El personal investigador en formación de la Universidad de Zaragoza reclama que la institución académica realice la subida salarial que les corresponde como empleados públicos. Según aseguran, el pasado viernes, la Universidad de Zaragoza se negó públicamente a aplicar a corto plazo las subidas salarias que el Gobierno ha aprobado en los últimos meses para los investigadores universitarios. "Medidas que en otras universidades (Navarra, Valencia, Salamanca y Cataluña) se han comprometido a aplicar", puntualizan.

El colectivo investigador detalla que entre estas medidas estaría la subida del 2,25% correspondiente a todos los empleados públicos españoles para el año 2019, más el 0,25% anunciado esta misma semana, la aplicación del Estatuto del Personal Investigador en Formación (que se aprobó pro Real Decreto el pasado mes de marzo), así como el pago de los trienios. 

"La Universidad de Zaragoza reconoció públicamente en la reunión de la Mesa del Personal Docente e Investigador que debía pagar. Aún así, mostró su intención de no cumplir esta legislación a corto plazo", recalcan. Al mismo tiempo, recuerdan que la Conferencia de Rectores de las Universidades de España (CRUE) ha publicado un dictamen que concluye que los salarios deben actualizarse inmediatamente. Por su parte, desde el campus público aragonés especifican que se está estudiando la situación. 

No obstante, desde la Universidad de Zaragoza puntualizan que en dicha reunión se emplazó a los representantes de los afectados a un nuevo encuentro con los distintos responsables de Consejo de Dirección que están trabajando en este asunto. "La intención es ofrecerles información de la forma más clara y directa posible", subrayan.

Los investigadores aseguran que en Aragón habría más de 300 afectados y que no descartan movilizarse para reclamar sus derechos. El pasado 22 de mayo, los investigadores de las universidad públicas de Cataluña plantearon una huelga con la que consiguieron que las instituciones académicas se comprometieran por escrito a aplicar estas medidas

"Nuestra voluntad es cumplir el Estatuto de Personal y lo estamos estudiando"

Acerca de la aplicación del Estatuto de Personal Investigador en Formación (EPIF), aprobado por real decreto el pasado marzo, la vicerrectora de Política Científica del campus aragonés, Blanca Ros, ha asegurado que la entidad académica es "consciente de la urgencia y de la importancia" que tiene esta cuestión y que la "voluntad" es cumplirlo en cuanto sea posible.

"Estamos recabando información desde el punto de vista jurídico y económico para ver cómo acometer esas implicaciones que para la Universidad tiene este dictamen", ha apuntado. Al mismo tiempo, ha explicado que el asunto se está abordando tanto desde un punto de vista individual como de forma conjunta con otras universidades para "tener un posicionamiento y unas acciones que sean coherentes y comunes en todo el territorio nacional".

El incremento salarial que se plantea en este Estatuto le supondría a la Universidad un desembolso de unos 300.000 euros anuales. En este sentido, la vicegerente de investigación, Carmen Baras, ha concretado que la complejidad de este tema radica en que la subida salarial que se recoge "no puede suponer un incremento de gasto público" para la entidad académica, por lo que ni el Gobierno central ni el autonómico lo van a asumir en sus ayudas predoctorales. Este coste no está contemplado en el presupuesto ya aprobado, por lo que hay que articular medidas extraordinarias para contabilizarlo.

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