La reforma de la PAC no deja de dar titulares. Inmersos en los trámites para solicitar los pagos que llegan desde Bruselas, los agricultores y ganaderos no ganan para sobresaltos. El último llegaba hace apenas unos días cuando el ministro de Agricultura, Luis Planas, reconocía que era "muy previsiblE" que la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC) sufriera un retraso de "al menos un año". Lo aseguraba a su llegada a un Consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea, donde también detallaba que esta situación está motivada por celebración de elecciones al Parlamento Europeo y el retraso que están sufriendo las negociaciones sobre los presupuestos comunitarios, "por lo que todas las partidas, incluida la PAC están en aire", como dijo entonces el ministro.

Sin embargo, el anuncio no ha provocado intranquilidad en el Ministerio, que piensa que lo importante y decisivo es que se consiga un buen acuerdo en el que España no pierda ni un euro de sus actuales fondos. Así lo reconocían tan solo unos días después del anuncio el propio ministro en Zaragoza, a donde viajó para realizar una visita a la Feria Internacional para la Producción Animal (Figan), donde lanzó un mensaje a la tranquilidad para todos los perceptores. Aseguró que no hay motivos para la preocupación porque si se produjera con retraso o sin él, los agricultores mantendráN sus ayudas en los mismos niveles que actualmente tienen.

Y mientras se aclara, ya no como será la nueva PAC, sino cuándo estará preparada para su aplicación, distintos organismos han decidido organizarse para entrar en acción. Hasta un total de 37 organizaciones (producción ecológica, ganaderos y ganaderas en extensivo, ONG ambientales, de cooperación al desarrollo o expertos en nutrición y consumo...) han creado una coalición Por Otra PAC (#PorOtraPac), con la pretenden influir en el diseño de la reforma para que las políticas comunitarias sean «justas y equitativas con las personas que se dedican a la agricultura, la ganadería y con otros habitantes del medio rural», tal y como señalaron sus impulsores en una presentación que abarrotó el lucernario del Ministerio de Agricultura y en la que también participaron altos representantes del Departamento que dirige Luis Planas.

En dicho acto desgranaron los objetivos de su iniciativa, para la que ya han elaborado un documento que recoge una veintena de prioridades, en las que junto con las prácticas agrarias toman mayor protagonismo el medio ambiente, pero también el ciudadano, su alimentación y su salud.

Por eso, entre sus propuestas destacan aquellas que están dirigidas a incentivar a los productores "que conservan el medio ambiente y apuestan por la sostenibilidad, como los que trabajan en Red Natura 2000 o que con sus prácticas han generado sistemas de alto valor natural, importantes para la biodiversidad", recoge el documento. Un argumento con el que esta coalición justifica la necesidad de una nueva PAC que dé la vuelta a la situación actual en la que "la mayor parte de los fondos públicos están destinados a la agricultura industrial, siguiendo un sistema injusto en la distribución de los mismos, por el cual el 80% de las ayudas se destinan al 20% de beneficiarios".

Algunas de sus propuestas suena a las ya reivindicaciones de las organizaciones agrarias que defienden la necesidad de priorizar las ayudas hacia el modelo de agricultura familiar "respetuosa con el medio ambiente y más vinculada al territorio".

Pero su insistencia en la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, se refleja en iniciativas que encaminadas a lo que consideran ayudas "perjudiciales o con efectos secundarios negativos" para los objetivos ambientales y climáticos. Y hablan de unos "subsidios perversos", que definen como aquellos que premian la intensificación agraria.

Quieren además que la PAC tenga beneficios para "toda la ciudadanía" y que incluya medidas que no olviden los intereses ambientales y, muchos menos, la salud pública.

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