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El Justicia reclama mejoras en la seguridad, la ubicación y el personal de los puntos de encuentro familiares

En un informe iniciado de oficio por la institución, Ángel Dolado solicita la puesta en marcha de centros específicos para casos de violencia machista, así como la apertura de este servicio en cabeceras de comarca. Además, pide un aumento del número de trabajadores y una mayor cualificación de los mismos

Un punto de encuentro familiar ubicado en Zaragoza.
Un punto de encuentro familiar ubicado en Zaragoza.
Asier Alcorta/Heraldo.

Más seguridad, más trabajadores y mejor formados, y más centros que den servicio a todo el territorio aragonés. Estas son las sugerencias que acaba de hacer el Justicia de Aragón al Gobierno de Aragón para mejorar los puntos de encuentro familiares, que atienden a familias sometidas a procesos de ruptura. 

La institución abrió hace unos meses un expediente de oficio para analizar cuáles eran las necesidades de dichos centros, si contaban con los medios necesarios para el ejercicio de su labor y las propuestas que se podían efectuar para un mejor ejercicio de sus funciones. 

Actualmente, hay seis centros en funcionamiento que dependan de la administración autonómica en Aragón y que han dado servicio a cerca de 8.000 personas en los tres últimos años.  Dos están ubicados en Zaragoza (centro y periferia), hay otros dos en las capitales oscense turolense , así como en Alcañiz Calatayud

La primera conclusión del informe es que la Administración responsable del mantenimiento de la red considera que el funcionamiento de los puntos de encuentro en Aragón se está desarrollando dentro de la normalidad, con las dificultades propias de la prestación de un servicio público de esta naturaleza, en el que el conflicto en las relaciones familiares puede complicar la intervención.

Hay que tener en cuenta que el objetivo de los puntos de encuentro es la adaptación al sistema de visitas en casos de rupturas conflictivas y, en última instancia, lograr la normalización de las relaciones familiares en lo que a custodias se refiere.

El Justicia sí ha constatado que hay mayores reticencias en otras administraciones que intervienen, fundamentalmente en materias relacionadas con la violencia de género, así como en asociaciones de juristas y usuarias de estos puntos de encuentro familiar. 

Los principales motivos de queja radican en cuestiones derivadas de la cohabitación en los locales de casos derivados de separaciones y divorcios, con supuestos  de violencia de género. Aducen falta de seguridad y también se quejan por el hecho de que, en ocasiones, no se tiene en cuenta que los niños y niñas son también víctimas de la violencia y, a veces, se les está obligando a relacionarse con su victimario.

A este respecto, desde el Justiciazgo ven necesaria crear una red exclusiva para puntos de encuentro para casos de violencia de género, tal y como recoge el Pacto de Estado. Pero mientras no sea posible por razones presupuestarias, como medida alternativa, reclaman reforzar los protocolos en materia de violencia machista para garantizar la seguridad de las víctimas y el interés superior de los menores. En su informe, el Justicia recuerda el asesinato de una mujer ante su hijo a las puertas del punto de encuentro familiar en pleno centro de Zaragoza. 

Además, y en a cuanto a los locales en los que se realizan las funciones de los puntos de encuentro, el Justicia reclama que su ubicación responda a criterios de seguridad (calles transitadas e iluminadas, accesos sin recovecos…) y accesibilidad (preferiblemente locales en planta baja, céntricos con buena red de transporte…) 

Desde la institución, también solicitan la apertura de un mayor número de centros, que habrían de estar ubicados en las cabeceras comarcales, atendiendo a las estadísticas de divorcios contenciosos. De esta forma, se garantizaría una mejor cobertura a todo el territorio aragonés, extenso y disperso. 

En cuanto al personal, el Justicia pide "hacer un esfuerzo para mejorar sus condiciones laborales tanto en materia de seguridad como de conciliación, así como de estabilidad en el empleo, para evitar el alto índice de rotación". Además, aboga por reforzar las funciones de los equipos psicosociales para potenciar su intervención en la resolución de los conflictos familiares. 

Por eso, solicita un aumento de plantillas, al tiempo que apuesta por mejorar su cualificación a través de una formación continuada y evaluable, así como especialización en violencia de género para poder dar respuesta adecuada a las concretas necesidades que estos supuestos conllevan.

Por último, el informe contempla la recomendación de que se elaboren y aprueben cartas de servicios comunes a todos los puntos de encuentro y se habilite un circuito anónimo de presentación de quejas y sugerencias  directamente ante la Dirección General competente. 

 

 

 

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