auditoría
La Cámara de Cuentas alerta de un "grave" desequilibrio de 349 millones en la DGA
El consejero de Hacienda replica que solo refleja un estado contable y cumple los objetivos de déficit y endeudamiento.
El "grave desequilibrio patrimonial" del Gobierno de Aragón le impide hacer frente siquiera a sus gastos sin aumentar aún más su abultada deuda. Así lo advierte la Cámara de Cuentas tras revisar la cuenta general de la DGA de 2017, cuya principal conclusión es que tiene un desfase de 349 millones de euros que se deberá cubrir con más créditos si no aumentan los ingresos no financieros o, por lo contrario, se reduce el gasto corriente. Esta realidad no es ajena al conjunto de las administraciones públicas, que dispararon su deuda tras desplomarse sus ingresos durante la crisis.
Si se tratase de una empresa privada, el Ejecutivo autonómico PSOE-CHA debería cerrar, ya que sus fondos propios antes de ajustes alcanzaron los -3.309 millones al cierre de 2017 y, para colmo, el remanente de tesorería también fue negativo y alcanzó los 532 millones, lo que "evidencia" la dificultad para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
El problema es que con el dinero que entra en las arcas autonómicas procedente de ingresos propios, 3.988 millones, no se puede sufragar la actividad ordinaria de la DGA. Es más, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes alcanza los 49 millones, según el órgano fiscalizador. Eso sí, reconoce que la situación ha mejorado respecto a los dos años anteriores gracias al "significativo" aumento de los ingresos.
A estos "continuos desequilibrios" se suman los recursos necesarios para pagar los intereses de la creciente deuda autonómica, que en 2017 alcanzó los 8.553 millones. De hecho, apunta que se necesitarían 180 millones adicionales de ingresos para cubrir los pagos a los bancos.
Y el cómputo global llega a los referidos 349 millones con el dinero necesario para afrontar la amortización de los créditos, que se eleva a otros 180 millones. "Todo ello sin tener en cuenta otras necesidades extraordinarias que pudieran surgir distintas de la actividad ordinaria", apunta la Cámara de Cuentas.
El órgano fiscalizador hace este análisis tras auditar las trece principales entidades de la DGA –entre ellas la propia Administración, el Salud, el Inaem o el IASS– que representan el 96% del gasto, que se elevó a 5.831 millones. Aunque concluye que las cuentas reflejan la imagen fiel de su patrimonio y situación financiera, especifica hasta 19 salvedades. Entre las más significativas, cita la "provisión insuficiente" para hacer frente a responsabilidades, probables o ciertas, por un importe de 114 millones.
Entre esos riesgos, la Cámara destaca los 25 millones reclamados judicialmente por el Ayuntamiento de Zaragoza en cumplimiento del convenio para la financiación del tranvía, los 20 millones de posible reclamación del Estado en concepto de devolución de fondos del Fite no ejecutados y los 15 millones por el pago de prestaciones a la dependencia reconocidas y no pagadas.
La Cámara de Cuentas pone igualmente en evidencia como otro de los incumplimientos la imposibilidad de que el presupuesto inicialmente aprobado pudiera ara atender la actividad de la DGA, que eleva a 272 millones. De este dinero, 194 millones correspondían a la insuficiencia de crédito para cubrir distintos gastos, a los que sumaba otros 78 millones procedentes de facturas pendientes de ejercicios anteriores.
No obstante, el dinero obtenido del Fondo de Facilidad Financiera y otras modificaciones permitieron cubrir 253 millones y la cuenta 409, la de las facturas en los cajones, se cuantificó en 79 millones al cierre del ejercicio. Eso sí, nada que ver con los 507 millones con los que el Gobierno PP-PAR cerró tres años antes, que con el Fondo de Liquidez redujo el actual Ejecutivo en funciones.
La Cámara de Cuentas también constata que Aragón incumplió el objetivo de estabilidad y la regla de gasto, lo que obligó a la DGA a presentar un plan económico financiero. Al mismo tiempo, admite que sí respetó los objetivos marcados de deuda financiera y de sostenibilidad de la deuda comercial, con un periodo medio de pago inferior a los 30 días de plazo legal.
Por todo ello, entre sus recomendaciones, el órgano fiscalizador propone fijar el límite del endeudamiento a corto plazo permitido para garantizar la plena cobertura legal de las operaciones que se suscriban.
Respuesta oficial
Ante esta realidad, el consejero de Hacienda en funciones, Fernando Gimeno, incidió en que el informe de la Cámara solo refleja el estado contable en un momento puntual y resaltó que en los últimos cuatro años se han logrado embridar las cuentas públicas y cumplir los objetivos de déficit y endeudamiento. Además, destacó que la cuenta 409 se ha reducido a las facturas de diciembre, que se pagan al siguiente ejercicio.
Gimeno subrayó que en la pasada legislatura se ha tenido el inconveniente de no poder reflejar los ingresos reales porque "no había presupuestos en Madrid", aunque luego, conforme avanzaba el año, sí se podía conocer el alcance real en los ingresos del Estado. "De ahí la insuficiencia a principios del ejercicio, porque no podíamos incluir ingresos que llegaban después. No han descubierto nada", sentenció.
![EL CONSEJERO FERNANDO GIIMENO COMPARECE EN LAS CORTES DE ARAGON / 08/01/2018 / FOTO : OLIVER DUCH [[[FOTOGRAFOS]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_320_180/uploads/imagenes/2019/07/07/imagen-2018-65111.jpeg)
