"Chapuza, falta de control, improvisación y mala gestión". Estos fueron algunos de los calificativos empleados este martes por los portavoces de la oposición en las Cortes de Aragón a la hora de valorar la labor del Gobierno PSOE-CHA, que ha recibido otro varapalo de la Cámara de Cuentas al evidenciar el "grave desequilibrio patrimonial", el desfase de 349 millones entre ingresos y gastos y los incumplimientos en materia de contratación y personal en la cuenta general de 2017. Por todo, los partidos coinciden en exigir explicaciones al consejero de Hacienda en funciones, Fernando Gimeno.

Para el presidente del PP de Aragón y portavoz en las Cortes, Luis María Beamonte, debería dar cuenta de "irregularidades", con especial hincapié en la aprobación de expedientes presupuestarios en enero y febrero de 2018, que correspondían al año anterior, a través de una orden firmada por Gimeno, "sin que se conozca si existen informes de Intervención y de los Servicios Jurídicos".

Baemonte ha recordado el grave desequilibrio patrimonial, los 8.550 millones de deuda y el remanente negativo de tesorería de 590 millones. En política de personal, ha puesto de  relieve el desequilibrio que se deriva de complementos salariales de hasta 111 millones de euros sin rango legal que los soporte, y la adquisición de suministros y servicios sin contrato previo que en el Salud alcanzó los 198 millones de euros. "Hay un descontrol en la política de ejecución presupuestaria", ha dicho.

Más duro se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, quien ha considerado que la auditoría de la Cámara refleja una "auténtica chapuza" porque la DGA cerró el ejercicio de 2017 con "más deuda, más déficit y menos control". Por ello, ha propuesto poner "el contador a cero" para trabajar "sin perder de vista" que está en juego el dinero de los aragoneses y que tienen la obligación de hacer "presupuestos realistas".

Pérez Calvo se ha sido muy crítico con la fragmentación de contratos y los "200 millones en sobresueldos sin control", en alusión a los complementos retributivos a los funcionarios, aprobados en mesas sectoriales pero sin cobertura en una norma o reglamento. Tachó también, de barbaridad que el 48% de los expedientes de gasto sin contrato analizados correspondan al Salud.

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, ha manifestado que las irregularidades ya fueron denunciadas por su partido, especialmente en lo concerniente a la infradotación presupuestaria. "Cuadra bastante mal esta falta reconocida de recursos con promover bajadas populistas de impuestos", ha añadido.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, se ha puesto de perfil, no ha entrado a valorar el informe y se ha limitado a señalar que la DGA debe "tener en cuenta y seguir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas" con el fin de mejorar la gestión.

El portavoz parlamentario de Vox, David Arranz, ha mostrado su preocupación por las irregularidades en contratación y el desequilibrio presupuestario, lo que le ha llevado a hablar de "desgobierno"» y a considerar que la auditoría constata "un nuevo episodio de falta de control del dinero público".

El líder de IU-Aragón y diputado en las Cortes, Álvaro Sanz, ha requerido cambios en la política fiscal para corregir los «graves desfases» y el disparado aumento de la deuda, como apunta el órgano fiscalizador. «Hay que recuperar ingresos perdidos a través de medidas impositivas progresivas y buscando ingresos a través de sectores estratégicos», dijo.

Guillén cierra filas

Desde los partidos que respaldan al Gobierno, PSOE y CHA, se ha optado por cerrar filas. El portavoz socialista, Vicente Guillén, ha resaltado que se logró el año pasado cumplir los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto y el "arreglo" de las salvedades en Sanidad con la puesta en marcha de un acuerdo marco. También ha cargado contra el PP, recordando el "agujero de más de 900 millones" que dejó Rudi en 2015, así como la tardanza del Gobierno de Rajoy en aprobar las cuentas estatales, que supuso una "rémora" para los ingresos.

Por su parte, el presidente de CHA, José Luis Soro, subrayó la importancia de la fiscalización "para mejorar la gestión de los fondos públicos" e incidió en la necesidad de atender las reivindicaciones de la Cámara de Cuentas, "como se ha hecho en otros ejercicios".

La Cámara de Cuentas alerta de un "grave" desequilibrio de 349 millones en la DGA