en 2006 a construir nuevos equipamientos e infraestructuras 392 millones y once años después había menguado paulatinamente la cifra hasta quedarse en un tercio, o lo que es lo mismo, 132 millones.
