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La DGA aún debe convocar el 36% de las 10.000 plazas de sus ofertas de empleo de la legislatura

La directora de Función Pública dice que la alta tasa de temporalidad se puede reducir a la mitad antes de acabar 2020.

Tasa oferta empleo publico 2016/2018
Tasa oferta empleo publico 2016/2018
HA.

El Gobierno de Lambán acabará la legislatura con el 36% de las plazas que incluyó en sus oferta de empleo de la legislatura, que suman casi 10.000 vacantes, aún pendientes de salir a convocatoria. El bloqueo se centra en las 1.256 plazas de estabilización de puestos temporales, cubiertos por interinos, en la Administración general, ya que la coalición PSOE-CHA no ha convocado ni un solo puesto en los dos últimos años. Y a estas se suman otras 2.377 de Educación y Salud, que llevan su calendario.

La directora general de Función Pública, Arantxa Millo, admitió el bloqueo, aunque se mostró convencida de que la alta tasa de temporalidad, que roza el 40%, podría reducirse a la mitad antes de acabar 2020 con las convocatorias previstas. El primer paso se dio el pasado otoño con la aprobación del baremo que regirá el concurso-oposición al que deberán someterse los interinos y cualquier ciudadano que quiera optar a los puestos que ahora ocupan en precario. Y tras las elecciones se deberá pactar una bolsa única de empleo temporal para poder lanzar las plazas de estabilización.

El problema añadido es que el Sindicato de Trabajadores de la Administración, que da cobertura a los interinos, ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Millo apuntó que no les han notificado "el fondo del asunto", pero enfatizó que el proceso no lo ha paralizado ningún juez y, por tanto, tras las elecciones se podría comenzar con las convocatorias de Administración General.

Eso sí, el siguiente gobierno que salga de las urnas el día 26 deberá darse prisa, dado que el plazo legal para hacer efectiva la oferta de empleo público aprobada a finales de 2017 expira en el otoño de 2020.

Arantxa Millo explicó que Educación y Salud acumulan el grueso de la oferta con 2.497 y 5.604 plazas, respectivamente, en 2017 y 2018. En su caso, todas se cubren por concurso oposición desde hace años, lo que ha facilitado fijar los calendarios de convocatoria, como reconocen los sindicatos. De hecho, solo faltan 330 plazas en el sector educativo (el 13,6%) y otras 2.047 en el sanitario (36,5%).

El problema, admitido por todas las partes, es que por primera vez se harán convocatorias por este mismo procedimiento, el de concurso-oposición, para cubrir las 1.256 plazas de estabilización en la Administración General, lo que ha obligado a pactar los criterios.

La directora general apuntó que, si ganan de nuevo las elecciones, podrían hacer convocatorias únicas de la oferta ordinaria y de estabilización. "Con un mismo examen, el proceso será más igualitario. Todos los aspirantes tendrían las mismas preguntas", defendió.

Críticas de los sindicatos

Los sindicatos echan en cara al Ejecutivo su "falta de diligencia" para lanzar las 254 plazas correspondientes a 2017, lo que podría haber evitado su judicialización o, al menos, aclarado la situación a estas alturas tras un pronunciamiento de la Justicia.

El secretario del sector autonómico de CC. OO.-Aragón, Francisco José González, subrayó que la DGA no puede ponerse ninguna medalla, ya que estas ofertas de empleo son fruto de los acuerdos alcanzados a nivel nacional con el Gobierno del PP, impuestos por la UE ante la elevada temporalidad en la Administración. "El problema está ahora en que el próximo Ejecutivo autonómico podría modificar la oferta o dejarla caducar, como ya pasó en el Ayuntamiento de Zaragoza", advirtió.

La secretaria de Servicios Públicos de UGT-Aragón, Alicia Hernández, urgió a sacar las convocatorias y aclaró que ninguna de ellas supondrá generar nuevos puestos, sino cubrir vacantes y estabilizar temporales. También lamentó el "uso fraudulento" de la temporalidad para atender las necesidades y servicios, que ha llevado a que la DGA haya ganado 3.000 puestos en la legislatura, fundamentalmente en Educación.

Por su parte, el presidente autonómico de CSIF, Pablo Asín, defendió que el recurso presentado a la oferta de estabilización impedirá convocar y lamentó que haya funcionarios que deban estar como interinos dos décadas, como fue su caso, porque no se convocan las plazas.

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