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Fomento dispara la contratación en ocho meses y sitúa a Aragón como quinta autonomía del país

Las licitaciones que dejó en marcha el PP permiten que las adjudicaciones repunten hasta los 122 millones con el PSOE

La adjudicación de obras del Ministerio de Fomento se disparó con la llegada del ministro José Luis Ábalos, que en sus primeros ocho meses de mandato situó a Aragón como la quinta autonomía del país. El mérito no solo es achacable a la voluntad del responsable socialista, dado que el grueso de los 122 millones que ha contratado corresponde a licitaciones que estaban en marcha con el PP y que no pudo rematar como consecuencia de la moción de censura. De hecho, 97,7 millones se adjudicaron nada más llegar al palacio de la Moncloa, en los meses de junio y julio del año pasado.

Pese a todo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sale bien parado de la comparativa con el de Mariano Rajoy, que puso a la Comunidad en los últimos puestos de la clasificación nacional. En los ocho meses transcurridos entre junio de 2018 y enero de 2019 (el último que consta en la estadística oficial), los encargos de obras de carretera y ferrocarril del Ministerio de Fomento y su grupo de empresas ascendieron a 112,6 millones, un 75% de las contabilizadas durante los 6 años y 5 meses previos de mandato del PP. Con los ministros Ana Pastor e Íñigo de la Serna, las adjudicaciones se limitaron a 163,3 millones.

Este dato solo lo empeoraron autonomías uniprovinciales, Asturias, Cantabria, Navarra y La Rioja, que tienen mucho menos territorio que Aragón, además de Castilla-La Mancha.

El ritmo inversor se ha invertido desde el pasado verano, hasta el punto de situarse a la cabeza, solo superada por las autonomías que fagocitan la inversión pública como consecuencia de las grandes infraestructuras que tienen en marcha, especialmente de alta velocidad: Andalucía, País Vasco, Cantabria y Galicia.

Si durante el mandato del PP Aragón logró adjudicaciones de carretera que sumaban el 1,64% del total, 9.937 millones, incluida la inversión no regionalizada, con el PSOE se ha multiplicado hasta representar el 6,79% del montante de todas las adjudicaciones del país en sus primeros ocho meses de mandato.

El récord de la década

Incluso se triplica el peso de la Comunidad respecto al Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando el volumen de las inversiones que se pusieron en marcha ascendieron a 731 millones y ocupaba la novena posición de la clasificación autonómica. Entonces, entre 2008 y 2011, las adjudicaciones del Ministerio de Fomento y su grupo de empresas en Aragón representaban el 2,77% del total.

La actuación de mayor calado que se ha puesto en marcha con el actual ministro es el tramo pendiente de la A-22, entre Huesca y Siétamo, encargada a la unión temporal de empresas formada por la constructora aragonesa Vidal y la catalana Copcisa por un importe de 46,7 millones.

Aunque las ofertas ya se conocían en enero de 2018, el contrato no se formalizó con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta medio año después, en julio, reactivando así la conclusión de los últimos 12,8 kilómetros de una autovía que se estrenó entre Huesca y Lérida hace ya siete años.

Un mes antes, recién aterrizado en Fomento, José Luis Ábalos adjudicó distintas actuaciones en la Comunidad por un importe de 50,9 millones. En ese parque de actuaciones estaba las labores de conservación de las carreteras y autovías del Alto Aragón.

El siguiente hito reseñable en lo que se refiere a contrataciones durante el mandato socialista se produjo en el mes de octubre, con encargos que suman otros 18,8 millones. En este caso, el control y vigilancia de las obras del tramo de la A-21 entre los enlaces de Sigüés y Tiermas y la rehabilitación de firmes de las autovías de Huesca (A-23) y Lérida (A-22) y de la carretera N-211, entre Alcolea y Monreal del Campo.

Pese a todo, la ejecución de las infraestructuras pendientes sigue padeciendo la misma lentitud. Para hacerse una idea, solo en el último año se llegaron a ejecutar 56 de los 155 millones de euros presupuestados por parte de todas las sociedades estatales, copando el incumplimiento la empresa que debe impulsar las obras del ferrocarril de Teruel, el ADIF. A estas partidas hay que sumar los más de 93 millones que el Ministerio de Fomento tampoco destinó a la mejora y ampliación de la red viaria nacional.

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