El retraso en la constitución del Gobierno de Aragón va más allá de la incertidumbre política que dilata el aterrizaje de grandes inversiones, a la espera de conocer quién tomará el poder en la Comunidad los cuatro próximos años o si será necesario repetir las elecciones. En estos momentos, hay bloqueados más de 55 millones de euros destinados a subvenciones, ayudas y convenios. Y tampoco se puede avanzar en la ejecución de media docena de equipamientos sanitarios ni en la tramitación de obras de mejora en nueve centros educativos ni en la licitación de la construcción o ampliación de otros ocho colegios e institutos en la región. Teruel, la provincia más necesitada de inversiones, es la más perjudicadas porque el bloqueo institucional autonómico y nacional congela los 60 millones del FITE (30 de Aragón) y los 16,8 millones destinados a proyectos en las cuencas mineras para intentar compensar el cierre de la térmica de Andorra.

Un Gobierno en funciones como el actual no puede aprobar proyectos de ley (incluido un nuevo presupuesto), ni autorizar expedientes de contratación por más de tres millones, ni conceder subvenciones por más de 900.000 euros. Tampoco se admite que reparta ayudas directas nominativas afectadas por una prórroga presupuestaria o que apruebe convenios de colaboración que supongan el reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad, salvo que concurran circunstancias de urgente necesidad y se justifique en las Cortes.

Las mejoras en centros sanitarios y educativos, que llevan aparejadas la inversión de decenas de millones, son las grandes damnificadas, y los plazos son muy ajustados para las de ocho colegios que deben entrar en funcionamiento en el curso 2020/2021. Pero no solo. La DGA tampoco puedo contratar el seguro de responsabilidad civil de los profesionales del Salud, ni ayudar a los afectados por la estafa de Idental, ni resolver subvenciones a entidades o a federaciones deportivas por los juegos escolares, ni a consistorios para mantener sus guarderías.

En Ciudadanía afecta, sobre todo, al reparto ahora paralizado de 1,5 millones del pacto de Estado contra la violencia de género. Pero tampoco se puede llevar a cabo la actualización de los precios en los acuerdos de la acción concertada, ni repartir las ayudas del 0,7%, ni reformar las ratios de personas de los centros de atención de dependientes.

La afección de este bloqueo institucional al campo aragonés también es notable con la congelación de 5,7 millones para el regadío social de Calcón y 8 millones para seguros agrarios aún sin convocar.

Aunque la incidencia económica es menor, también afecta al área de gestión en la consejería de Presidencia del Gobierno aragonés. No es posible desarrollar la Ley de Memoria Democrática, ni aumentar los refuerzos de los juzgados de cláusulas suelo ni incorporar más equipos sicosociales encargados de emitir informes en los juzgados de violencia de género.

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