Siendo la desafección de los ciudadanos hacia la clase política un serio problema, el desarrollo de las negociaciones para formar gobiernos en las instituciones no va a ayudar en nada a restablecer la confianza perdida. Se percibe falta de coherencia y escasa altura de miras; y una excesiva intromisión de las estrategias nacionales en las decisiones que afectan a los órganos locales y regionales.

Las idas y venidas de los partidos durante las horas previas a la constitución de los ayuntamientos, que tendrá lugar esta mañana, no han sido precisamente edificantes. Ayer se presentaron a la opinión pública como cerrados pactos que, pocas horas después, resultaba que no contaban con el respaldo de todas las fuerzas necesarias. Y se mantenían con un interlocutor negociaciones que entraban en contradicción con lo que se estaba hablando con otro. Tampoco parece de recibo que un partido esté dispuesto a asumir una alcaldía con solo 3 concejales sobre 25. Ni que se planteen exigencias de última hora. El escenario poselectoral complica las negociaciones, pero hace falta más seriedad. Y no es bueno que se perciba una descarada intromisión de las estrategias nacionales de los partidos en las decisiones para gobernar las instituciones regionales y locales. La ciudadanía espera que se formen gobiernos en función de los resultados y de las necesidades de cada comunidad o ayuntamiento, y no como rebote de una carambola en el tira y afloja que las direcciones de los partidos sostienen desde Madrid. Las instituciones aragonesas no pueden quedar sujetas a un cambio de cromos realizado en función de intereses ajenos.

Hoy serán elegidos los alcaldes de los 731 municipios de la Comunidad, con especial atención a las tres capitales. Pero quedará por decidir el gobierno autonómico; y, sobre todo, se abrirá una legislatura en la que los ciudadanos esperan, en todos los niveles, que se gobierne en función del bien común. Los partidos deben esforzarse por estar a la altura.