función pública

Críticas a la DGA por dejar sin cubrir 10 plazas de auxiliares administrativos para opositores con discapacidad

Las entidades del sector reclaman que se constituya la comisión para la inclusión en la función pública, tras más de tres años de retraso. Exigen además que se cumpla la nueva ley autonómica, que eleva el cupo de reserva para este colectivo del 5% al 8% en convocatorias de empleo público.

Foto de archivo de la oposición de auxiliares de la DPH celebrada en el IES Pirámide en 2014.
Foto de archivo de una oposición para auxiliares administrativos celebrada en Huesca. 
J. Blasco/heraldo

El Gobierno de Aragón ha dejado sin cubrir 10 plazas de auxiliares administrativos de las 15 que había convocado recientemente para opositores con discapacidad. Según denuncian algunos aspirantes, el tribunal aplicó unas “pautas desorbitadas y desproporcionadas” de corrección en uno de los tres ejercicios de los que constaba la prueba. Un hecho que ha generado nuevas críticas de las entidades del sector, en tanto que “no es un caso aislado” y demuestra que “la inclusión en la función pública todavía dista mucho de ser una realidad”. "Seguimos desamparados y sin ninguna administración que vele por nuestros intereses", lamentan. 

A la prueba en cuestión, podían presentarse opositores que tuvieran reconocida una discapacidad en un grado igual o superior al 33%. La oposición constaba de tres exámenes. Los dos primeros -un tipo test con cerca de un centenar de preguntas y una prueba práctica de manejo de ordenador- eran eliminatorios. La tercera, de idiomas, era voluntaria para subir nota. Quienes aprobaran las tres y obtuvieran las mejores calificaciones debían luego hacer un curso de formación y pasar un periodo de prueba.

Solo 5 lo han logrado. Y diez nuevas plazas han quedado desiertas. Los problemas se han dado con la prueba práctica. Consistía en la elaboración, en un tiempo máximo de 30 minutos, de un documento utilizando, en un equipo con sistema operativo Windows, el procesador de textos Microsoft Word 2010 y la hoja de cálculo Excel 2010. Contaba con hasta 20 puntos para el global de la prueba (de un máximo de 51 en juego) y hacía falta obtener un mínimo de 10 para superarlo.

El tribunal ya advertía de que, para su valoración, se tendría en cuenta su correcta ejecución y se penalizarán tanto los errores mecanográficos, como la omisión o el incumplimiento de las normas de realización del ejercicio. Y es aquí donde, tal y como denuncian algunos de los aspirantes, los miembros del tribunal han sido “excesivamente estrictos”.

“Han aplicado pautas desproporcionadas con el proceso, y que nunca antes se habían utilizado en una convocatoria de auxiliares administrativos libres”, lamentan. Por ejemplo, se quejan de que, no solo se han penalizado exageradamente los fallos mecanográficos, sino que se ha sancionado también por igual la parte no realizada del ejercicio. 

¿El resultado? Dos tercios de las plazas que conformaban la convocatoria sin cubrir, y que vienen a profundizar aún más en la escasa inclusión de este colectivo en la función pública, como alertan las entidades del sector.

“La administración debería ser la primera en dar ejemplo”, recuerda la presidenta de la Fundación DFA y de la Confederación Coordinadora para la Defensa de las personas con discapacidad de Aragón, Marta Valencia. “Y ya no solo por la función pública. ¿Cómo vamos a avanzar en la inclusión real en la empresa ordinaria, si la administración no lo hace?”, se pregunta.

En la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, el número de empleados con discapacidad es de 829 personas, un 1,52% del total de trabajadores en nómina, mientras que las previsiones legales establecen el objetivo del 2%.

Para avanzar, la presidenta de DFA esgrime que Aragón cuenta ahora con el mejor de los instrumentos, la demandada ley de la Derechos y Garantías de las personas con discapacidad, que se aprobó por unanimidad en las Cortes en primavera tras años de reivindicaciones. “Ya tenemos la ley”, se felicita, “pero ahora tenemos que desarrollarla y hacerla cumplir”. En este sentido, desde las asociaciones del sector, esperan que haya pronto un nuevo gobierno autonómico con el que sentarse “cuanto antes” a hablar y trabajar.

La nueva norma, por ejemplo, eleva del 5% actual al 8% el cupo de plazas que han de reservarse para este colectivo en las ofertas de empleo público. Y establece que tanto en el acceso, como en la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo públicos se garantice “el principio de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”.

Entre sus reclamaciones en el área de la función pública, figura la de crear una bolsa de interinidades específicas para este colectivo y que así no pase a turno libre. De esta forma, explica Valencia, se daría además oportunidad a las personas con discapacidad a que vayan adquiriendo destrezas y habilidades.

También quieren avanzar con la administración “una mejor definición de los perfiles” para las distintas convocatorias de empleo en las áreas de Sanidad y Educación, algo que ya se trabajó en su día para las de Administración General. “De lo contrario es difícil que los puestos se cubran”, afirma.

Asimismo, y junto a CERMI, el Comité español de representantes de personas con discapacidad, han estado trabajando para que se impulse la Comisión Autonómica para la inclusión de personas con discapacidad en la función pública, que lleva más de tres años de retraso, y que ayudaría a abordar todas estas cuestiones.

Un organismo, cuya puesta en marcha, también reclamó recientemente el Justicia de Aragón. En respuesta a una queja ciudadana, Ángel Dolado abogó por desarrollar medidas de acción positiva que favorecieran el acceso de las personas con discapacidad a los puestos de funcionarios. Entre ellas, la más destacada era la implantación de notas de aprobado más bajas para los opositores con algún tipo de discapacidad.

Por su parte, el Gobierno de Aragón, que se encuentra en funciones desde las elecciones autonómicas de mayo ha rehusado responder a las quejas.  

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