fraude
El cerebro del fraude del cáncer cobraba 15.000 € al mes y fichó a su mujer, 2 hijas y una hermana
La Policía destaca el alto nivel de vida que llevaba la familia del principal investigado.
Roberto Pérez Rodríguez y su familia llevaban un alto tren de vida a costa de los donativos recaudados para luchar aparentemente contra el cáncer infantil o ayudar a víctimas de catástrofes naturales en distintos países del mundo. Los cinco millones de euros captados desde 2014, cuando Pérez creó la asociaciones Liga Nacional contra el Cáncer Infantil (Linceci) y Bomberos Unidos Gestión Pymes SL, han sido destinados casi por completo a su enriquecimiento personal y el de sus colaboradores. Entre ellos Óscar Alberto A. P., considerado su mano derecha y, como él, en prisión provisional desde el pasado viernes. Junto a Roberto Pérez fueron detenidos su mujer, María Pilar L. D., y sus colaboradores Fernando C. U. y David C. C. A todos se les investiga por presunta estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Los agentes que a lo largo de once meses han investigado el entramado societario montado por el cabecilla de la red se quedaron asombrados de su tren de vida, a pesar de que Licenci es una asociación registrada como sociedad "sin ánimo de lucro", como explicaron el inspector jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco), Alberto Larripa, y el inspector responsable del Grupo de Blanqueo de Capitales. "Era lo contrario", indicó este último, el dinero lo destinaban a su lucro personal y a mantener el entramado empresarial y casi nada a los fines solidarios anunciados. Como ejemplo de derroche explicaron que comían prácticamente todos los días fuera de casa en caros restaurantes de la ciudad y conducían lujosos coches y motos.
Por el momento, la Policía se ha incautado de un piso en Zaragoza, un apartamento en Peñíscola, un chalé en Añón de Moncayo, cuentas bancarias y diez vehículos. Entre ellos hay cuatro de alta gama de marcas como Jaguar, Jeep o BMW, uno de ellos aún sin estrenar, así como un Toyota Corola. Los vehículos eran usados principalmente por la familia de Pérez, según los agentes. Ante la Policía, el principal encausado ha llegado a reconocer que tenía un sueldo de 15.000 euros mensuales, que se complementaba con los 5.000 mensuales que cobraba su esposa. Para cerrar el círculo, tenía contratadas a sus dos hijas y a su hermana.
Por el contrario, a las empleadas del ‘call center’ desde donde se captaban fondos en todas las provincias de España se les pagaban salarios mínimos al trabajar por objetivos. Si no cumplían las expectativas, se les rebajaban las horas como un modo de presionar para que los alcanzaran. Cuando no los lograban eran despedidas.
De los 5,5 millones de euros, 300.000 los habían destinado a montar otro centro de llamadas en Perú, donde pensaban establecerse con el mismo y exitoso sistema que en España y que ha sido desmontado gracias a la denuncia presentada en 2018 por la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón (Aspanoa) y el trabajo policial, que continúa abierto.
