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Los obispos de Barbastro y Lérida declararán en el primer juicio civil entre dos diócesis

La vista oral empieza el jueves por la propiedad de los bienes y la devolución inmediata.

El Obispado de Lérida se opone a traducir al castellano los documentos del juicio de los bienes de Aragón.
El obispo de Lérida, Salvador Giménez.
Rafael Gobantes

Casi 25 años después del decreto vaticano ‘Ilerdensis-Barbastrensis de finium mutatione’, de modificación de los límites diocesanos, los obispos de Barbastro-Monzón y Lérida se enfrentarán esta semana en un juicio civil, por la demanda del primero contra el segundo, para resolver el capítulo pendiente de esa segregación: la posesión de 111 obras de arte retenidas en el Museo Diocesano de Lérida pese a ser propiedad de las parroquias orientales. Unas piezas de valor histórico, artístico y sentimental, pero también material.

El informe de tasación aportado por el Museo, que firma su conservador Albert Velasco, les da un precio de mercado de más de 8 millones de euros, cuantía que no ha cuestionado la otra parte. Hay muebles, cuadros, tejidos, esculturas, piezas de orfebrería, tablas o libros, datadas entre el siglo XIII y XX. Entre las más valiosas están los frontales de Treserra (1.200.000 €) y Buira (900.000 €); los retablos de San Antonio (600.000) o Santaliestra (600.000); la tabla de San Martín de Lascuarre (350.000) o la Virgen de Zaidín (500.000)).

La vista oral empieza el jueves, 16 de mayo, en el juzgado número 1 de Barbastro con la comparecencia de los dos prelados: el aragonés, Ángel Pérez, como parte demandante; y el catalán Salvador Giménez como demandado. La diócesis de este ha confirmado que “por supuesto que irá, ya que está llamado por el juez”.

Según fuentes jurídicas, no hay constancia en la historia reciente de España de que dos obispos hayan litigado en la jurisdicción civil para resolver sus diferencias. “No hay precedente de esta envergadura”, han comentado.

Los dos han declinado hacer declaraciones previas al juicio, pero sí han hablado sus abogados. El de la diócesis de Barbastro, Joaquín Guerrero, intenta dar normalidad al proceso y dejarlo al margen de “elementos ajenos”, en alusión a la política. “El obispo intentó una conciliación para evitar el juicio”, recuerda. “No es una lucha entre dos Comunidades, ni entre gobiernos, aunque haya aparecido a última hora la Generalitat (a pocos días del juicio ha pedido personarse). Ha tenido tiempo para hacerlo, desde febrero de 2018. No entiendo por qué ahora”, dice. El letrado pone el énfasis en que acciones reivindicatorias de la propiedad como esta son muy ordinarias en los tribunales, aunque reconoce “la peculiaridad” de la reclamación de un obispado contra otro.

Guerrero llega al juicio con grandes bazas, en formas de sentencias de tribunales eclesiásticos y ordinarios. Pero también sacará a relucir los acuerdos rubricados ante la Nunciatura, en 2008 y 2010, por Lérida comprometiéndose a devolver las obras de arte en 30 días. “Desde 2005, ha habido decenas de procedimientos y ninguna resolución contraria a Barbastro”, señala Guerrero, que además aportará cartas de reconocimiento explícito de la propiedad remitidas por Giménez. Este llegó a admitir, en el acto de conciliación, que los bienes no eran suyos, pero justificó que el depositario, el Museo de Lérida, no les dejaba devolverlos. Desde entonces la estrategia cambió y en la vista la diócesis catalana reivindicará la propiedad de 83 de las 111 obras en litigio.

Uno de los nombres que más se oirá en la sala es el de Josep Messeger, obispo entre 1889 y 1905, que a través de supuestas donaciones o compras a párrocos adquirió la mayor parte de la colección. Unos intercambios que, según la parte aragonesa, no caben en el derecho canónico, ya que consideran inconcebible que un obispo le compre un bien a un párroco.

El obispado de Lérida también se ha pronunciado a través de su abogado, Javier Gonzalo, dejando claro que “estamos ante un tribunal ordinario civil, una reclamación fuera de la Iglesia”. “Ante la demanda, este obispo ha hecho lo que otros no hicieron: reconocer que Barbastro tiene razón en una treintena de obras, pero en cuanto al resto ha decidido defenderse con la Constitución en la mano. El juez decidirá”, señala.

Gonzalo pone el énfasis en que hizo todo lo que estaba en su mano “por ejecutar lo que sus superiores le ordenaban, pero hemos topado con el consorcio del Museo, que no le permite disponer de los bienes y donde solo tiene un 5% de participación”. Respecto a las 28 en las que ya se ha reconocido la propiedad aragonesa, dice que “no están en discusión, ya se las puede llevar Barbastro”.

Si en algo coinciden los dos abogados es en la inoportuna petición de la Generalitat y en mantener una línea de defensa “serena y apartada de la política”.

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