El pasado 10 de abril, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el modelo de contrato homologado para la compraventa de uva de vinificación. Un contrato, al que, en breve, se sumará un estudio de índice de precios y de costes, con el que se pretende ayudar a que no solo se cumplan los pagos, sino también se establezcan unos precios justos. Este, como han reconocido las organizaciones agrarias, supone un apoyo a los viticultores profesionales. “Será una garantía a la hora de negociar incumplimientos y poder acudir a instancias como a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), un organismo autónomo adscrito al ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”, señalan desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en una nota de prensa.

A pesar de la “buena noticia —como reconoce el presidente de Asaja Huesca, Fernando Luna—, que es, puesto que un contrato siempre es positivo”, el representante de la organización recuerda que “estos contratos deben ser siempre lo más sencillos y específicos posible, puesto que si no en muchos casos es fácil que se pueda incumplir”. Y es que “un contrato está para cumplirlo —apunta Luna—, no para que una vez hecha la ley, esté hecha la trampa”.

Además, anota que este tipo de contratos, que se suman a los que ya existen en otros sectores, esta vez “solo sirve para aquellos casos en los que el productor y el transformador son distintos”, puesto que en el sector vitícola, en muchas ocasiones, se trata del mismo, es decir, que el que planta la uva es la misma persona que lo convierte en vino. Igualmente, añade: “en cualquier caso, siempre hay que valorar la fiabilidad de las empresas, ya que aunque haya un contrato se deben tomar precauciones”, dado que no todos los cultivos pueden contar con un contrato. “Cada producto es un mundo, y en algunos, por ejemplo, la climatología sufrida hace que varíe su precio”. 

Así las cosas, Luna pide que se inviertan los esfuerzos de la Administración en que esta dirija los cultivos: “Nosotros no pedimos que se regulen los precios, sino el mercado. Si el mercado estuviese ordenado, no se tendrías que regular los precios, sino que esta regulación se produciría sola”. Así, el presidente de Asaja Huesca explica que si desde los distintos organismos se estudiase las necesidades futuras de cada cultivo, teniendo en cuenta tanto el mercado interno como el externo, y se organizasen las zonas productoras, no habría excedentes y los agricultores podrían tener unos precios justos, acordes a sus costes de producción.

De la misma forma, cree que los trabajos siempre deben estar destinados a que un aumento de la cantidad del producto debe estar acompañado por un mantenimiento o mejora de la calidad y nunca anteponer lo primero a lo segundo. “Si se pierde la calidad y encima hay una superproducción, los precios se desploman”, afirma Luna. “Por eso, es importante que la Administración dirija los cultivos” y sea quien exponga las oportunidades y las debilidades de cada producto, con el objetivo de encontrar un equilibrio que no provocase las caídas de precios que vivimos.

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