Elecciones 28-A
Educación. Un pacto nacional lejos de las pugnas electorales que proporcione por fin estabilidad
El gran acuerdo por la enseñanza en España siempre está encima de la mesa ante unos comicios, aunque parece herido de muerte. Es un recurrente campo de división política y social y la posibilidad de que alguna vez salga adelante se mira con algo de escepticismo.
Desde 1970, momento en el que entró en vigor la Ley General de Educación con Franco, y vigente durante los primeros años de democracia, se han sucedido en España hasta siete diferentes leyes orgánicas educativas (dos con UCD, cuatro con el PSOE y dos con el PP). Aunque el enfrentamiento en materia de educación es muy fuerte, la sociedad demanda desde hace tiempo un acuerdo que proporcione un marco jurídico estable y duradero.
En las últimas legislaturas se han sucedido dos posibles pactos que acabaron muriendo en el intento. El ministro socialista Ángel Gabilondo con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero estuvo cerca de conseguirlo y, más recientemente, tampoco lo logró durante su mandato el popular Íñigo Méndez de Vigo con Mariano Rajoy como presidente. Más allá de los motivos que puedan haber argüido las fuerzas que abandonaron las negociaciones, parece evidente que la educación en España es rehén de las luchas partidistas. El peso de la religión o las lenguas propias también enconan los debates y restringen espacio o otros elementos de mayor repercusión.
¿Las formaciones políticas no pueden dejar de lado sus cálculos electorales y apriorismos ideológicos? Es lo que se preguntan muchos ciudadanos a pie de calle. Reducir al mínimo las diferencias curriculares entre las comunidades autónoma (aunque ya hay un currículo básico común que regula el Estado), garantizar una inversión anual que sitúe a España en la media europea y paliar las diferencias territoriales, mejorar las competencias profesionales y reducir el fracaso escolar son preocupaciones que padres y profesores suelen compartir.
El ejemplo aragonés
Jesús Garcés, presidente del Consejo Escolar de Aragón (órgano consultivo en el que están representados los diferentes agentes), pone como ejemplo de que un pacto social por la Educación es posible el documento de mínimos aprobado a finales de esta legislatura en la Comunidad con la unanimidad de las siete fuerzas políticas con representación parlamentaria. Aunque parezca poco ambicioso e insuficiente, las formaciones aragonesas han cerrado filas en torno a él y han valorado que han sido capaces de llegar a un consenso dejando de lado aquello que los desune. En su opinión, este «modelo de trabajo» puede trasladarse a nivel nacional y aunque tiene claro que existen «determinados aspectos» en los que resulta misión imposible una conciliación hay «alrededor de un 70% de cuestiones» en los que sí.
Acerca de las tergiversaciones históricas del secesionismo catalán en los libros de texto escolares, que se detectan cada cierto tiempo y saltan a la opinión pública, Garcés recuerda que cada centro tiene «autonomía» a la vez que aboga por una mayor actuación de la Alta Inspección Educativa del Estado.
Continuidad y tiempo
«Lo que se precisa es un pacto que nos dé estabilidad para aplicar los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera adecuada. Se necesita tiempo para que el proceso de la enseñanza se adecue a los nuevos tiempos », reclama Eva Bajén, directora del instituto de Ejea de los Caballeros, en el que lleva desde 1992, y en estos momentos presidenta de la Asociación de Directores de Secundaria de Zaragoza. Para los docentes reivindica una reducción de la carga lectiva que favorecería la disposición de horas para formación.
Estabilidad también demanda Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. «Nuestra manera de enseñar y nuestra oferta educativa se tienen que adaptar al perfil de los alumnos que nos van llegando. También es importante una buena orientación para que baje la tasa de abandono», dice. Uno de los cambios que se tuvo que afrontar fue el paso de la antigua selectividad a la hoy Evau.
