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Cuando compartir es delito: no todo vale en las redes sociales

La difusión de imágenes y vídeos que comprometen la intimidad personal o la dignidad de quienes aparecen en ellos puede conllevar penas de prisión de tres meses a un año. Analizamos con expertos por qué se divulgan y dónde están los límites.

Adolescentes utilizando WhatsApp // 18-10-13 // FOTO: Luis Gimeno
Jóvenes utilizando su teléfono móvil en Zaragoza.
L. Gimeno

¿Alguna vez se ha preguntado cuántas imágenes y vídeos ve, recibe o comparte a diario a través de las redes sociales? La difusión de estos contenidos se ha convertido en una práctica habitual, impulsada por la comunicación sin límites que brinda internet y por un lenguaje digital cada vez más visual. Generalmente, aunque su origen no siempre es conocido, estos documentos son ‘inofensivos’ -fotos de amigos o familiares, vídeos curiosos, chistes... Sin embargo, también se dan contenidos que comprometen la intimidad personal o la dignidad de quienes aparecen en ellos. En estos casos, divulgarlos puede llegar a considerarse un delito y acarrear consecuencias legales.

Uno de los casos recientes que ha reavivado el debate sobre los límites en las redes sociales es el de Verónica, la mujer de 32 años que se suicidó hace dos semanas después de que se compartiera por Whatsapp entre sus compañeros de trabajo un vídeo suyo de contenido sexual. Pero este caso, que ha generado un gran impacto social por su trágico desenlace, no es un hecho aislado. Cada día circulan por las redes imágenes o vídeos que violan la privacidad de las personas y que pueden llegar a causarles un daño irreparable.

El Código Penal establece penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses para quien “sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”. Del mismo modo, recoge penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses para quienes produzcan, distribuyan o vendan “escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito” por motivos ideológicos, racistas, sexistas, situación familiar, enfermedad o discapacidad, entre otros.

Control social y poder

La legislación es clara y contundente, entonces, ¿por qué se llevan a cabo este tipo de prácticas? “El cotilleo y el fisgar en la vida de los demás es algo que lleva sucediendo desde el comienzo de la historia, pero antes, el impacto se quedaba a nivel comunitario y, hoy en día, con las redes sociales, el impacto puede ser global”, explica Celia Marcén, socióloga y profesora e investigadora de la Universidad San Jorge. Para la experta, esa invasión de la privacidad está muy relacionada con el control social y la idea de poder, de ahí que este tipo de contenidos se utilicen frecuentemente para extorsionar o chantajear a las víctimas: “El conocimiento es poder, con lo cual, quien conoce muchas cosas de los demás tiene una fuente de poder para manipular o ejercer una presión o un control sobre esa persona. El cotilleo siempre ha servido para comparar nuestra vida con la de otros y también con esa función de control social y de encarrilar a aquellos individuos que pudieran mostrar algún tipo de conducta desviada”.

“Las redes evidencian la rapidez con que un problema que antes se podía quedar a un nivel muy local ahora se puede disparar y hacer mucho daño en tiempo récord”

No obstante, con las redes sociales, han entrado en juego otros factores, como el desconocimiento o la falta de adaptación a estos nuevos canales de comunicación. “La tecnología ha avanzado de una forma tan rápida que no nos ha dado tiempo a establecer mecanismos de adaptación social, de conocer qué consecuencias tiene ni de regular nuestra conducta en base a esto”, añade Celia Marcén. Uno de los principales errores, especialmente en redes sociales como Whatsapp, es la sensación de estar en un entorno privado, cuando realmente hay una difusión pública (especialmente en los grupos) y el contenido puede expandirse de forma rápida y masiva, tal y como apunta Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet: “Las redes evidencian la potencialidad, la rapidez con que un problema que antes se podía quedar a un nivel muy local ahora se puede disparar y hacer mucho daño en tiempo récord”.

Ciberacoso en el entorno laboral

Paradigma de esta situación es, quizá, el caso de Verónica. Su suicidio ha hecho saltar las alarmas en torno a la necesidad de adaptar los protocolos de prevención del acoso a la nueva realidad social y de garantizar su aplicación en el entorno laboral. “En 2007, cuando se promulgó la Ley de Igualdad, no estaba muy desarrollado el tema de los ciberataques, las redes sociales… Y el ciberacoso es más difícil de detectar. Tanto las empresas como los sindicatos tenemos que iniciar procedimientos de sensibilización y de actualización de estos protocolos para evitar casos de este tipo”, reconoce Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo y coordinadora de la secretaría de Igualdad de UGT Aragón.

En cualquier caso, de demostrarse que Iveco, la empresa donde trabajaba Verónica, no actuó para frenar este acoso, podría haber cometido una “infracción muy grave” y “la sanción administrativa podría llegar en el rango más alto a superar los 180.000 euros”, detalla Diego Pascual, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza. Por otra parte, la familia de la víctima estaría en su derecho de interponer una demanda de “daños y perjuicios”, tanto a la empresa como a los trabajadores que difundieron el vídeo, que al margen de la responsabilidad penal, podrían ser despedidos como medida disciplinaria “por cometer un delito en el seno de la empresa” y, por tanto, sin indemnización.

