Inmigración.Un colectivo instalado en la precariedad y situado en el ojo del huracán

En un contexto de brotes reaccionarios y antiliberales en el mundo, era inevitable que la inmigración fuera uno de los protagonistas de la campaña para las elecciones electorales. En España, los programas electorales de los cinco principales partidos dibujan una brecha clara entre los dos más conservadores, el PP y Vox, y los dos más progresistas, el PSOE y Podemos. Mientras, Ciudadanos mantiene en este apartado una cierta postura de perfil.

En nuestro país, el mencionado marco tiene un ingrediente extra: España es desde hace unos meses la principal puerta de entrada de la inmigración ilegal en Europa. En 2018 recibimos alrededor de 57.000 migrantes, una cifra ligeramente superior a la que accedió al continente por el Mediterráneo Este (Siria, Iraq, etc.) y el doble de la que llegó a Europa por el Mediterráneo Central (Libia, Túnez, etc.). El actual volumen migratorio se sitúa en todo caso muy lejos de lo que por ejemplo experimentó recientemente Grecia, país que tuvo que alojar a más de 800.000 inmigrantes solo en el año 2015.

En Aragón había el año pasado más de 141.000 extranjeros, una cifra que ha sufrido grandes vaivenes en los últimos años. En la década pasada hubo un crecimiento exponencial, desde los 44.000 que había en la comunidad en 2002 hasta los casi 170.000 ocho años más tarde. Pero la crisis hizo regresar a sus países de origen a muchos de los inmigrantes residentes aquí, lo que hizo que el número de foráneos cayese hasta los 140.000 en 2017. El pasado año se produjo un cambio de tendencia y aumentó el flujo de llegada de extranjeros.

Por nacionalidades, más de la mitad (76.514) según datos del INE pertenecen a países de la UE. Del resto, el mayor contingente proviene de África (29.615) y, después, de Sudamérica (13.590).

Aunque como es lógico no es un colectivo uniforme, las organizaciones sociales llevan años alertando de la precariedad que afronta la inmigración en España, un fenómeno del que Aragón no escapa. El año pasado, un informe del Ayuntamiento de Zaragoza determinó que los extranjeros perciben en la capital aragonesa un salario medio anual que es un tercio inferior al de los nacionales: 15.380 euros de media frente a 22.862 euros. A esto se une que soportan 11,8 puntos más de paro. Mientras, otro indicador de las dificultades que padecen es que la población extranjera solicitó la mitad de las ayudas que llegaron a los servicios sociales.

Al colectivo de inmigrantes se une el de solicitantes de asilo y refugio, también en el centro del debate en los últimos años. En Aragón, son varias las asociaciones que tramitan las peticiones. Una de ellas es la Fundación Cepaim; en su caso, desde 2015 ha dado curso a 1.540 solicitudes de asilo, con un crecimiento exponencial: si en 2015 fueron 39, un año más tarde pasaron a 153, a 517 en 2017 y a 831 el año pasado. Por nacionalidades, los sirios son de forma destacada quienes más peticiones de refugio formulan (347 en total), seguidos de venezolanos (298) –un colectivo que aumenta con fuerza– y ucranianos (129). Por desgracia, la tramitación de estas solicitudes suele constituir un tormento burocrático y, además, fuera del caso de los provenientes de Siria –a causa de la guerra–, lo más habitual que es la petición reciba un ‘no’ por respuesta.

Hay que recordar que entidades como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han apuntado que la inmigración es uno de los factores que "amortiguan" la despoblación, uno de los grandes dilemas que afronta en la actualidad Aragón.

Los programas de los partidos transmiten con claridad cuál es la posición de cada uno frente a la inmigración. El PP y Vox, por ejemplo, ponen el foco en endurecer las barreras de entrada al país, mientras que el PSOE y Podemos son menos concretos y miran con mejores ojos este fenómeno.

"Es importante ayudar a quienes el Estado social no llega a proteger"

Creemos que hay cosas muy importantes, como la educación o la sanidad, pero también entendemos que ayudar a aquellos a quienes el Estado social no llega a proteger, que es nuestro papel, es también muy importante". Pilar Bernadó es la coordinadora en Aragón de la Fundación Cepaim, que tiene principalmente en dos líneas de trabajo: una con los migrantes que llegan en patera al CETI de Melilla y otra con la tramitación de las solicitudes de asilo y refugio que se dan en Aragón.

Ante un panorama electoral en el que han surgido partidos como Vox, que abogan por endurecer las condiciones para los foráneos, Bernadó admite que "el futuro es incierto". El único alivio es que, de darse un pacto como el de Andalucía, en el que la formación de extrema derecha tuvo la llave de gobierno, "el panorama no cambiaría de un modo inmediato, porque los programas del año próximo están casi garantizados". "Pero efectivamente tendríamos un país... diferente –continúa diplomática la responsable de Cepaim–. No solo en inmigración, sino en muchos otros derechos".

"¿Qué pediríamos a los partidos? Un mayor compromiso con las entidades del tercer sector. Que no se olviden de nosotros", resume Bernadó, quien sí quiere reconocer la "suerte" que han tenido con la actual administración autonómica aragonesa.

Bernadó pone el énfasis en la "precaria" situación por la que atraviesan en España los inmigrantes irregulares y los solicitantes de asilo y refugio. Unas peticiones, por cierto, que en el caso de Cepaim han sido todas denegatorias, salvo el caso de un palestino. Teniendo en cuenta, eso sí, que los sirios que lo piden –el mayor colectivo en solicitudes de asilo– son automáticamente aceptados porque debido a la guerra entran en la catalogación de protección internacional subsidiaria.

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