"Lo fundamental es garantizar la financiación"
«Cualquier normativa está cargada de buenas intenciones, pero si no va acompañada de unas medidas presupuestarias se queda en el papel, por muy ambiciosa que pueda parecer. Lo fundamental es garantizar la financiación y un mínimo del Producto Interior Bruto. Hay muchos programas que aparecen y desaparecen en función del dinero que hay en cada momento».
Juan Antonio Rodríguez, ‘Gigi’, director del multipremiado colegio Ramón y Cajal de Alpartir, es contundente. Aunque natural de Granada lleva dos décadas en Aragón y una en Alpartir, donde es director del centro desde hace cuatro años. También es uno de los impulsores y presidente de la recién constituida Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón.
Práctico y con la vista puesta en los alumnos, opina que las leyes orgánicas influyen sobre todo «en la organización del centro, en la carga lectiva y la carga burocrática de unos colegios» que, asegura, están sometidos a «una política de rendición de cuentas por la que todo lo que se hace tiene que estar evaluado». «En el día a día, en el aula, no condiciona tanto, hay maestros que lo seguirán haciendo igual de bien o de mal venga la reforma educativa que sea».
Algunos de los debates que centran la actualidad, como si educación para la ciudadanía sí o no, le parecen estériles cuando «el trabajo en valores ya se está haciendo». La auténtica preocupación es «que no haya especialistas ni recursos para atender a los niños con necesidades específicas de apoyo educativo».
Más allá de las diferencias curriculares, defiende una «mayor autonomía para los centros» para desarrollar proyectos que «permitan trabajar las competencias que los alumnos tienen que adquirir» sin necesidad de agarrarse siempre a los libros de texto y a los contenidos puros y duros. Reclama una «mayor sensibilidad» a las características de cada territorio y a esa escuela rural que «es un nicho de innovación» porque, ante la falta de medios, tiene que estar siempre «buscándose la vida».
Propuestas de los partidos políticos
PARTIDO POPULAR. Eliminar las zonas de escolarización y ampliar el Bachillerato concertado. Para garantizar la libertad de las familias en el modelo de escuela, el PP plantea eliminar las zonas de escolarización donde existan, Además, contempla ampliar a todas las comunidades la educación concertada al Bachillerato y la FP clásica, reforzar el estudio de humanidades (Filosofía) y la Alta Inspección del Estado e implantar pruebas académicas al final de cada etapa.
PARTIDO SOCIALISTA. Una inversión en educación y becas que llegue al 5% del PIB y una nueva ley. El PSOE propone impulsar un pacto por la Educación para que la inversión en esta materia y en becas llegue al 5% del PIB en 2025. Asimismo aboga por una nueva ley educativa que incluya como enfoques transversales desarrollo sostenible, capacidades digitales e igualdad de género; por mejorar el sistema de becas y por impulsar un plan contra el abandono y el fracaso escolar.
PODEMOS. Gratuidad de libros y comedor y alcanzar una inversión del 5,6% del PIB. Para Podemos es una prioridad que la inversión llegue al 5,6 % en 2023, con una financiación suficiente de las comunidades autónomas. Asimismo plantea garantizar la gratuidad de la educación obligatoria, incluyendo libros, material escolar y comedor. Quiere acabar con las «cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada» y formular una nueva ley de educación.
CIUDADANOS. Una asignatura sobre la Constitución y reforzar la Alta Inspección Educativa. Una nueva asignatura troncal sobre la Constitución Española es una de las propuestas en las que más insiste Ciudadanos. Además, se compromete a reforzar la Alta Inspección del Estado para «acabar con el adoctrinamiento en las aulas» y para lo que incrementará su dotación económica. Defiende una selectividad única para toda España.
VOX. Garantizar el derecho a ser educado en español y crear un cheque escolar. Vox promete garantizar la educación en español en todo el territorio nacional y que los padres puedan elegir la lengua de escolarización de sus hijos. Asimismo quiere implantar el sistema de cheque escolar para elegir el colegio que se quiera, exámenes de control a nivel nacional al final de cada etapa y la autorización de los progenitores para contenidos de valores éticos o sexuales.