Falta concienciación y educación

Pero, ¿es consciente la sociedad de las consecuencias que puede tener la difusión de determinados contenidos? Para la socióloga, la clave no está tanto en la sanción legal (“todo el mundo es más o menos consciente de que eso puede llegar a suponer un delito”), sino en la sanción social, es decir, “hacer algo que conlleve aislamiento o una recriminación en su círculo cercano”, y precisamente el anonimato que ofrecen algunas redes sociales favorece la pérdida del miedo a esa sanción social, amparando a quienes difunden contenido dañino. En esos casos, “ya no solamente es que sea un delito -incide Marcén-, sino que, además, no es ético ni humano porque hay una intencionalidad de dañar la reputación o el honor de una persona”.

"Ya no solamente es que sea un delito, sino que, además, no es ético ni humano porque hay una intencionalidad de dañar la reputación o el honor de una persona"

Para el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, el principal problema está en la falta de concienciación y formación: “Hay mucha inconsciencia. Nadie nos habla de los límites y, por lo tanto, no tenemos claro dónde están, tanto en gente adulta como adolescente, porque se les da una herramienta como es un teléfono móvil, pero nadie les enseña hasta dónde y cuáles son las consecuencias”. Los expertos coinciden en la necesidad de reforzar la educación en el entorno digital, sobre todo en los más jóvenes, un grupo que preocupa especialmente por su alta exposición en redes sociales y por encontrarse todavía en proceso de aprendizaje y adaptación.

Retos virales entre los jóvenes

En los últimos años, son frecuentes los vídeos de adolescentes realizando retos virales que los exponen en situaciones de vulnerabilidad. Quizá el caso más reciente sea el polémico ‘juego de la muerte’, que consiste en estrangular el cuello de alguien hasta que queda inconsciente, mientras otro lo graba y lo cuelga en las redes sociales. Desde el punto de vista sociológico, este tipo de conductas (no tanto el ‘juego’ en sí, sino su difusión en internet) se da por la creciente necesidad de los jóvenes de obtener reconocimiento social en un entorno cada vez más amplio y desconocido. “Se ha perdido el entorno cercano y está siendo sustituido por unas redes anónimas muy grandes en las que nadie sabe quién es quién. Los jóvenes buscan ese reconocimiento, esa aceptación que antes se daba en el grupo de amigos y que hoy en día se ha maximizado, generando una dependencia a cuántos ‘likes’ o seguidores tengo. Es el modelo que están representando los ‘influencers’, que muestran valores estéticos o de capacidad de consumo”, comenta Celia Marcén.

"Se ha perdido el entorno cercano y está siendo sustituido por unas redes anónimas muy grandes en las que nadie sabe quién es quién"

Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), aseguran que no han tenido constancia de la difusión de este tipo de vídeos en centros aragoneses, si bien reconocen que las redes sociales es un tema que preocupa entre la comunidad de padres: “No hemos recibido ningún caso concreto, pero realizamos charlas de formación continuamente a alumnos, profesores y padres”. En estos encuentros, enmarcados dentro del Plan Director del Ministerio del Interior y en los que participan agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y psicólogos, “se incide a los padres en que estén vigilantes y que establezcan cierto control parental, y a los alumnos se les enseña lo que se puede compartir y lo que no y que no todo es veraz, en definitiva, se transmite el buen uso de las nuevas tecnologías”.

Líneas rojas

La educación es clave en este contexto, pero también la normativa, que debe adaptarse a los nuevos entornos digitales y marcar los límites. “Los estados y los grandes organismos van a tener que regular con líneas rojas muy marcadas cuáles son las reglas del juego. Y tenemos un trabajo enorme de formación de las nuevas generaciones, pero ese proceso es exactamente el mismo que se sigue en todo el proceso de socialización cuando un niño agrede a otro simplemente porque le quiere quitar un juguete y tiene que aprender que eso no está bien y que daña a su amigo”, reconoce la socióloga.

Para el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, es la legislación la que debe marcar esas limitaciones y no necesariamente las propias plataformas, para evitar “invadir otros derechos” como la libertad de expresión o la de información: “Muchas veces, incluso cuando las plataformas ponen su límites, rápidamente se desarrollan técnicas para burlarlos, como en Instagram, que no se pueden publicar desnudos, pero se tapan un poquito y pasan el filtro de la aplicación. Yo soy partidario de que la ley se establezca por los mecanismos que la jurisprudencia establece y que las plataformas sean neutrales, y que si alguien se salta la ley porque publica algo que no es lícito, sea la legislación la que pueda permitir que esa persona dé cuentas ante la legalidad”.

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