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Aragón

Casi 17.000 aragoneses trabajan a tiempo parcial para poder cuidar a sus familiares

Los principales motivos son la falta de atenciones adecuadas y el coste de los servicios.

Más de 11.200 aragoneses reciben prestaciones vinculadas al cuidado de familiares.
Casi 17.000 aragoneses trabajan a tiempo parcial para atender a familiares dependientes.
Guillermo Mestre

Ajustar el horario laboral para cuidar a un familiar dependiente es una opción cada vez más recurrente. Casi 17.000 aragoneses trabajan a tiempo parcial  para atender a familiares dependientes, ya sean mayores, niños, enfermos o personas discapacitadas.

A finales de 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), eran 16.900 vecinos de la Comunidad, mayoritariamente mujeres, los que habían decidido reducir su jornada profesional para hacerse cargo de personas con algún tipo de dolencia o minusvalía. Una cifra que también engloba a los progenitores que recortan su tiempo de trabajo para atender a sus hijos. Este número supone un incremento del 37,4% respecto a 2017, cuando en esta situación se encontraban 12.300 personas.

Esta tendencia al alza, la mayor de la década, se ha dejado sentir, aunque no por igual, en todas las comunidades. En España se ha disparado un 28,8% y a él se han acogido 360.000 trabajadores, de ellos un 96,2% mujeres. Sigue siendo una alternativa cargada en la mochila de las mujeres.

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Aragón es la tercera región en la que más ha aumentado este colectivo por detrás de Cataluña, donde han subido de 47.100 en 2017 a 66.100 el año pasado (un 40,3%) e Islas Baleares (de 6.800 a 9.500, un 39,7% más).

¿Qué lleva a dar este paso de ejercer la labor de cuidadores? Según el estudio del INE, más de la mitad de las mujeres, el 56,8%, lo hicieron porque consideraban que no hay servicios adecuados o porque no podían costearlos con su nivel de ingresos, tanto las guarderías como las residencias.

Recursos para la conciliación

Unas cifras que confirma desde su experiencia Marta Sánchez, responsable del proyecto ‘Atención a personas cuidadoras’ de Cruz Roja y psicóloga clínica que trata principalmente con los que cuidan a enfermos y mayores. "En muchos casos los motivos son económicos ante la imposibilidad de pagar a un profesional. Otro problema es la falta de recursos públicos con una amplitud de horarios suficiente para conciliar. Los centros de día, por ejemplo, no cierran más tarde de las seis y ¿qué pasa si uno tiene un horario hasta las ocho?", dice.

Aunque hay hombres que asumen este papel, el perfil más habitual de cuidadores que asisten a sus talleres son mujeres, con salarios bajos, de las que un 43% son hijas y un 22% esposas.

Patricia Benito, trabajadora social y empleada de Plena Inclusión Aragón, está volcada en el cuidado de su hijo que este próximo mes de junio cumplirá tres años. El pequeño nació con una enfermedad grave que afecta a sus músculos y que en España solo padecen una decena de niños. Ella decidió seguir trabajando un día a la semana "para no desvincularme de mi profesión", pero el resto del tiempo lo ocupa en su hijo, que aunque intelectualmente tiene un desarrollo normal, necesita ayuda y vigilancia. "Para mí no existe ningún tipo de programa respiro. No me siento capaz de dejarlo con nadie que no sean su padre y su abuelo. Mi vida gira alrededor de sus necesidades, pero por un hijo se hace todo", relata Patricia. Cuando tenga 4 años espera escolarizarlo en un centro especial. "Los niños que hay como él en España solo van a la escuela tres horas tres días a la semana, por lo que no sabemos cómo va a funcionar", explica.

En el "limbo" de la dependencia

La gestión de la Ley de Dependencia ha crecido a buen ritmo en los últimos tres años en la Comunidad aragonesa, pero hay personas que continúan en lo que los expertos llaman o conocen como el "limbo de la dependencia". Son aquellas que pese a tener reconocida la ayuda que les corresponde, no la perciben todavía por parte de la Administración.

Un total de 36.145 aragoneses recibían a finales de febrero ayudas a la dependencia, 16.767 más que hace tres años, a principios de legislatura. Sin embargo, otras 6.361 personas llevan meses e incluso años esperando cobrar la prestación que tienen concedida.

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