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Sanidad licitará el contrato de transporte sanitario no urgente por 42 millones, 10 más que el actual

El transporte sanitario programado dispondrá de más equipos y personal ante el incremento de la demanda. Entre los años 2015 y 2018, se requirieron 961.800 servicios en Aragón. 

Emergencias. El papel de los médicos de la uci y de los anestesistas es vital en la atención a casos de emergencia -en la foto, una ambulancia llega al hospital Obispo Polanco de Teruel-. Facultativos de ambas especialidades piden al Servet apoyo para cubrir todas las guardias y rebajar así su presión física y psicológica.
Actualmente, la empresa NTSA se hace cargo del transporte sanitario no urgente 
A.García/Bykofoto

Aragón registró cerca de un millón de servicios en ambulancias no urgentes o programadas entre los años 2015 y 2018. Y la demanda de estas atenciones crece año a año. Ante esta realidad y la necesidad de contar con más equipos y más personal, el último Consejo de Gobierno autorizó a Sanidad que inicie el expediente de contratación del nuevo servicio del transporte sanitario no urgente por un total de 42,5 millones de euros, diez millones más que lo que ha pagado por el actual contrato.

El transporte sanitario no urgente consiste en el desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente clínicas, cuyo estado de salud les impida ir en los medios ordinarios de transporte a un centro sanitario para recibir asistencia o volver a a su domicilio tras recibir la atención.

La actual concesionaria de este transporte programado de ambulancias es Nuevos Transportes Sanitarios de Aragón (NTSA) que consiguió a finales de 2014 el contrato. En diciembre de 2018 se le prorrogó hasta junio de 2019. En total, las ambulancias del transporte sanitario no urgente han hecho durante estos últimos cuatro años más de 35 millones de kilómetros por toda la Comunidad aragonesa, según confirmaron fuentes del Departamento de Sanidad.

La vigencia del nuevo contrato que ahora saldrá a licitación será también de cuatro años, con posibilidad de prorrogarlo otros dos más. Está previsto que el anuncio y el pliego de condiciones del nuevo concurso se publiquen próximamente en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). A partir de ese momento, se podrán iniciar los trámites administrativos. El contrato se va a dividir en tres lotes, uno por cada provincia (Huesca y Barbastro, Teruel y Alcañiz y los cuatro sectores de Zaragoza, incluido Calatayud). Según explicaron desde el Departamento de Sanidad, las empresas podrán presentar una oferta integradora como variante de mejora para obtener la adjudicación del concurso.

Temor de los trabajadores

Ante el incremento del importe del contrato, los trabajadores del transporte sanitario no urgente confiaron ayer en que el Gobierno de Aragón respete este montante y no acepte ofertas de empresas con "bajadas temerarias", tal y como aseguraron que pasó en el anterior concurso. A Nuevos Transportes Sanitarios de Aragón se le adjudicó el servicio en 2014 por 32,3 millones de euros, cuatro millones menos de los inicialmente previstos en la licitación.

Según criticaron los empleados, este ahorro ha repercutido no solo en el servicio ofrecido sino que ha hecho empeorar significativamente las condiciones laborales y económicas del personal.

Nuevos Transportes Sanitarios de Aragón se hizo con el servicio del transporte sanitario no urgente tras sustituir en 2014 a Ambuibérica. Esta empresa no se presentó al concurso después de la polémica en la que estuvo envuelta por el cobro de servicios no prestados, detectados durante el Ejecutivo autonómico del Partido Popular.

Antecedentes con Ambuibérica

El Tribunal Supremo absolvió en agosto del año pasado a los dos trabajadores de la empresa Ambuibérica que fueron condenados por insertar masivamente datos falsos sobre servicios prestados al Servicio Aragonés de Salud (Salud) para incrementar de forma ilícita en 178.000 euros el beneficio de la empresa. El tribunal de la Sección Sexta impuso penas de un año y medio de cárcel y multas de 1.800 euros a David Llanos e Irene Lázaro como responsables de un delito de estafa agravada, condena que ahora ha sido anulada.

El alto tribunal no valoró si cometieron o no el delito, pues ese no era el objeto del recurso, sino si la Asociación de Ambulancias del País Vasco, que ejerció la acción popular, estaba legitimada para acusar una vez que la Fiscalía y el Gobierno de Aragón como perjudicado se habían retirado del procedimiento judicial. Los trabajadores recriminaron entonces que la DGA no se personara como acusación particular en la causa ni siguiera adelante con el proceso judicial.

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