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Aragón

Vivienda

El 78% de los conflictos entre casero e inquilino terminan en desahucio

El año pasado se produjeron en Aragón 1.090 lanzamientos por impagos de las rentas del alquiler. La mayor parte no llegaron a juicio.

Concentración de la plataforma Stop Desahucios, este lunes, frente a la sede de la DGA en Zaragoza.
Concentración de la plataforma Stop Desahucios frente a la sede de la DGA en Zaragoza.
Guillermo Mestre.

David Balongo y Jennifer Palacín tienen 27 y 23 años y dos hijos. Un niño de tres, llamado Samuel, y una niña de dos, llamada Yasmin. Viven en Zaragoza, en el barrio de La Almozara, y van a ser desahuciados el próximo 20 de julio por no poder pagar el alquiler.

Llevan en ese piso cerca de dos años y al principio, mientras él alternaba subsidios con contratos de corta duración en la construcción y ella cobraba el Ingreso Aragonés de Inserción, iban afrontando el pago de los 450 euros mensuales que les supone el alquiler.

Hasta que tuvieron que hacer frente a un par de multas que les descuadraron las cuentas y empezaron a no llegar. Entonces, según cuentan, intentaron que les bajaran el alquiler y tampoco lo consiguieron. A día de hoy, llevan cinco meses sin pagar la renta e iban a ser desahuciados este jueves, día 20 de junio, pero el lunes consiguieron aplazar la fecha un mes.

Ya tienen los muebles desmontados y viven con todo empaquetado sin saber muy bien qué hacer con ellos: "Mi pareja acaba de conseguir un contrato de trabajo de dos meses con un sueldo de 900 euros, la DGA nos dice que con eso podemos pagar un piso pero al mismo tiempo nadie nos alquila nada con esa nómina y un contrato tan breve", explica ella, que tiene experiencia como ayudante de cocina y también está buscando trabajo.

Esta familia forma parte de ese 2% de la población aragonesa que reside en una vivienda insegura, según el último informe de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa) que acaba de presentarse este mes. Familias que se acuestan y se levantan cada día con la incertidumbre de si podrán hacer frente o no a los costes que les supone la vivienda y de si serán o no expulsados de su casa.

La estadística del Consejo General del Poder Judicial refleja que el año pasado se produjeron en Aragón 1.090 desahucios a inquilinos por impagos de las rentas del alquiler o de los gastos asociados al contrato (luz, comunidad, agua, etc). Veinte más que en 2017 y 133 más que en el 2016. Un goteo constante de lanzamientos por no poder pagar el alquiler que ha ido cobrando importancia hasta el punto de que en 2018 ya supuso el 70% de los 1.565 desahucios que se ejecutaron en Aragón, muy por encima de los hipotecarios (433).

Los desahucios invisibles

Concha Cano, portavoz de Stop Desahucios Zaragoza, confirma que a día de hoy la gran mayoría de los casos que se tratan en sus asambleas (todos los martes a las 18.30 en la calle Colón 6-8) son por impagos del alquiler, al contrario que hace unos años. "Cuando empezamos todo eran impagos de hipoteca. Ahora, son sobre todo gente joven que vive de alquiler. Y en realidad son muchos más de los que salen en las estadísticas porque estas no contemplan los desahucios invisibles, es decir, los que se producen cuando el contrato llega a su fin, el casero no quiere renovarlo y el inquilino se queda en la calle sin poder acceder al cada vez más exigente mercado del alquiler", resume Cano.

El propio informe Foessa reflexiona sobre lo que está sucediendo: "Han caído las expulsiones por no poder pagar la hipoteca pero han crecido los abandonos por no poder pagar el alquiler (...) superar la crisis no debería significar cambiar el escenario de 'desahucio por impago de la hipoteca' por el modelo de 'desahucios por no poder pagar el alquiler'. Salir de la crisis es poder descansar en una vivienda digna".

Según la última estadística sobre litigios en arrendamientos urbanos que se acaba de publicar, son solo el 6% los conflictos entre caseros e inquilinos los que se resuelven en Aragón con el pago de lo adeudado y la 'rehabilitación' del contrato de alquiler, lo que se denomina enervación. El resto, o bien abandonan la vivienda al recibir el requerimiento o bien terminan desahuciados a la fuerza.

Solo a lo largo del año pasado hubo en Aragón 1.752 litigios por arrendamientos urbanos, de los cuales 1.402 trataban específicamente sobre el alquiler de viviendas. En el 86% de los casos (1.205) no hizo falta llegar a juicio porque gracias a la Ley de Arrendamientos Urbanos el conflicto fue resuelto directamente mediante el decreto de un Letrado. De estos, 607 concluyeron con "la entrega de la posesión" al propietario y solo 74 con la "enervación", una posibilidad a la que solo se puede acceder una vez durante la vida del contrato. En el resto de las situaciones que no llegaron a juicio (513) el proceso culminó con el archivo de la demanda, lo que también puede significar que el inquilino acometió el requerimiento de abandonar la vivienda y pagar la deuda en el plazo de 10 días que se le dio.

De los casos que sí llegaron a juicio en Aragón por alquileres de viviendas (197), 144 (el 73%) vinieron motivados también por la falta de pago de la renta pero el inquilino puso oposición y un juez tuvo que terminar dictando sentencia. En la mayor parte de los casos (el 83%), la Justicia acabó dando toda la razón al demandante.

Sea por la vía que sea, el 78% de los conflictos entre inquilino y casero que tuvieron que resolverse en Aragón terminaron en desahucio. 1.090 de 1.402 solo el año pasado.

Perfiles vulnerables

Entre los perfiles más vulnerables a los lanzamientos por impagos del alquiler, el informe Foessa destaca en primer lugar los hogares cuyo sustentador principal es menor de 35 años, pues son los que con mayor frecuencia padecen costes residenciales excesivos, amenazas de expulsión de su vivienda y problemas económicos que les obligan a compartir piso, a alquilar habitaciones o a cambiar de vivienda.

"A medida que la edad del sustentador principal crece, las tasas de propiedad aumentan y los costes residenciales tienden a disminuir. Sin embargo, entre algunos hogares adultos - con la persona de referencia entre 35 y 49 años- son particularmente frecuentes los retrasos en el pago del alquiler, la necesidad de reducir el importe de los servicios de la vivienda, los avisos de corte o la insuficiencia de recursos para cubrir los costes residenciales.

También destacan el colectivo de hogares monoparentales: casi la mitad viven de alquiler, en torno al 30% tiene gastos excesivos de vivienda y un 25% no dispone de dinero suficiente para hacer frente a sus costes. De hecho, más del 8% han sufrido amenaza o riesgo de expulsión de su vivienda.

Por último, resaltan los problemas de exclusión residencial de las personas extranjeras, especialmente durante sus primeras etapas en el país de acogida. El 31,5% de los hogares encabezados por extranjeros (frente al 7,3% de los españoles) afronta costes excesivos de la vivienda. Esta amplia diferencia se explica, en parte, por el hecho de que el alquiler en los hogares extranjeros supera el 71,5%.

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