Los ocho partidos con representación en las Cortes justificaron ayer el incremento de la subvención que percibirán del Parlamento autonómico esta legislatura, que se aprobará en la próxima Junta de Portavoces. También los anticipos que recibirán para empezar a funcionar y el hecho de que los parlamentarios cobren ya sus nóminas pese a no haber Gobierno. Los hubo, no obstante, que se abrieron a buscar fórmulas para agilizar el proceso de investidura y acortar este impás.

El portavoz socialista, Vicente Guillén, achacó el incremento presupuestario al hecho de que esta legislatura vaya a haber ocho grupos en vez de seis, justificación compartida por el resto de formaciones. Estos partidos, aseguró el también consejero de Presidencia en funciones, "necesitan dinero para pagar al personal y sus gastos corrientes". "Se ha fijado un mínimo, por pequeños que sean, para que puedan iniciar la actividad parlamentaria, algo en lo que todos hemos estado de acuerdo", subrayó.

Respecto a la actividad parlamentaria, incidió en que el trabajo de un diputado "no se limita a comisiones y plenos", sino que "va mucho más allá, tanto en el territorio, manteniendo reuniones con entidades, como en todo lo que tiene que ver con las negociaciones". Para la portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, el aumento de la subvención obedece únicamente "a la fragmentación del voto". Haberla congelado, en su opinión, habría sido lo mismo que asumir que en la legislatura anterior sobraba dinero. "A más grupos, más necesidad para mantener unas estructuras mínimas", resumió. Recordó, a este respecto, que las subvenciones "no subían desde 2013" y que esta vez se ha buscado un cálculo "más objetivo".

Ciudadanos aseguró que "nunca se opondrá a revisar la normativa pertinente para garantizar una mejor eficiencia del dinero público", si bien instó a tener en cuenta "que el número de grupos ha crecido". "Nosotros, estamos trabajando desde el minuto uno en la constitución del grupo y las estrategias a seguir durante la actual legislatura", defendió su portavoz, Daniel Pérez Calvo.

Podemos-Equo recalcó que la partida que sube es finalista y está destinada "a que los trabajadores de los grupos tengan unos salarios dignos". "El anticipo se hace para que se pueda empezar en agosto el proceso de contratación del personal que ayuda a los grupos. Hablamos de periodistas, asesores o juristas", recordó la portavoz del partido, Maru Díaz.

CHA también ve "útil" el adelanto propuesto, ya que así, según su presidente, José Luis Soro, se pueden crear ya los grupos de trabajo e impulsar la organización de las labores y funciones. Por su parte, el portavoz de Vox, David Arranz, afirmó que el hecho de que haya ocho grupos es "una situación excepcional", por lo que "resulta evidente que la partida total tiene que incrementarse". Y en cuanto al cobro de las nóminas, subrayó que una vez que se adquiere la condición de diputado "se ha de abandonar cualquier otra forma de trabajo remunerado".

En el PAR aseguraron que, pese a lo que pueda parecer, estos días "no se para". "Yo estoy viniendo a las Cortes todos los días a las 8.00", resaltó el líder aragonesista, Arturo Aliaga, que destacó la importancia de que los partidos "puedan contar con su personal de apoyo".

A este respecto, el coordinador de IU-Aragón, Álvaro Sanz, señaló que la propuesta económica que se aprobará la próxima semana "se ajusta a la nueva realidad" del Parlamento y a la necesidad de dotar de unos medios "imprescindibles" a los grupos.

Tiempo para negociar

Sobre la posibilidad de acortar el proceso de investidura no hay una postura clara. Los hay, como el PP o el PAR, que reconocen que "todo está abierto a mejoras" y que estarían a favor de estudiar cambios siempre que fuesen "en beneficio de los aragoneses". Inciden, no obstante, en que el hecho de que haya más partidos significa que se necesita más tiempo para alcanzar acuerdos.

El pleno de investidura se producirá más de dos meses después del 26-M, periodo en el que tanto la izquierda como la derecha han tratado de alcanzar los apoyos necesarios para gobernar. "No es lo mismo antes, que apenas había dos partidos, que ahora. Y más aún siendo que la política nacional está influyendo de manera determinante en Aragón", razonó Aliaga. Sanz, por su parte, opinó que los tiempos "son los oportunos para que la negociación no se perpetúe sine die".

El problema, recalcó Pérez Calvo, está en que para acelerar el proceso sería necesaria "una modificación del reglamento de las Cortes de Aragón para que no hubiera una libre interpretación del artículo 215.3, de forma que la propuesta del candidato y la fecha del pleno se anunciaran de manera simultánea o en un plazo máximo de tres días naturales". Otros, como el portavoz del PSOE, subrayaron que "Aragón es una de las comunidades que tienen unos plazos más breves".

Todos, no obstante, aseguran ser conscientes del "hartazgo" de los ciudadanos tras concatenar las elecciones generales con las autonómicas y municipales y ver que todavía no se ha formado gobierno ni en España ni en Aragón.