El 45% de los alrededor de 680 empleados sociales de las comarcas de Aragón son temporales y las desigualdades salariales de las distintas categorías profesionales van desde los 500 euros brutos hasta más de 1.000. Además, el 42% de los centros de servicios sociales de las entidades no cumplen el decreto del Gobierno aragonés 2016 en el que se regula su ratio de personal, organización y funcionamiento.

Son las tres principales conclusiones de un estudio elaborado por la plataforma en defensa del sistema público de los servicios sociales generales comarcales de la Comunidad a la que se han adherido 400 trabajadores. Ante estas cifras, la agrupación reivindica "más estabilidad laboral, hay gente que lleva desde 8 a 25 años como temporales, la equiparación de los sueldos y el cumplimiento de la norma vigente", resume Carlota Martín, una de las portavoces de la plataforma y directora de Servicios Sociales de la comarca Ribera Alta del Ebro.

La agrupación cuenta con el respaldo de los colegios de trabajadores sociales, educadores sociales y sociólogos, tres de los perfiles de los equipos multidisciplinares existentes en este campo. También forman parte de ella auxiliares de ayuda a domicilio (el colectivo más numeroso), auxiliares administrativos, conductores del Servicio de Transporte Social Adaptado (programa Iseal) y directores y coordinadores.

La plataforma surgió en mayo del año pasado, pero es ahora cuando se ha dado a conocer. El informe a partir del que plantean sus reclamaciones se basa en una encuesta en la que han participado 26 de las 33 comarcas, sin tener en cuenta la Comarca Central, cuya ley de creación aprobaron a finales de mayo las Cortes de Aragón.

La mayor diferencia salarial de 1.182 euros mensuales brutos se produce en los educadores sociales. En unas comarcas llegan a cobrar 2.457 euros brutos y en otras 1.275. La disparidad de sueldo en los trabajadores sociales alcanza los 1.081 euros, en los directores y coordinadores los 989, entre los auxiliares de ayuda a domicilio los 549 y entre los auxiliares administrativos los 546 euros.

En cuanto a su situación laboral, solo 4 (0,59%) son funcionarios y 188 (27,65%) fijos. Por lo demás, 178 (26,18%) tienen un contrato de personal indefinido no fijo y 310 (45,58%) son temporales.

"El problema no es solo una cuestión de subida de sueldo, sino que con estas desigualdades hay continuos movimientos de personal de unos sitios a otros. Todo el mundo tiene derecho a intentar tener las mejores condiciones económicas. En última instancia el perjudicado es el usuario, que tiene que cambiar de persona de referencia y muchas veces son casos donde la confianza juega un papel importante", subraya Sandra Arauz, otra de las portavoces de la plataforma y directora de los Servicios Sociales de la comarca Ribera Baja del Ebro.

Estado de las instalaciones

El decreto de 184/2016 de 20 de diciembre establece las ratios de personal de la estructura básica en función de los vecinos a atender. Así, por ejemplo, en las comarcas con población entre 5.001 y 10.000 habitantes se fija un director técnico, un trabajador social por cada 3.500 posibles usuarios, un educador y una persona de apoyo administrativo.

De las 26 comarcas incluidas en el estudio, 11 (42,31%) no cumplen esta normativa y 15 (57,69%) sí lo hacen. "Faltan directores en algunas, y en otros no tienen educadores suficientes", señala Martín. Así, en 12 de ellas hay coordinadores, en 4 directores, en dos otra figura que hace sus funciones y en 8 carecen de un profesional que cumpla esta labor.

Arauz también evidencia que mientras en unas comarcas estos servicios cuentan "con unas instalaciones nuevas y adecuadas", en otras los profesionales tienen que desarrollar su labor "en despachos sin internet, ni calefacción y ni aire acondicionado". "Muchas salas son sitios diáfanos en los que el usuario no tienen ningún tipo de privacidad", se queja.

Representantes de la plataforma han mantenido ya dos reuniones con responsables del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y han trasladado sus demandas a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp). También han abordado sus reclamaciones con las organizaciones sindicales.

"En nuestro día a día también sufrimos agresiones"

Aunque no hay una estadística, ni los casos suelen llegar a los medios de comunicación, los trabajadores de los servicios sociales comarcales, de los que un 90% son mujeres, "también sufren agresiones". Es lo que denuncian Sandra Arauz y Carlota Martín, trabajadoras sociales y portavoces de la plataforma de los servicios sociales comarcales. Saben bien de lo que hablan. Ambas son directoras, Arauz en la comarca de la Ribera Baja y Martín, en la Ribera Alta. "En algunos casos tratamos temas muy delicados y hemos tenido casos de amenazas, insultos y pinchazos en las ruedas de los coches", pone como ejemplos Carlota Martín. En octubre del año pasado tres trabajadores del centro de servicios sociales del Bajo Aragón-Caspe recibieron graves amenazas de un vecino al que la DGA le había retirado la custodia de sus hijos.

Martín lamenta también el "acoso" que está sufriendo algunos compañeros en algunos centros por la negativas de las entidades supramunicipales al cambio de nomenclatura de coordinador de servicios sociales a director, tal como se estipula en el decreto de 2016.

Un reconocimiento a los que apuestan por una sociedad mejor