Aragón
La Universidad de Zaragoza ha perdido 289 contratados de administración y servicios desde 2011
La mayoría de los puestos de personal laboral desaparecidos eran de técnicos vinculados a proyectos de investigación. La falta de financiación y la normativa, que impedía encadenar contratos, razones de la drástica caída en estos años.
La Universidad de Zaragoza ha visto drásticamente reducido el número de su personal técnico asociado a proyectos de investigación. En los últimos ocho años (de 2011 a 2019), los contratados laborales integrados en el Personal de Administración y Servicios (PAS) han pasado de 456 a 167. Y la inmensa mayoría de los 289 puestos desaparecidos eran de técnicos de investigación.
Según los datos que arrojan los censos elaborados para las elecciones sindicales que se celebran el próximo jueves, 16 de mayo, en la Universidad de Zaragoza –y comparando estos números con los recogidos en los censos de 2011 y 2015– la caída roza el 63,4%.
Las consecuencias que la desaparición de estos puestos tiene para la investigación son demoledores, ya que ha supuesto la salida de los centros de investigación de la Comunidad de cientos de profesionales cualificados y formados durante años.
Las razones de esta merma –una situación que no solo afecta a la universidad aragonesa sino que es generalizada en el resto de España– son fundamentalmente económicas. Según fuentes de este colectivo, la forma como se financia en España la investigación está en el origen de este descenso: los proyectos reciben recursos finalistas y los profesionales que los llevan a cabo son personal laboral con contratos temporales.
La mayor caída se produjo entre 2011 y 2015. Hasta 2012, pese a que el Estatuto de los Trabajadores no permite encadenar este tipo de contratos (con vigencia máxima de tres años), todas las universidades hacían la vista gorda para mantener y dar una mínima continuidad a estos puestos. A partir de ese año, la crisis se notó también en la investigación, llegaron los recortes y sin financiación, los proyectos cayeron en picado, por lo que muchos técnicos no pudieron seguir renovando contratos. Según los censos, en esos cuatro años se perdieron 245 puestos de personal con contratos laborales, casi el 54% del total. Pero la puntilla se la dio una disposición contenida en los Presupuestos Generales de 2017 que recordaba que encadenar contratos laborales temporales era ilegal y amenazaba con actuar contra las administraciones públicas que los permitieran. Entre 2015 y 2019 desaparecieron otros 44 (la plantilla pasó de 211 a 167).
La desaparición de estos puestos amenazó la continuidad de muchas investigaciones que vieron mermados sus efectivos. Fue en ese momento (enero de 2018) cuando se creó la Plataforma por una Investigación Digna, que aglutina a personal investigador y técnicos, ya que la temporalidad es común a ambos colectivos. El objetivo de esta Plataforma era lograr unas plantillas de investigación con financiación suficiente para crear una estructura estable en la Universidad de Zaragoza, que contemplara contratos fijos, indefinidos y temporales. La Ley de la Ciencia de Aragón, que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, recoge esta petición. Pero aún falta desarrollarla y ponerla en marcha.
"El problema de la investigación en España es que a nadie le importa"
Alfonso Ibarra es uno de los técnicos de investigación que trabaja en la Universidad de Zaragoza. Su situación laboral es una excepción, ya que es uno de los 30 indefinidos no fijos del PAS de la Universidad, una figura que reconoció en su momento el Tribunal Supremo para dar respuesta a los técnicos despedidos tras años de trabajo y de encadenar contratos en fraude de ley. Por esta circunstancia y por estar adscrito a un proyecto que cuenta con financiación hasta 2021, tiene una situación un poco más estable que otros técnicos.
Ibarra se muestra muy crítico con la forma como se financia en España esta actividad, que obliga a los profesionales a la precariedad laboral y lleva al sistema a la pérdida constante de conocimiento. "El problema de la investigación en este país –asegura– es que a nadie le importa en realidad. Los políticos ponen en sus programas electorales la defensa y el impulso de la investigación, pero luego no hacen nada; la investigación no da votos".
Y esta crítica no la hace solo para Aragón, sino para toda España. "El motor económico debería ser la investigación, la I+D+i. No ir en esta dirección –asegura– nos convertirá en un país de servicios". Ibarra recuerda que en Alemania, en los últimos cinco años el presupuesto destinado a la investigación ha subida un 5%, mientras en España se ha reducido el 11%: "Está claro por qué apostamos", dice.
Él es Físico de formación. Tras estudiar en Granada, se doctoró en la Universidad del País Vasco y trabajó en Francia y Madrid antes de recalar en Zaragoza. A la capital aragonesa llegó para integrarse en el Laboratorio de Microscopías Avanzadas (LMA), un proyecto que está dentro del Instituto de Nanociencia de Aragón.
Un laboratorio de referencia
Esta instalación, un centro de referencia europeo, se dedica a la microscopía electrónica, que explicado de manera esquemática es observar la materia a nivel atómico; con los sofisticados microscopios del laboratorio se estudia la estructura interna de cualquier material, de cara a determinar y definir sus propiedades.
Ibarra comenzó en este proyecto en 2011, fecha de su puesta en marcha. El LMA es una instalación cientificotécnica singular y la financiación aportada por el Gobierno central para llevar a cabo la investigación que se hace en ella está garantizada hasta 2021. A partir de ese año, ya se verá. Ibarra confía en que se pueda negociar un nuevo proyecto porque la actividad del LMA es de primer nivel. Pero es consciente de que la financiación será lo que determine el futuro. El resto de los técnicos que trabajan en el laboratorio son contratados laborales que han ido encadenando contratos.
"Es un sistema perverso –afirma–. El nudo gordiano es la financiación. En España, la investigación se financia por proyectos finalistas, que tienen definido el principio y el final, por lo que la normativa aboca los investigadores y a los técnicos vinculados a proyectos de investigación a ser contratados laborales y a encadenar contratos, con lo que estás condenado a tener un trabajo temporal y en precario toda tu vida". Por eso, la insistente reivindicación del personal investigador y de los técnicos vinculados a esos proyectos es una financiación estable que permita contratos indefinidos o fijos.
