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Aragón

Terrorismo

La Delegación del Gobierno no halla en su archivo información del atentado de la GM

La comprometida documentación policial, relativa al asesinato de un vigilante de Opel en 1980, podría haber desaparecido hace años del registro oficial.

Documentos de la Policía Nacional.
Sobre estas líneas, registro de entrada y salida de papeles policiales con el extracto que incluye el atentado del vigilante de la GM, el 2 de mayo de 1980. A la izquierda, una nota diaria de la Policía Nacional similar a las que constan como desaparecidas.
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Las huellas del atentado contra Jesús Argudo, el vigilante jurado de las oficinas de General Motors en Zaragoza que fue asesinado el 2 de mayo de 1980 por un grupo terrorista, fueron borradas probablemente poco después dl suceso. La Delegación del Gobierno de Aragón no ha encontrado en su archivo los informes policiales del atentado terrorista, después de una concienzuda búsqueda junto a los responsables del Archivo Histórico Provincial y en colaboración con la investigación de Jesús Argudo, hijo de la víctima, y HERALDO.

Toda la documentación policial que se generó entre los días 1 y 7 de mayo de 1980 ha desaparecido del archivo del antiguo Gobierno Civil. No se puede consultar el parte diario de novedades que enviaba la Jefatura Superior de Policía de Aragón con todos los sucesos que ocurrían en la capital aragonesa. Las consecuencias de este ocultismo se dejan ver también en el Archivo Histórico Nacional, que ha sido consultado por el hijo de la víctima, quien ha comprobado que no incluye documentación alguna sobre el asesinato de Jesús Argudo.

En el archivo del Gobierno Civil (que se guarda en la Universidad Laboral desde 2013 y se consulta a través del Archivo Histórico Provincial) solo constan los papeles oficiales del registro de entrada con el extracto de todos los documentos policiales que se enviaron. Entró el "oficio" sobre el "asesinato del vigilante jurado Jesús Argudo", con fecha 3 de mayo de 1980, y menciona la empresa donde trabajaba, Prosesa. Pero este documento consta como desaparecido.

En el registro de salida del 13 de mayo de 1980, unos días después del atentado, se menciona que la empresa General Motors ha contratado dos servicios de vigilantes jurado: uno en la oficina de la calle del capitán Portolés (donde tres encapuchados perpetraron el asesinato) y otro en la urbanización Las Abdulas (donde vivía uno de los directivos norteamericanos, que era el objetivo de la banda terrorista).

La desaparición ilegal de la comprometida documentación probaría que había intereses de distina índole para evitar esta investigación e interés en dejar un atentado terrorista en un "ajuste de cuentas", como lo calificó un télex de la agencia Efe publicado la noche del 2 de mayo.

La tesis ocultista, que sostuvo el Gobierno Civil en 1980, fue seguida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, que archivó la investigación a los 20 días del suceso, sin haber recibido el informe de balística de la Policía Nacional (nunca se hizo), clave para encontrar a los autores del crimen.

Estas decisiones oficiales se adoptaron a pesar de que el atentado fue reivindicado por los grupos terroristas FRAP (Frente Revolucionario Antifascista) y FRAVA (Frente Revolucionario Antifascista Vasco Aragonés) en varias llamadas a los diarios ‘El País’ y ‘Aragón Express’. La Audiencia Nacional, sin embargo, solo inició la investigación de los hechos 38 años después del suceso.

La fiscal Carmen Monfort abrió las diligencias con la Guardia Civil en mayo de 2018. Aunque el delito ha prescrito, la fiscal recibió al hijo de la víctima, consideró que es un "caso extraño" y le dijo que tenía todo el derecho a conocer la verdad. Recientemente, la representante del ministerio público amplió el plazo inicial de seis meses para concluir la procelosa investigación, que incluye entrevistas con más de 30 personas.

La colaboración de algunos conocedores de los tres sospechosos del atentado, que estuvieron ligados con la Joven Guardia Roja antes de pasar a la lucha armada, puede alumbrar los "motivos políticos y económicos" que bloquearon la investigación en 1980, según las fuentes consultadas.

Asimismo, la Guardia Civil ha buceado en las pesquisas policiales y judiciales de otros atentados atribuidos también a esta banda terrorista entre los años 1978 y 1980: un atentado en el cuartel de la Policía Local de Zaragoza (fue juzgado por la Audiencia Nacional), un asalto en una oficina de Credit Lyonnais (los documentos policiales también han desaparecido), la muerte de un policía municipal en Madrid o el secuestro de un empresario catalán que liberaron en Candasnos tras pagar un rescate.

Una falsa carta bomba

Entre la escasa documentación relacionada con el atentado que consta en el Archivo Histórico Provincial, se ha localizado el parte diario de la Policía Nacional del 25 de marzo de 1980, que incluye que el director de relaciones de la GM denunció haber recibido una carta sin remite y acudió un equipo de desactivación de explosivos, que comprobó que era una falsa alarma de bomba y solo contenía una muestra de acero.

"La General Motors había contratado a los vigilantes jurados apenas doce días antes del atentado de mi padre", apunta Jesús Argudo. "Además, mi padre tuvo la mala suerte de que cambió el turno con un compañero por un bautizo, porque él trabajaba en Balay. Los terroristas le dispararon en la puerta de la oficina".

Entre los papeles del Gobierno Civil, en la serie de vigilantes jurados, encontraron el historial laboral de Jesús Argudo, que antes de vigilante fue guardia civil. La documentación se la entregaron a su hijo. La delegada del Gobierno, Carmen Sánchez, le recibió el pasado jueves para transmitirle el apoyo de la Administración en su batalla para descubrir la verdad del atentado ocultado durante casi 40 años.

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