La disminución en este curso del número de casos de posible acoso escolar que han sido denunciados en Aragón no debe hacer que ni las instituciones ni la comunidad escolar bajen la guardia. Este es un problema grave, que está enquistado y del que apenas una parte sale a la superficie. Se han dado pasos importantes en nuestra región en los últimos años para abordarlo, pero estamos muy lejos de tenerlo controlado. Y el acoso puede dejar secuelas muy graves.

Ayer se conmemoró el Día Mundial contra el Acoso Escolar, un problema que muchas personas han sufrido, pero que solo recientemente ha empezado a preocupar a la sociedad y a formar parte del debate público y de la actuación institucional. El acoso en los colegios e institutos no puede despacharse con la idea de que se trata de ‘cosas de críos’. Puede causar daños psicológicos que en más de una ocasión han conducido a desenlaces trágicos; y las secuelas, en muchos casos, acompañarán a la víctima en su vida adulta. Hablamos, por lo tanto, de una cuestión grave, tanto más por cuanto es todavía muy difícil conocer su verdadera extensión -algunos estudios calculan que la mitad de los escolares españoles ha sufrido alguna vez actos de violencia o de humillación por parte de sus compañeros- y conseguir que los casos concretos se planteen abiertamente ante las instancias adecuadas.

En Aragón se han dado pasos significativos en la buena dirección: en 2016 se puso en marcha un teléfono de atención y en octubre del año pasado el Gobierno autonómico aprobó un protocolo de actuación que, entre otros aspectos, requiere que, ante una denuncia, los centros tomen las primeras medidas cautelares en el plazo de dos días. Pero hay que seguir avanzando, sobre todo por el camino de la prevención, que exige también investigar los orígenes de un fenómeno perturbador. Los colegios e institutos deben ser para todos los niños y jóvenes lugares de convivencia con respeto y en libertad.