El portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha criticado la política fiscal desarrollada por el Gobierno de Aragón durante la pasada legislatura y ha exigido cambios para evitar los "graves desfases" constatados por la Cámara de Cuentas en su informe de la cuenta general de la DGA correspondiente a 2017.

En una nota de prensa, Sanz destaca el endeudamiento de la Comunidad Autónoma en ese ejercicio, que se situó en 8.553 millones, e incide en que la única manera de que a esta deuda no se sumen otros 349 millones de euros "es recuperar ingresos perdidos a través de medidas impositivas progresivas y buscando ingresos a través de sectores estratégicos como puede ser en farmacia, energía o rehabilitación con la creación de empresas públicas”.

El diputado de IU advierte además de las irregularidades que "destapa" la Cámara, entre ellas el incumplimiento del departamento de Hacienda del procedimiento de contratación por un importe al menos de 211 millones, ya que, según el informe, fueron adjudicados sin expediente administrativo ni formalización de contrato. De esta cantidad, hasta 182 millones correspondieron a compras de farmacia hospitalaria.

Otro de los incumplimientos de legalidad que recoge el informe se refiere a fraccionamientos de contratos públicos, y además la DGA tampoco publicó las licitaciones y adjudicaciones de sus contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público e incumplió la obligación de comunicar a la Cámara todos los contratos. Los auditores estiman que el gasto no comunicado ascendió a 448 millones, de los que 437 correspondieron al Salud, una gasto que según el informe no aparece publicado en el Portal de Transparencia.

Sobre esta cuestión, Sanz reitera la apuesta de su formación por un cambio de gestión sanitaria y la reforma de la política de contratación laboral en la función pública que aporte estabilidad y evite las “peonadas”, como ocurre en la sanidad pública.

Para el diputado de IU, el informe supone un "duro golpe" al modelo sanitario aragonés y a sus gestores y “desvela” algunas cuestiones que IU siempre ha denunciado,“como "la improvisación en la política de compras, la falta de planificación y mala gestión, el abuso de las horas extraordinarias por carencias de personal y la excesiva medicalización del sistema”.

Sanz resalta también que en materia de personal, según el informe, la DGA mantuvo incumplimientos señalados en auditorías de años anteriores, como la existencia de complementos salariales sin cobertura en una norma o reglamento y el pago del complemento de productividad por 104 millones con carácter fijo cuando es un complemento variable y asociado al especial rendimiento.

“Una vez más –concluye Sanz - vemos cómo la Cámara advierte al Gobierno que tiene que cambiar en las formas y procedimientos, pero el documento demuestra el caso omiso del Ejecutivo aragonés a los informes anteriores”.

La Cámara de Cuentas alerta de un "grave" desequilibrio de 349 millones en la DGA