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Los camioneros aragoneses, alarmados ante el fin de la bonificación en un tramo de la AP-68 obligatorio al ir por La Rioja
Una sentencia del Supremo, que anularía los descuentos, sume en la preocupación al sector. De pagar 5 euros, pasarían a abonar 29 como peaje entre Zambrana y Tudela, el recorrido alternativo que han de usar después de que la Dirección General de Tráfico les prohibiera transitar por la peligrosa N-232 en esa Comunidad.
¿Pueden o no pueden circular los camiones por la N-232 en La Rioja? Una sentencia del Tribunal Supremo ha sumido en la confusión y en la más honda de las preocupaciones a los profesionales del transporte de mercancías de esa Comunidad, pero también de Aragón, que en sus rutas han de atravesar el tramo de la carretera nacional comprendido entre Gimileo (kilómetro 446) y Alfaro (330), en el límite entre Navarra y La Rioja.
No saben, con seguridad, si pueden volver a transitar por ese ramal de la N-232 después de dos años vetados por la Dirección General de Tráfico y lo, que es peor, si van a seguir disfrutando de bonificaciones en el peaje de la AP-68 que han de utilizar obligatoriamente como alternativa por el 'cierre' de la nacional.
Hasta ahora, al llegar a ese punto de la N-232, los vehículos de cuatro ejes o más debían desviarse obligatoriamente a la autopista de pago AP-68. La medida fue adoptada por la DGT en 2017 en base a la siniestralidad que registraba la N-232 -una de las más peligrosas de todo el país-, la congestión que sufría la vía por la acumulación de camiones y la contaminación acústica que todo ello generaba.
Argumentos que ahora el Alto Tribunal -tras el recurso presentado por una compañía riojana de transportes, el Grupo Logístico Arnedo-, echa por tierra al considerar que no están lo suficientemente acreditados.
En el fallo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso alude a la “falta de justificación” y recuerda que el uso obligatorio de una autopista de peaje “implica una restricción a la libre circulación” a los profesionales del transporte, a los que, además, “se impone un gravamen, como es el citado uso obligatorio, aunque fuere subvencionado parcialmente por las administraciones”.
Y es que, desde que entró en vigor la prohibición, los camioneros disfrutaban de una bonificación del 75% en el tramo de la AP-68 comprendido entre Zambrana y Tudela, gracias al convenio alcanzado entre la Administración General del Estado, el Gobierno de la Rioja y la Autopista Vasco-Aragonesa.
“Tal exigencia -continúa la sentencia- ha de estar justificada en los pertinentes estudios que acrediten que las medidas acordadas son las más adecuadas al fin buscado”. Y dictamina que “el expediente administrativo se encuentra huérfano en lo que se refiere tanto a la congestión del tráfico, como a la contaminación”.
Por ello, el tribunal concluye que “una medida como la impugnada necesita de una acreditación aquí ausente da la prohibición”, ya que no se trata de una “simple limitación temporal u horaria de circulación”.
La sentencia -que se conoció a principios de semana- fue inicialmente muy bien acogida por el sector en tanto revertía una situación que acarreaba molestias y gastos adicionales en el día a día de muchos profesionales. Y que les situaba, falsamente en su opinión, como una de las principales causas de la siniestralidad en las carreteras.
Pero la alegría duró poco. En concreto, hasta este martes, cuando la Delegación del Gobierno en La Rioja se apresuró a aclarar que el Supremo no había anulado la prohibición de circular por la N-232, sino la bonificación practicada a los profesionales del transporte y que hacía más llevadera la medida.
Siempre según la administración, la confusión radicaría en que el Supremo habría anulado el Real Decreto por el que se articularon en su día las bonificaciones al sector, pero no la resolución de la DGT, que es donde figura expresamente la prohibición a los vehículos pesados de circular por la carretera.
A tenor de las declaraciones efectuadas por el delegado del Gobierno en la comunidad riojana, José Ignacio Pérez, se mantendría así el veto a los vehículos pesados, que además no podrían seguir aplicándose los descuentos a la hora de circular por la autopista.
Es tal la confusión y la preocupación que la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (TRADIME), que agrupa al sector en la Comunidad, ha recibido decenas de llamadas en las últimas 48 horas interesándose por la cuestión.
“Desde que se conoció el fallo, no han parado de llamarnos muchos socios alertados, preguntándonos si pueden circular o no por la N-232, y si se van a poder seguir aplicando los descuentos. Y la verdad no sabemos muy bien qué decirles. Por el momento, es todo muy contradictorio”, explica la gerente de la entidad, María José Pardo.
La responsable de Tradime señala que ya están analizando en profundidad la sentencia con sus servicios jurídicos, “para asegurarse bien de lo que viene a decir”, y poder hacer una comunicación oficial a sus socios.
Son decenas las empresas de transporte y cientos los profesionales afectados -ya que muchísimas rutas con salida desde Aragón han de atravesar La Rioja hasta su destino final-, y la situación roza el surrealismo. “Estamos ante el peor de los escenarios posibles”, se teme Pardo. Si se mantiene el veto a los vehículos pesados y se eliminan a la par las bonificaciones, “las afecciones y repercusiones económicas van a ser tremendas”, augura.
Si se confirma esta situación, de pagar 5 euros, los profesionales pasarían a abonar hasta casi seis veces más: 29 euros. Unos costes, advierte Pardo, que “normalmente no pueden repercutirse a los clientes finales” y que acabarán recayendo, “una vez más” en los profesionales que ya sufren unos márgenes muy ajustados en su trabajo diario.
A la espera de nuevas explicaciones oficiales, todo parece apuntar que, por el momento, los camiones no volverán a la N-232. De hecho, la Guardia Civil en La Rioja no ha recibido órdenes sobre no multar a los vehículos pesados.
Pero ya hay quien ve en la controvertida sentencia del Tribunal Supremo un precedente "fundamental" para la anulación de los desvíos obligatorios para trailers, que fueron recurridos en su día por la patronal del sector. En este sentido, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el órgano que está dirimiendo sobre la Resolución de la DGT, ratifique "lo antes posible" la eliminación de los desvíos que siguen en vigor.
Además del veto en la N-232, continúan operativas las prohibiciones de circular por las carreteras nacionales N-340 y N-240, en Cataluña y Comunidad Valenciana. De acuerdo a esta medida, más de 4.000 vehículos se ven obligados a diario a pagar por utilizar las autopistas de peaje AP-2 y AP-7.
